Hace un par de días, el periódico Milenio informó de una declaración de Andrés Manuel López Obrador, para presentar una reforma a la Constitución y a la Ley Reglamentaria que establece los mecanismos de participación ciudadana, como dice él, o de iniciativas populares o referéndum. No suelo estar de acuerdo con él en muchas cosas y seguramente escribiré pocas columnas en las que manifieste mi convergencia con una de sus tesis. Esta es una de ellas.
Siempre me ha parecido aberrante que el conjunto de disposiciones legislativas, tanto constitucionales como reglamentarias, aprobadas en 2013 y 2014 en materia de referéndum o consultas populares, corresponden perfectamente al clásico esquema mexicano. Al igual que las candidaturas independientes, se redactaron y se votaron en el Congreso para poder decir que ya existían estas leyes sin que en realidad fueran aplicables. Se establecieron una serie de restricciones, desde lo absurdo –sólo puede celebrarse una consulta ciudadana cuando coincida con una elección federal–, hasta otras que encierran ciertos méritos, pero sólo después de que hay una plena libertad en esta materia. A tal grado se establecieron límites al ejercicio de este derecho democrático, que al día de hoy no ha habido una sola consulta ciudadana o referéndum, plebiscito o iniciativa popular sometida a la decisión de todos los mexicanos, de acuerdo con las leyes aprobadas en esos años.
Huelga decir que no comparto la diferencia que establece López Obrador entre democracia representativa y participativa. Eso suena a Chávez y a Cuba, y no es lo mío. Pero siempre he pensado que en un sistema presidencial, pero más aún en un sistema híbrido, el referéndum es un instrumento democrático fundamental. Entiendo que se puede abusar de él o, sin caer en el abuso, arroje resultados paradójicos o incluso contrarios al interés nacional: el caso de Brexit es el más evidente en tiempos recientes. A pesar de ello hay grandes temas nacionales en cualquier país, en cualquier democracia que deben ser resueltos por referéndum, con un simple sí o no. Prefiero, a la inversa de lo que sucede en México, que se pueda utilizar esta disposición para temas constitucionales.
En distintos países se utiliza el referéndum para varios tipos de decisiones. A quienes creen, con razón, que David Cameron cometió un error enorme al llevar el tema de la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea a referéndum, conviene recordarles que así entró el Reino Unido a la Comunidad Económica Europea, en 1972. Otros piensan que en California, donde se usa y se abusa de la figura del ballot initiative para todo tipo de asuntos, sólo permanece el amargo recuerdo de cómo en los años 80, la llamada “Propuesta Número 13” redujo el impuesto predial a millones de californianos prósperos. Destruyó las escuelas públicas de ese estado. Pero conviene señalar que, en 2016, el mismo instrumento fue utilizado por el actual gobernador Jerry Brown para aumentar los impuestos y destinar los consiguientes recursos a refinanciar la educación pública superior de California, la mejor de Estados Unidos.
Hay siempre errores y abusos. Quizás el mejor ejemplo de los excesos sea Suiza, que, con un número relativamente pequeño de firmas, permite someter a la consulta ciudadana prácticamente cualquier tema, incluyendo algunos que podrían ser violatorios de los derechos humanos. Debe haber algunas restricciones, y en prácticamente todos los países las hay. Pero en México sería muy sano que tanto ciudadanos, mediante un número determinado de firmas, como el Presidente de la República, por simple decisión, como una proporción determinada del Congreso, puedan presentarle a la ciudadanía una disyuntiva sobre la cual se pronuncie. Puede ser constitucional; puede ser incluso de naturaleza fiscal –en algunos casos, como el de California ya mencionado, o el de Colombia hace unos años, así se ha procedido–, o de cualquier tema que no violente los tratados internacionales de los cuales el país es parte, ni ciertas consideraciones de derechos humanos.
López Obrador tal vez quiera hacer todo esto por sus razones, que tienen que ver con el aeropuerto. Son las peores razones. Pero debiera recordarse también que en muchos países o ciudades se somete a consulta pública o referéndum la emisión de bonos y obligaciones para financiar grandes obras públicas. Es más una decisión fiscal que logística. Yo me opongo a la consulta sobre el aeropuerto, pero no al referéndum en general como lo propone AMLO.
