Ayer, un juez federal absolvió y decretó la libertad a Elba Esther Gordillo por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero (antes ya había sido absuelta del crimen de defraudación fiscal). La exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) pasó más de cinco años detenida –primero en un penal, después en un hospital y posteriormente en su casa– mientras se llevaba a cabo este proceso judicial. Ganó Gordillo, perdió el gobierno de Enrique Peña Nieto. Perfecto epílogo de un sexenio marcado por la corrupción.
Sobre la absolución de Gordillo subscribo las palabras que escribió ayer Ricardo Raphael, gran conocedor del tema de la corrupción de la maestra, en El Universal:“Por razones políticas se le encarceló y por razones políticas se le está liberando. ¿Y la justicia? Bien, gracias”.
Nuestro colega se refiere a la frustración de haber liberado a un símbolo de la corrupción nacional. De todos era conocido –porque ella no lo ocultaba, sino que lo presumía– la opulencia en la que vivía.
Su enorme riqueza no correspondía al salario que recibía ni como maestra ni como líder sindical. Tenía propiedades en los barrios más exclusivos de México y Estados Unidos. Compraba en las tiendas de mayor lujo del mundo. Vestía con elegantes ropas y costosas alhajas. Enviaba ostentosos regalos. Viajaba en aviones privados. En suma, vivía como un marajá.
Elba Esther se había convertido en sinónimo de “corrupción”. De líderes que, por un lado, gobernaban con mano férrea a sus sindicatos y, por el otro, se enriquecían personalmente a costa de los trabajadores que supuestamente representaban.
Además, en el caso de Gordillo, a diferencia de otros dirigentes sindicales, se le subió el poder a la cabeza. Efectivamente, cayó porque el gobierno tenía que sacudírsela para sacar adelante su Reforma Educativa. Pero también por la hubrisde Elba. Por haber comenzado a sentirse como una diosa. Por una insoportable mezcla de desmesura, orgullo, soberbia y arrogancia.
La maestra no escondía su escandalosa riqueza.
Carecía de sentido de la prudencia, de la mesura. Mientras que sus agremiados ganaban un promedio de diez mil pesos al mes, Elba Esther cargaba una bolsa que valía treinta veces eso. Creía que nadie se atrevería a encarcelarla por enriquecimiento inexplicable o malversación de fondos.
Después de su detención, el entonces subprocurador federal, Alfredo Castillo, me explicó las presuntas operaciones de lavado de dinero de la maestra.
La extrema simpleza, llena de soberbia, de cómo movía los recursos de sus agremiados como si fueran de ella: de la cuenta del SNTE movía dinero a una cuenta de una persona que luego pagaba la tarjeta de crédito de Elba Esther en la exclusiva tienda Neiman Marcus. Así de burdo. Hubris pura y dura.
Y con esa actitud negociaba con los distintos partidos. Todos competían por su apoyo. Ella cobraba caro su amor. Este poder la cegó. Tan alto se sentía que se atrevió a criticar, de manera dura y grosera, a Peña después de que éste había ganado la elección presidencial. El nuevo Presidente nunca lo olvidó. En la ceremonia de toma de posesión la sentaron en un lugar lejano.
Peña, además, nombró a un archirrival suyo como secretario de Educación (Emilio Chuayffet). A Elba se le olvidó que, en el manual político de Atlacomulco, ningún político puede presumir tener más poder que el Presidente.
Al detenerla, el gobierno de Peña la regresó de golpe a la Tierra. De un avión privado la enviaron a Santa Marta Acatitla. Pero las acusaciones que armó la Procuraduría General de la República resultaron endebles. Al final, cinco años después, un juez la absolvió.
Se trata de un duro golpe para aquellos que pensamos que los corruptos deben acabar en la cárcel como una medida para combatir el flagelo de la corrupción.
Resulta que en este país los fiscales no pueden –¿o no quieren?– armar casos para que así suceda. Las detenciones y liberaciones acaban, como dice Raphael, siendo un asunto de política, no de justicia.
Es una vergüenza.
Elba Esther debería estar detenida en su domicilio privado, tal y como lo marca la ley para personas de edad avanzada, por delitos relacionados con la corrupción y enriquecimiento inexplicable e ilícito.
No merece la libertad.
Que ésa sea su condición resulta un epílogo ignominioso de un sexenio marcado por la corrupción. Con tantas pruebas que había y con la voluntad del Presidente, el gobierno ni siquiera pudo mantener encarcelada a ese icono de la corrupción nacional llamado Elba Esther Gordillo.
Twitter: @leozuckermann
