Quisiera posponer mi comentario a propósito del posible acuerdo al que llegaron las nuevas autoridades de Estados Unidos con el gobierno de México en materia de asilo, migración y seguridad fronteriza. Algunos sabrán que el sábado el Washington Post informó que se había llegado a un acuerdo entre autoridades, que equivale a un convenio de Tercer País Seguro. La próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, lo desmintió en declaraciones hechas horas después, tanto por parte de su oficina como de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En tanto no se sepa si hay o no un acuerdo de esta naturaleza y no conozcamos el contenido, debemos demorar cualquier análisis al respecto.
Sin embargo, existen ya dos conclusiones a las que podemos llegar con respecto a lo que está sucediendo. El primer tema es que no existen buenas soluciones ante el reto que ha generado, desde 2014, los fuertes flujos migratorios centroamericanos hacia Estados Unidos pasando por México. Todos ellos generan enormes desafíos para cualquier autoridad mexicana. Si permitimos la entrada de todos los centroamericanos que huyen de la violencia y de la pobreza, todos llegarán a nuestra frontera con Estados Unidos; todos querrán entrar a Estados Unidos, y todos los gobiernos de Estados Unidos harán lo imposible para presionarnos e impedir que entren a nuestro país, incluso solicitando asilo. Si tratamos de disuadir la entrada, pagaremos nosotros el costo de recursos financieros y de violaciones a los derechos humanos.
Insisto, no hay ninguna buena solución. Con Trump aún menos. Y con la inexperiencia y la calentura de los funcionarios del nuevo gobierno para quedar bien a toda costa con la administración Trump, menos aún. Que ellos se equivoquen, y cometan posibles errores garrafales, e incluso vergonzosos, no significa que se puedan encontrar fácilmente soluciones alternativas.
En segundo término, lo que sugieren las imágenes del domingo en Tijuana, donde aproximadamente quinientos centroamericanos trataron de entrar de manera no autorizada a Estados Unidos, y fueron confrontados y detenidos por autoridades mexicanas, es un camino peligroso. Es cierto que desde hace años la Ley General de Población en México estipula claramente que sólo se puede salir del país, siendo mexicano o extranjero, por los puntos autorizados de salida y en posesión de todos los documentos necesarios para ingresar a otro país. En otras palabras, lo que trataban de hacer los hondureños sí es un delito de acuerdo con la ley mexicana. De eso no hay duda y las fuerzas federales y estatales, policiacas y aparentemente no militares, actuaron dentro de la ley.
El pequeño problema es que millones de mexicanos han hecho exactamente lo mismo a lo largo de los últimos años. Todos los días, centenares o miles de mexicanos, buscan entrar a Estados Unidos sin papeles y saliendo de México por puntos no autorizados. Si el flujo neto es nulo o no lo es, significa poco en este sentido; siguen saliendo enormes cantidades, aunque sigan siendo deportados cantidades semejantes. La pregunta que entonces deben hacerse las nuevas autoridades nacionales es si no están sentando un precedente muy peligroso al utilizar a la fuerza pública mexicana, civil o militar, federal o estatal, para impedir la salida de centroamericanos a Estados Unidos. Pero ese precedente sentaría las bases en el futuro para que Estados Unidos exija exactamente los mismos procedimientos por parte de México en relación a mexicanos. De nuevo, si Estados Unidos nos lo solicitara, o México decidiera hacerlo por su cuenta (algo inimaginable en mi opinión, salvo a cambio de enormes concesiones de Estados Unidos) tendrían razón los norteamericanos: sólo pedirían que se aplique la ley mexicana a los mexicanos que buscan salir por puntos no autorizados y sin la documentación necesaria para poder ingresar a otro país. El precedente puede ser extraordinariamente peligroso.
Estoy más convencido que nunca de que López Obrador y sus negociadores del TLC, junto con Videgaray y Guajardo, llegaron a un acuerdo con Washington sobre el nuevo acuerdo comercial, a cambio de una política migratoria mexicana acorde con los intereses de Estados Unidos. No tengo elementos para comprobarlo, pero hace un par de meses que vengo diciendo que ese fue el cambalache. Cuando corresponsales extranjeros o comentaristas mexicanos preguntan: ahora, en caso de que haya un acuerdo como el que planteó el Washington Post ¿Qué recibió México a cambio? La respuesta en mi opinión es muy clara: un NAFTA 2.0 de acuerdo con los tiempos y los caprichos de Peña Nieto y, sobre todo, de López Obrador.
