López Obrador sí heredó una crisis de los gobiernos anteriores: una crisis del Estado de Derecho, una crisis que se ha venido agudizando a lo largo de los años, una crisis que los distintos gobiernos han querido, erróneamente, solucionar a través de atajos.
Muchos se desesperan cuando se habla de este tema. “Sí, ya sabemos que tenemos que hacer muchísimas cosas para tener un auténtico Estado de derecho pero, mientras tanto, hay que hacer algo rápido para resolver los problemas inmediatos”. Prefieren escuchar que esto se puede solucionar con voluntad política, programas sociales, intervenciones militares u operativos impactantes. Estos factores pueden ayudar, sin duda, a paliar efectos nocivos en el corto plazo. Pero son aspirinas frente a un cáncer que corroe el cuerpo público mexicano.
López Obrador ganó la elección por una combinación de enojo con el presente y esperanza en el futuro. Hartos por la corrupción, la inseguridad y el mediocre crecimiento económico, los mexicanos votaron mayoritariamente a favor de un cambio. En el fondo de todos estos problemas está la crisis del Estado de derecho, la ausencia de un gobierno de leyes.
En México, abundan los que se las pasan por el Arco del Triunfo. Funcionarios que se corrompen porque se sienten intocables. Criminales que cómodamente delinquen sabiendo que la probabilidad de ser castigados es bajísima. Inversionistas que no arriesgan más dinero por la falta de un sistema legal que garantice el cumplimiento de los contratos y los derechos de propiedad. Mientras no haya un auténtico Estado de derecho, seguirá habiendo corrupción, inseguridad y mediocre crecimiento económico.
En el Índice de Estado de Derecho 2017-2018 del World Justice Project, México aparece en el penosísimo lugar 92 de un total de 113 países. De los 30 de la región de América Latina y el Caribe, salimos en el sitio 25. De las economías de ingreso medio–alta, el 34 de 36.
¿Por qué estamos tan mal? El estudio es muy claro. Aparecemos en el sitio 100 de 113 en la falta de sistemas para que la gente común y corriente pueda resolver sus conflictos de manera pacífica y eficaz en tribunales de justicia civil. Ocupamos el lugar 102 en presencia de corrupción, es decir, sobornos, malversación de fondos y conflictos de interés entre los sectores público y privado. El desastre mayor lo tenemos en la justicia penal, es decir, en la capacidad de investigar, procesar, castigar y rehabilitar a los individuos que comenten delitos en contra de la sociedad: lugar 105 de 113.
AMLO recibió un Estado de derecho como queso gruyère: lleno de huecos en materia de legalidad. A finales del 2018, decidió resolver el robo y la venta ilegal de combustibles, un caso paradigmático de ilegalidad. La falta de un auténtico Estado de derecho que ha producido corrupción, empoderado a grupos del crimen organizado e incentivado la participación de sectores de la sociedad en un delito que ha generado pérdidas multimillonarias a Pemex y al erario. El viernes, este asunto escaló a una situación donde perdieron la vida 85 personas (hasta el momento) por la explosión de un ducto pinchado en Tlahuelilpan, Hidalgo.
Aprovechemos esta tragedia para reconocer la crisis que está viviendo México en su Estado de derecho. Dejemos a un lado la polarización, la retórica incendiaria y la falsa ilusión de soluciones fáciles. Aunque tome mucho tiempo y esfuerzo, hay que construir un gobierno de leyes como condición para lograr seguridad pública, honestidad en el ejercicio del poder y mayor crecimiento económico.
México requiere un Estado de derecho que ponga orden en distintos ámbitos de la vida pública. Un gobierno con la capacidad de combatir el huachicoleo por medio de un sistema de justicia que investigue, procese, castigue y rehabilite a los que violan la ley, sean estos altos funcionarios, ricos empresarios, poderosos dirigentes sindicales, miembros del crimen organizado o ciudadanos de a pie que cometen actos ilícitos. En esto no puede haber diferencias. Dura es la ley, pero es la ley. Pareja para todos. Mal hace un presidente cuando empieza a justificar la ilegalidad con argumentos económicos o de justicia social. No entiende la profundidad de la crisis que recibió de sus antecesores. Una crisis de Estado de derecho que, por más que quiera, no va a resolver tomando atajos.
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