La reforma electoral de 2007 modificó la Constitución para incluir el tema de la propaganda gubernamental. El artículo 134, vigente a la fecha, ordena que “la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”. En un artículo transitorio de la Constitución se obligó al Congreso a expedir una ley reglamentaria a más tardar el 30 de abril de 2014.
En su campaña presidencial, Peña prometió que, de ganar, regularía el artículo 134. El priista había sido muy criticado por haber gastado una fortuna como gobernador del Estado de México en la supuesta promoción de su gobierno, que en realidad era propaganda disfrazada a su favor. Para evitar una situación similar, Peña se comprometió a empujar una ley sobre gasto gubernamental en los medios.
En lugar de eso, ya con el control del gobierno federal, se dedicó a gastar una cantidad nunca vista de recursos en propaganda oficial. De acuerdo con Fundar, entre 2013 y 2016, Peña gastó más de 36 mil millones de pesos en este rubro, una cantidad muy superior, en términos reales, a las que erogaron Fox y Calderón. No sólo Peña incumplió su promesa, sino que inyectó como nunca dinero a los medios. Ya sabemos para qué.
Frente a la omisión de la clase política (los legisladores pudieron haber actuado sin esperar una iniciativa del Presidente), Artículo 19 demandó un amparo para obligar al Congreso a legislar en la materia. La asociación, que defiende la libertad de expresión y el acceso a la información, argumenta que tiene un interés legítimo en este asunto fundamental para el pluralismo en una sociedad democrática y que “la falta de regulación en la materia abre un campo de discrecionalidad gubernamental en la asignación del gasto público de la publicidad oficial, lo cual redunda en un medio indirecto de restricción de la libertad de expresión”. Tienen toda la razón.
La demanda llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Le tocó a Arturo Zaldívar elaborar el proyecto de sentencia. Fiel a su filosofía liberal, el ministro argumenta que “la omisión de la autoridad responsable viola la libertad de expresión, de prensa y de información, ya que la ausencia de un marco normativo reglamentario al artículo 134 de la Constitución permite un uso arbitrario y discrecional de la repartición de la publicidad oficial, generando con ello condiciones para que, por un lado, las autoridades utilicen los recursos públicos destinados a dicho fin para beneficiar a los medios de comunicación que son complacientes con aquéllas y, por otro lado, castigar a los medios de comunicación y periodistas críticos, es decir, generando medios indirectos de censura que violentan las libertades de expresión, prensa e información”. Completamente de acuerdo.
El proyecto propone, entonces, obligar al Congreso a discutir y aprobar la ley reglamentaria del artículo 134 constitucional. Según un reporte de Artículo 19, el Poder Legislativo tendría hasta el 30 de abril de 2018 para hacerlo.
Se requieren dos votos más, aparte del de Zaldívar, para aprobar este proyecto de sentencia. Artículo 19 ha conminado a los otros ministros de la Primera Sala de la SCJN —Norma Lucía Piña Hernández, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, y Jorge Mario Pardo Rebolledo— a que voten a favor y se termine “el uso arbitrario del dinero público para controlar a la prensa en México y al mismo tiempo, ampliar los alcances de recursos judiciales para la protección de derechos fundamentales”. Sería, me parece, un primer paso, muy necesario, para comenzar a controlar un fenómeno pernicioso para nuestra democracia liberal. Hay que regular el 134 constitucional. Los ministros deben obligar al Congreso a legislar. Ojalá así lo vote hoy una mayoría de la Primera Sala de la SCJN.
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