Ayer, en el juicio de Joaquín Guzmán en Nueva York, un traficante colombiano que trabajaba para El Chapo afirmó que, poco después de las elecciones de 2012, el candidato ganador, Enrique Peña Nieto, buscó al capo mexicano para solicitarle un pago de 250 millones de dólares a cambio de frenar su búsqueda. El líder del Cártel de Sinaloa hizo una contraoferta: cien millones. No se dieron más detalles, salvo que una de las asistentes personales del narco colombiano “había trabajado para el consultor político J. J. Rendón cuando éste fue contratado por el equipo de campaña de Peña” y que ella “le envió fotografías de maletas repletas de dinero”. Vale la pena destacar que el citado Rendón, efectivamente, trabajó en varias campañas del Partido Revolucionario Institucional.
Como he dicho varias veces en este espacio, yo no le creo al testimonio de estos delincuentes. Su credibilidad es nula, sobre todo, tomando en cuenta que los abogados defensores de El Chapo están argumentando que su cliente en realidad era un segundón de una organización criminal liderada por el Mayo Zambada en contubernio con las más altas autoridades mexicanas, incluyendo al Presidente.
Sin embargo, muchos sí les van a creer a estos criminales convertidos en testigos. Así de baja es la credibilidad de nuestros políticos: vale más la palabra de un asesino. Y si alguien se ganó a pulso la fama de corrupto fue Peña. Nunca, en la historia moderna del país, habíamos visto a un Presidente señalado en presuntos casos de corrupción durante su periodo de gobierno.
¿Fue Peña Nieto corrupto? ¿A cuánto asciende su fortuna? ¿De qué está viviendo ahora que los expresidentes ya no tienen pensión? ¿Qué pasó con la llamada Casa Blanca que le pertenecía a su esposa y que fue financiada por Higa, grupo contratista favorito de Peña como gobernador del Edomex y Presidente? ¿Cuál fue su participación en el caso Odebrecht? ¿Adónde fueron a parar los millones de dólares que la empresa brasileña depositó en cuentas offshore que el director de Pemex, Emilio Lozoya, habría proporcionado? ¿Sabía el Presidente del esquema para desviar miles de millones de pesos de la Estafa Maestra? ¿Se benefició de eso o de algunas licitaciones de obras públicas durante su sexenio? ¿Utilizó testaferros para participar en la construcción del aeropuerto en Texcoco y en la compra de los terrenos aledaños? ¿Por qué no combatió frontalmente el robo y la venta ilegal de combustibles que tanto creció durante su sexenio?
¿Alguna vez sabremos la verdad de lo que sucedió en un sexenio marcado por la corrupción?
La promesa del actual Presidente es que no. En esto fue muy claro López Obradordesde su campaña. Con el fin de concentrarse en el presente y futuro, perdonaría la corrupción del pasado. En este sentido, no investigaría ni a Peña ni a sus subordinados. En su toma de posesión, hasta le agradeció no haber intervenido en las elecciones pasadas, una mentira, puesto que Peña sí participó para dañar la campaña del principal opositor a López Obrador, Ricardo Anaya, con un presunto caso de corrupción que luego se archivó.
Peña pudo haber sido uno de los presidentes más corruptos de la historia. Al parecer, nunca lo sabremos porque López Obrador ya le otorgó un perdón: “un punto final” para acabar con “la historia trágica horrenda de corrupción, de impunidad”.
Sin embargo, la periodista Carmen Aristegui logró que Andrés Manuel López Obrador aceptara consultarle al pueblo si “queremos justicia” con los expresidentes. La justicia, desde luego, ni puede ni debe ser objeto de una consulta popular. Las autoridades están obligadas a investigar si un gobernante abusó de su poder para enriquecerse de manera ilícita. El mejor antídoto en contra de la corrupción es evitar la impunidad a todos los niveles, comenzando con los más poderosos. Qué mejor mensaje de que este gobierno va en serio en contra de los corruptos si se investiga a profundidad tantos casos sospechosos del sexenio pasado. Pero AMLO dice que eso “nos llevaría a una confrontación permanente como país, a empantanarse y no resolveríamos el problema”. Puede ser. Pero también puede ser cierto, como argumentan algunas mentes suspicaces, que hubo un pacto entre AMLO y Peña para que el primero ganara las elecciones y el segundo no fuera investigado. A mí no me acaba de convencer esta teoría de la conspiración. Pero, la mejor manera de desecharla es que el actual gobierno deje a un lado el perdón y proceda a investigar a Peña.
Twitter: @leozuckermann
