El principal problema de México es la debilidad de su Estado de derecho. Mientras la sociedad no respete la ley y el gobierno no la aplique, va a ser imposible que se resuelvan la corrupción, la inseguridad y el mediocre crecimiento económico. López Obrador heredó una crisis de los gobiernos anteriores, una crisis que ha venido empeorando a lo largo de los años: una crisis del Estado de derecho. En el Índice de Estado de derecho 2017-2018 del World Justice Project, México aparece en el lugar 92 de un total de 113 países. De los 30 de la región de América Latina y el Caribe, salimos en el 25. De las economías de ingreso medio–alta, el 34 de 36. Una vergüenza. Pero, el nuevo gobierno, al cumplir 80 días en el poder, ha demostrado que no sólo no ha entendido la profundidad de esta crisis sino que está agudizándola más.
La relación histórica de López Obrador con la ley siempre ha sido ambigua. Si le conviene, la usa. Si no le conviene, la desecha. Como opositor, su estrategia fue dual: formó y lideró un movimiento social que cuestionaba a las instituciones y, al mismo tiempo, operó dentro de éstas con el fin de obtener tribuna, espacios mediáticos, dinero e incluso reformas legislativas que lo beneficiaron.
El politólogo Juan Linz hizo una clasificación de las posibles oposiciones en un régimen político. La oposición leal son los partidos que se oponen al gobierno, pero no al régimen. Ejemplo: cuando el PAN gobernaba el país, el PRI era una oposición de este tipo y viceversa. La desleal es la que se opone al gobierno y al régimen, a menudo de manera violenta. Ejemplo: los guerrilleros comunistas del EPR que operan en Oaxaca y Guerrero. Finalmente, se encuentra la oposición semileal, caracterizada por la ambigüedad: generalmente comienzan siendo leales al régimen, pero, por distintas circunstancias históricas e ideológicas, van actuando con deslealtad. Si les conviene, juegan con las reglas del juego, pero, si no, desconocen esas mismas reglas. Ningún mejor ejemplo que López Obrador. Cuando perdió las elecciones presidenciales de 2006 y 2012, desconoció los resultados argumentando fraude; cuando ganó en 2018, con leyes e instituciones similares a las del pasado, aceptó los resultados.
Ahora, esa oposición semileal se convirtió en gobierno. Y todo parece indicar que origen es destino, es decir, que desde el mismísimo gobierno federal habrá una ambigüedad con respecto a la ley. Si le conviene a López Obrador, las usará a su favor. Si no le conviene, las desechará.
Ya lo estamos viendo. No tuvo ningún problema en utilizar la ley para enviar candidatos a la Suprema Corte de Justicia muy cercanos a su proyecto político y su persona. El Presidente lo justificó diciendo que esto era legal, pero no tuvo empacho, luego, en juzgar públicamente a exfuncionarios de gobiernos anteriores por haberse ido a trabajar al sector privado, aunque esto fuera legal, pero, según él, inmoral.
Si para comprar pipas hay que seguir un enredado proceso de licitación de acuerdo a la ley vigente, pues mejor ordenar que el Ejército las compre directamente. Si la refinería de Dos Bocas tiene que estar lista en este sexenio, pues desmóntese el terreno donde se construirá, aunque no existan los permisos ambientales.
Si el titular de la Comisión de Regulación de Energía critica a AMLO, entonces que la Secretaría de la Función Pública y la Unidad de Lavado de Dinero lo investiguen y juzguen públicamente con puras especulaciones violando el derecho al debido proceso del funcionario que osó objetar al Presidente.
Así, día tras día, se van apilando los casos de la ambigüedad del lopezobradorismo con respecto al Estado de derecho. Si le conviene, lo usa. Si no le conviene, lo desecha. Esto, desde luego, genera incertidumbre para toda la sociedad. No sabemos dónde estamos parados. Si el gobierno va a respetar o no la ley como está obligado. Si van a violar o no nuestros derechos. Si van a honrar o no los compromisos contractuales firmados por el Estado. Con esta actitud ambigua de una oposición semileal que ganó el poder, me temo que no vamos a resolver la aguda crisis del Estado de derecho. Por el contrario, se profundizará más con todo lo que eso implica para la corrupción, inseguridad y mediocre crecimiento económico.
