Parece que no queremos verlo ni escucharlo. Los mexicanos tenemos una relación difícil con la ley, por decir lo menos. Mientras no arreglemos nuestro frágil Estado de derecho, seguirá habiendo corrupción, inseguridad y mediocre crecimiento económico.
La peor herencia que recibió López Obrador fue eso: una profunda crisis del Estado de derecho. El Presidente, lejos de comprenderlo y comenzar a enmendarlo, la está agudizando. Dos eventos recientes así lo demuestran.
El 16 de abril, el Presidente envió un memorándum a los secretarios de Gobernación, Hacienda y Educación Pública. Reconoce que no se había llegado a un acuerdo entre el Poder Legislativo y los “distintos sectores del gremio magisterial” para derogar la Reforma Educativa aprobada el sexenio pasado. Luego entonces, mientras no hubiera las condiciones para reformar la Constitución y leyes reglamentarias, AMLO instruía a los secretarios dejar “sin efecto todas las medidas en las que se haya traducido la aplicación de la llamada reforma educativa”.
Sí, el Presidente le estaba ordenando a sus subordinados no aplicar la Constitución y las leyes reglamentarias.
Cualquier estudiante de Derecho de primer semestre sabe que esto es una barbaridad. El Estado de derecho está basado en una jerarquía jurídica clara: la Constitución es la ley fundamental que está por arriba de cualquier otro ordenamiento legal: le siguen los tratados internacionales firmados por el país; a continuación, las leyes aprobadas por el Poder Legislativo federal; después las leyes ordinarias de los poderes legislativos locales; finalmente están los decretos, reglamentos y circulares de los poderes ejecutivos, incluyendo el federal.
De ninguna manera, un Presidente puede ordenar que se incumpla la Constitución y leyes reglamentarias por medio de un memorándum.
Es el sueño de todo Presidente autoritario. Dejar sin efectos las leyes con el simple poder de su firma. Una burla para el Estado de derecho. Cualquier juez de primera instancia puede dejar sin efectos el memorándum por ser, a todas luces, inconstitucional.
Aquí el problema es el mensaje que envía López Obrador. A su gusto, mientras se reforman las leyes, él impone su voluntad. Hoy es la Reforma Educativa. Mañana puede ser lo que se le dé la gana. ¿Ya no le gusta la libertad de expresión? Memorándum a la secretaria de Gobernación para censurar a los críticos. ¿Ya le cansó cierta huelga de un sindicato? Memorándum a la secretaria del Trabajo para declararla ilegal. ¿Ya lo desesperó la política monetaria del banco central autónomo? Memorándum al secretario de Hacienda para que se haga cargo de la emisión de moneda y las tasas de interés.
Segundo caso que mina nuestro débil Estado de derecho: la cancelación de las Zonas Económicas Especiales (ZEE). El gobierno de Peña Nieto, siguiendo el ejemplo de otras naciones, como China, a fin de fomentar el desarrollo en regiones con claro atraso económico, decretó la formación de siete ZEE en Chiapas, Michoacán, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Campeche y Yucatán. Se adquirieron terrenos para construir fraccionamientos industriales donde las empresas tendrían incentivos fiscales para invertir. Se facilitarían todos los trámites federales, estatales y municipales y se subsidiaría la construcción de la infraestructura necesaria. El gobierno federal estableció una autoridad especial que diseñó el programa y comenzó a implementarlo. Convencieron a empresarios nacionales y extranjeros de que le entraran.
De acuerdo con una nota de Leopoldo Hernández en El Economista, al cierre de 2018, “se identificaron inversiones de 8 mil 234 millones de dólares en las siete ZEE, con una generación de 31 mil 080 empleos directos, cifras que provienen de las 86 cartas de intención que se firmaron con empresas de diversos giros”. Esto es lo que ya estaba acordado. Negocios dispuestos a arriesgar su capital en el entendido que el Estado mexicano cumpliría con sus compromisos en estas ZEE.
Ahora, AMLO ha cancelado este programa. En el mejor de los casos, les respetarán a las empresas lo pactado (los incentivos fiscales, por ejemplo), pero ya no podrán crecer más bajo este esquema. En el peor de los casos, deberán litigar para que se respeten los derechos adquiridos.
Por lo pronto, el mensaje, de nuevo, es ominoso para el Estado de derecho en México. Aquí las reglas se aplican a gusto de los gobernantes. Tienen caducidad. Un gobierno puede comprometerse con ciertas condiciones favorables a los inversionistas. El siguiente, sin embargo, puede llegar y, de un plumazo, cancelarlas. ¿A quién le da ganas de invertir en un país así?
Twitter: @leozuckermann
