Según los expertos en seguridad pública, el robo y la venta ilegal de combustibles es ya el segundo negocio más rentable del crimen organizado en México después de la exportación de drogas a Estados Unidos. Por un lado, el riesgo de ser capturado es mínimo y, por el otro, los márgenes de utilidad, enormes. Es un negocio redondo para el crimen organizado.
El huachicoleo se explica por un Estado débil con instituciones incapaces de combatir los actos delictivos y, de manera concomitante, la presencia de poderosos grupos del crimen organizado con gran capacidad de corromper a funcionarios gubernamentales.
En México, el muchico comenzó como una operación casera de pequeñas bandas delincuenciales. Pronto, los grandes grupos del crimen organizado se dieron cuenta de la enorme oportunidad de este negocio. Los Zetas, aprovechando su presencia en Tamaulipas y Nuevo León, fueron de los primeros en entrar al negocio durante el sexenio de Calderón. Luego, ya con Peña, el cártel que más creció en ese sexenio, el Jalisco Nueva Generación, se involucró de lleno en esta lucrativa actividad criminal.
Celebro que el nuevo gobierno de López Obrador quiera combatir frontalmente este delito que ha crecido exponencialmente, fortalecido a los grupos del crimen organizado y corrompido a tantos funcionarios. No tiene, para tal efecto, que descubrir el hilo negro. Simple y sencillamente, debe aprender de lo que hizo Colombia para resolver este terrible problema.
Replicar la solución colombiana ni es ni puede ser ni automática ni sencilla. La realidad es que somos países diferentes. Sospecho que aquí el problema ya es mayor a lo que tuvieron algún día los colombianos. También creo que nuestros grupos delincuenciales son más poderosos, amén de que allá tienen una Policía Nacional militarizada con mejores capacidades de inteligencia y operación. Pero algo tiene que hacer el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y, si los colombianos pudieron, también nosotros deberíamos poder.
¿Qué hicieron en Colombia?
Notimex tuvo acceso a un reporte de Ecopetrol que explica dicha estrategia. Primero, el gobierno nacional y la empresa petrolera decidieron tratarlo como un asunto prioritario del Estado. Por tanto, utilizaron todas las herramientas institucionales para combatir este crimen que costaba millones de dólares al año. Ya con esa voluntad política –que Andrés Manuel López Obrador tiene en México– diseñaron e implementaron una estrategia “que implicó acciones policiacas, judiciales, legales, tecnológicas, operativas y sociales”.
El Congreso colombiano legisló para endurecer las penas por robar y comercializar ilegalmente los hidrocarburos: cárcel sin derecho a fianza y la extinción de dominio a propiedades de los presuntos culpables. Eso, por cierto, ya se hizo en México.
Se crearon y fortalecieron “los Grupos de Operaciones Especiales para los Hidrocarburos con hombres de la Policía Nacional dedicados al control del apoderamiento de los combustibles en las regiones más críticas”. Además, formaron grupos interdisciplinarios, integrados por “funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN)” con “la responsabilidad de realizar investigaciones, judicializar delincuentes y propiciar el fortalecimiento de leyes y decretos para impulsar las transformaciones legales”.
También desarrollaron tecnologías. Una fue la “marcación de hidrocarburos” que permitía determinar si su origen era legal o ilegal. Otra fue un “novedoso sistema de esferas y elementos geométricos que se introducen en los poliductos, con el propósito de obstruir las perforaciones ilícitas”. Tercero, “sistemas de detección de fugas preventivas” que permitían “identificar con precisión la localización de las perforaciones ilícitas y la cuantificación de los volúmenes hurtados para facilitar la captura de las bandas delincuenciales”.
Finalmente, el gobierno realizó una campaña de comunicación para convencer “a las comunidades vecinas a los poliductos de lo riesgoso que era la instalación de válvulas para extraer la gasolina y el diésel”.
Entiendo que Pemex ya ha tratado de replicar algunas de estas cosas. Desconozco si lo sigue haciendo. Lo que es claro es que la solución no pasa por cerrar los ductos y enviar el combustible en pipas para evitar su robo. Esto podría solucionar el problema en el corto plazo con la grave consecuencia de generar desabasto de combustible en ciertas regiones. La solución de fondo es más compleja. Va a tomar tiempo. Nada se resolverá mientras el Estado no desarrolle instituciones que combatan la impunidad. Tanto para el huachicoleo como para otros delitos que tanto agravian a la sociedad.
Twitter: @leozuckermann
