Los cambios positivos necesitan de voluntad política, pero también de un buen debate sustentado en argumentos y evidencia empírica. Esta semana, el nuevo gobierno de López Obrador, con el apoyo de sindicatos y empresarios, anunció un aumento a los salarios mínimos (SM). En 2018, se pagaban $88.36 pesos por día, en 2019 se incrementará a $102.68, un aumento de 16.2%. En la frontera norte, el incremento será mayor: el SM será de $176.73 pesos. Es el resultado de un debate que comenzó en 2014, promovido por el entonces secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de México, Salomón Chertorivski.
No era fácil convencer a los más escépticos sobre la conveniencia de incrementar los SM. Se trataba de una política pública que, por un lado, podría generar efectos muy positivos para los beneficiarios pero, por el otro, generar inflación que, en última instancia, afectaría, como siempre, a los más pobres.
Toral en esta discusión fue el documento “Política de recuperación del SM en México y en el Distrito Federal”, presentado por el entonces jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, en 2014. Se trata de un manuscrito sólido con base en argumentos y datos. Desató un debate muy interesante sobre la conveniencia de incrementar o no los SM. En lo personal, me convenció.
Primero, por el universo de trabajadores que todavía percibían un SM. De acuerdo con las cifras del INEGI, Coneval y STPS, casi diez millones de trabajadores todavía percibían un minisalario: “siete millones, incluyendo a la economía informal, y dos millones 948 mil remunerados en la economía formal”. Algunos de estos trabajadores en realidad ganaban más. Un ejemplo eran los meseros a los que los dueños les pagaban un SM que complementaban con el ingreso de sus propinas. No obstante, el hecho es que existían muchas personas que trabajaban ocho horas diarias y, sin embargo, su salario ni siquiera alcanzaba para rebasar la línea de pobreza. La conclusión era devastadora: “el mercado de trabajo se ha convertido en una de las principales fuentes de pobreza y desigualdad en nuestro país”.
Segundo, el documento demostraba que los SM se habían desvinculado de la productividad laboral. Mientras que ésta había avanzado en el sector formal, aquellos habían retrocedido en términos reales. Ergo, era posible aumentar los salarios sin que hubiera efectos inflacionarios.
Pero había un problema. Desde las crisis de los ochentas y noventas, cuando se destapó la inflación en México, se utilizó el SM como referencia para muchas cosas que no tenían que ver con el mercado laboral. Las multas, por ejemplo, estaban referenciadas en número de SM. En este sentido, si aumentaban estos, de inmediato subían otros precios de la economía, potencialmente causando más inflación. El primer paso para revisar los minisalarios era desvincularlos como unidad de cuenta utilizada para múltiples propósitos. Esto ocurrió en 2016 cuando el Congreso sustituyó los SM por la Unidad de Medida y Actualización. Una primera victoria para los proponentes de incrementar los SM.
El segundo ocurrió a finales de 2017 cuando el SM subió un 10.4%, el mayor aumento desde 1998. Se colocó en 88.36 pesos por día, rebasando, por primera ocasión, la línea de la pobreza, tal y como había sugerido el documento “Política de recuperación del SM”.
Este mismo reporte decía que, el siguiente paso, sería llevar el SM diario a 171.03 pesos para alcanzar la llamada “canasta ampliada”, que incluye una canasta alimentaria básica y una no alimentaria con productos como transporte, educación y vivienda. Esto era en 2014. Traídos al día de hoy, tomando en cuenta la inflación, el SM debería rondar los 200 pesos por día. El más reciente incremento los ha llevado a la mitad de este nivel en toda la República salvo en la frontera norte donde el nuevo salario ya estará muy cercano a esos 200 pesos diarios que equivalen a 10 dólares. En California, el SM es de once dólares por hora. Mientras que un trabajador tiene que laborar 8 horas en Tijuana, en San Diego gana un poquito más por una hora.
Estoy convencido de que, en una economía de mercado, los salarios deben determinarse por la productividad laboral y la oferta y demanda de trabajadores. No obstante, después de leer los documentos como el mencionado y de debatir el tema, me convencí de que el tema del SM ya no tenía nada que ver con estos factores. El SM se había rezagado por motivos políticos. Celebro que los empresarios también lo hayan entendiendo y estuvieran dispuestos a corregirlo. Felicitaciones a todos aquellos que llevan años en esta lucha y que la dieron como se debe de dar en una democracia–liberal: convenciendo con buenos argumentos sustentados en evidencia empírica.
