El nuevo acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos aún tiene mucho camino que recorrer para volverse realidad. Por lo pronto, podemos formular algunas reflexiones ante un entendimiento que México nunca había aceptado, ni en los peores momentos de la migración centroamericana a Estados Unidos, y que constituye una verdadera vergüenza para el país.
Primero, conviene reproducir al respecto algunas notas de Estados Unidos, ya que, para variar, los medios mexicanos no pueden informar debidamente sobre el tema. Según The Washington Post, el diario que siguió el asunto con la mayor cercanía desde algún tiempo (aclaro: soy columnista de The New York Times): “Homeland Security anunció nuevas medidas que requieren que los solicitantes de asilo en la frontera regresen a México y esperen allí mientras sus solicitudes sean procesadas, posiblemente durante meses o años, y describió el plan como uno de los cambios más significativos en materia migratoria en décadas… Esta política enfrentará retos jurídicos… Sin embargo, el acuerdo equivale a un triunfo diplomático significativo para Trump, quien se ha involucrado en conversaciones delicadas para engatusar a México y convertirlo en una antesala migratoria para los centroamericanos que buscan asilo en Estados Unidos… En entrevistas con el WP el mes pasado, altos funcionarios de AMLO dijeron que aceptarían esta postura… como parte de un paquete más amplio de desarrollo y asistencia para crear empleos en Centroamérica y reducir la necesidad de emigrar… Pero ese financiamiento consiste principalmente en recursos que Estados Unidos ya ha asignado. Los funcionarios mexicanos negaron cualquier vínculo entre el anuncio del paquete de desarrollo y el de migración… Los mexicanos insistieron en que la postura no era un acuerdo, sino más bien una imposición de EU… El esbozo del cambio en materia de asilo fue negociado por el canciller mexicano y la secretaria de Homeland Security, el secretario de Estado y un pequeño grupo de colaboradores que se reunieron en un hotel en Houston el mes pasado… “Me pregunto si México sabe en lo que se ha metido, dijo un analista de seguridad fronteriza en WOLA. La espera para audiencias de asilo hoy excede 1,200 días. ¿Realmente esta preparado México para recibir a cientos de miles de personas durante tanto tiempo?”
Surgen varias preguntas ante estos anuncios y sus consiguientes interpretaciones. ¿El acuerdo entre México y Estados Unidos abarca únicamente a los centroamericanos que soliciten asilo a partir de ayer, o a todos los que se encuentran en Estados Unidos desde hace tiempo? Según el gobierno de México, sólo se aplica a los nuevos y a los que se encuentran en Tijuana. Según Washington, involucra a todos los solicitantes de asilo centroamericanos, estén donde estén dentro de Estados Unidos, y hayan llegado cuando hayan llegado.
¿Dónde serán ubicados los “retornados”? ¿Permanecerán en libertad dentro de México y podrán arriesgarse a ingresar a Estados Unidos sin papeles, o serán instalados en campamentos de refugiados, con o sin supervisión de ACNUR, resguardados por autoridades mexicanas? No se sabe, pero la lógica sugiere lo segundo.
¿Quién va a sufragar el costo de todo esto, sobre todo si se trata de todos los centroamericanos sin papeles en Estados Unidos y no sólo los de Tijuana? Hace meses se filtró la versión, según la cual Washington ofreció 20 millones de dólares para asumir este costo; México lo rechazó. ¿En qué estamos?
¿Qué va a suceder si organizaciones de la sociedad civil norteamericanas y/o mexicanas impugnan la legalidad de la decisión de Estados Unidos de deportar a los centroamericanos a México, y de México a recibirlos? No hay duda que grupos como la ACLU y la AILA lo harán allá; quizás (es poco probable) alguna ONG mexicana tendrá el valor de hacerlo aquí. ¿Cómo quedaríamos si el poder judicial norteamericano decide que la deportación es ilegal, pero nosotros seguimos resguardando a los hondureños?
No hubiéramos podido imaginar una capitulación de esta magnitud de un gobierno dizque de izquierda en México ante Estados Unidos. Pero tiene lógica: evitar a toda costa cualquier enfrentamiento con Trump. El problema radica en la definición de “a toda costa”.
