Seguimos en ascuas en materia de Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y en su caso con Canadá. Por ahora, quedan pocas opciones: especular (lo mejor); creerle al gobierno de Peña/Obrador (difícil); esperar (aburrido), o remitirnos a algunas evaluaciones preliminares hasta cierto punto objetivas, a algunas preguntas hasta cierto punto pertinentes, o alguna combinación de lo anterior.
Empezando por las evaluaciones, va una primera, inicial y tentativa del número de esta semana de The Economist: “Para México, sin embargo, la incertidumbre se acerca a su fin para el alivio de inversionistas y del gobierno. Las concesiones otorgadas por sus negociadores no se ven tan malas comparadas con las demandas excesivas con las que empezó Trump. El presidente Enrique Peña Nieto buscó desesperadamente un último logro de su desafortunada gestión… Sin embargo, la prisa de México para llegar a un acuerdo, casi seguramente debilitó su posición en la mesa de negociaciones y contribuyó al aislamiento de Canadá. Durante el verano, México abandonó su rechazo anterior a pláticas bilaterales con Estados Unidos. Juró que evitaría temas que le importaban mucho a Canadá. No lo hizo, y concedió mucho más de lo que Canadá tenía planeado…. Buena parte de lo que se agrega al NAFTA revisado, será peor para México que la versión original. Sus negociadores aceptaron muchas demandas norteamericanas, sin obtener claras negociaciones a cambio. Los puntos sobre los cuales México canta victoria no son mejoras, sino, más bien, el abandono de las demandas más absurdas de Trump”.
Las preguntas involucran el tema de Canadá (en mi opinión, se sumará al arreglo, pero demorándose más de lo anunciado, y con modificaciones), y los acuerdos paralelos entre México y Estados Unidos. La especulación versa sobre la fecha de la firma (antes o después del 30 de noviembre) y a propósito de la ratificación del convenio por la Cámara de Representantes, y, en su caso, la fecha de la misma. Canadá acabará por ceder, porque, a pesar de los insultos de Trump y de las dudas sobre su respeto por los acuerdos tomados, Justin Trudeau entregará poco y mantendrá lo esencial de lo que le importa: la excepción cultural y el Capítulo 19 de solución de disputas antidumping. Los lácteos de Quebec tal vez impidan la celebración del acuerdo antes de noviembre, pero, al final, no trabarán el desenlace.
En cuanto a la fecha, mucho dependerá de la disposición de distintas instancias norteamericanas (la International Trade Commission, el Congreso, la consultoría jurídica de la Casa Blanca) de acomodar los plazos al calendario sucesorio mexicano. Los famosos noventa días son un límite, no un intervalo obligatorio, pero no queda claro que con enmiendas, acuerdos paralelos, cambios impuestos por Canadá, etc., basten los tres meses exactos.
En cuanto a los acuerdos paralelos, justamente, habrá que esperar a que el gobierno de México los divulgue, y a escuchar la interpretación que de ellos esgrima Washington. Hasta ahora, en forma de rumores –algunos confirmados, otros no– se habla de tres. El primero, el más importante, se refiere a la industria automotriz. Varios analistas lo han descrito como un acuerdo de Voluntary Export Restraint o Restriction, donde México se compromete a no exportar más de 2.4 millones de vehículos, por 90 mil millones de dólares, al año, a Estados Unidos. Las autoridades insisten en que no hay tal. Se trata únicamente de una póliza de seguro por si Trump impusiera un arancel de 25% a todos los autos importados a Estados Unidos, invocando la cláusula de seguridad nacional de la legislación comercial norteamericana. Lo sabremos con precisión pronto, o hasta que lleguemos a los 2.4 millones de vehículos exportados, probablemente en 2020 o 2021.
El segundo abarca las exportaciones de acero mexicano. La publicación Morning Trade afirmó el viernes que podría acordarse una cuota de importaciones de acero mexicano por Estados Unidos, semejante al convenio de Trump con Corea del Sur. El tercer acuerdo paralelo abordaría el tema del “enforcement”, o puesta en vigor, y aplicación fiscalizada de las disposiciones laborales del TLC. Estados Unidos (y Canadá, por cierto) han insistido que no basta con que México se comprometa a crear nuevas leyes o reglamentos en materia sindical, de salarios, de solución de disputas de trabajo, etc. Debe haber mecanismos vinculantes de vigilancia de que, en efecto, las leyes mexicanas se cumplan. Por alguna extraña razón, los sindicatos de EU y Canadá no creen que sea el caso. La solución sería un acuerdo paralelo.
Todo esto figura en la agenda. Y como diría el albañil del clásico chiste, de para cuándo y cómo la ratificación por el Congreso de EU, mejor ni hablamos. Por México, cito de nuevo a The Economist: “El Congreso mexicano seguramente ratificará lo que le presenten, mientras esté contento el Presidente”.
