Un pequeño que sufría leucemia linfoblástica aguda (el cáncer más común en niños), cuyos padres carecían de seguridad social, tenía un 30 por ciento de probabilidad de preservar su vida. Después de creado el Seguro Popular, la probabilidad de sobrevivencia ya es de más del 70 por ciento. ¿Estadísticas? No: niñas y niños, Yatzil, Raúl, Jimena, Sesasi, que hoy tienen un futuro.
Sin conocimiento preciso e invocando “corrupción y robo”, el presidente López Obrador anunció la semana pasada su intención de poner fin al Seguro Popular (sin otro instrumento que un memorándum) y dar paso a un Instituto de Salud para el Bienestar. Una medida tan trascendente fue anunciada así, en un solo acto plagado de irregularidades e improvisación, cuando lo que una sociedad democrática demanda es un amplio debate sobre el futuro de su sistema de salud. Por ahora nos quisiéramos centrar en un punto: el presidente anunció que utilizará los recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC) –pieza clave del Seguro Popular– para crear el nuevo Instituto, sin darse cuenta de que no sólo comete un error descomunal, sino que además viola el contenido y sentido de la ley.
Dicho fondo se constituyó desde la reforma a la Ley General de Salud en 2003 sobre la base de cuidadosos estudios actuariales. Se genera y crece con la aportación del 8 por ciento anual del total de los recursos que el Estado aporta, a nombre y cuenta de cada afiliado al Seguro Popular, para el Sistema de Protección Social en Salud. A finales de 2018 contaba con 80,661 millones de pesos. Fue concebido para financiar los padecimientos “de alta especialidad” (como los cánceres o el SIDA) y hoy incluye 330 enfermedades, casi el 80% de las necesidades reales de eventos de salud catastróficos en el México más pobre.
Como todo seguro, el fondo crece conforme más personas se incorporan, pues por cada una de ellas el Estado etiqueta ese 8 por ciento adicional proveniente de los impuestos pagados por los ciudadanos. Mientras más personas se afilian, más crecen los recursos del fondo y se protege mejor al conjunto. Con el dinero de todos los solidarios, se cubre el riesgo de quienes llegan a enfermarse. Y no sólo eso: conforme pasa el tiempo hay más recursos para ampliar los padecimientos que se pueden cubrir. Ejemplo: al principio estaba cubierto sólo el cáncer cérvico uterino, pero hoy se pagan también los costos de atender, en nuestros mejores hospitales públicos, los casos de cáncer de mama, próstata, ovario, testículo, linfoma no Hodgkin y todos los cánceres en menores de 18 años, entre muchas otras enfermedades de alto costo y complejidad. La creciente lista de padecimientos cubiertos se define en forma dinámica y transparente, sobre la base de estudios científicos y financieros, de modo que este sistema no engaña ni se expande por capricho.
Por eso, porque no es un esquema demagógico, el Seguro Popular ha crecido de un modo progresivo, paso a paso, con resultados de alto impacto, como el hecho de evitado cada año que un millón de familias que sufrieran un quebranto económico por motivos de salud.
Son vivencias reales no imaginadas: el cáncer de mama en México es atendido en el 98 por ciento de los casos y el abandono al tratamiento de cáncer en los niños es menor al 5 por ciento. Las familias están respaldadas y no tienen que distraer sus recursos cotidianos para atender esta situación grave e inesperada. Hoy el fondo financia cerca de 50 mil intervenciones anuales, 93 mil pacientes que reciben tratamiento antirretroviral para VIH, todas las vacunas de neumococo y rotavirus para infantes cuyos padres no tienen seguridad social. Y mucho más.
De eso estamos hablando: cuando el licenciado López Obrador anuncia que utilizará los recursos del fondo está negando ese avance y apropiándose de una bolsa de recursos solidarios que el Estado y los mexicanos más pobres pudieron construir a lo largo de éstos años.
Es un mal diagnóstico, una mala decisión y una utilización de recursos fuera del marco legal vigente. En suma: un error que el país no puede permitir.
