Rosario Robles se encuentra encarcelada por el delito de ejercicio indebido de servicio público como parte del escándalo de corrupción conocido como la Estafa Maestra. Viene un largo proceso judicial para la exsecretaria de Desarrollo Social. Una de las preguntas que la Fiscalía General de la República (FGR) deberá contestar es qué pasó con el dinero que desviaron del erario.
Durante el sexenio pasado, once dependencias de la administración pública federal (Pemex, Sedesol, Banobras, SEP, FOVISSSTE, Sagarpa, INEA, RAN, SCT, Secretaría de Economía y Senasica) asignaron contratos a universidades públicas para que les proveyeran diversos servicios. La Ley de Adquisiciones permitía la asignación directa, sin tener que pasar por el tedioso y complicado proceso de una licitación, a estas universidades. En una investigación, Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, encontraron que las universidades luego contrataron a empresas fantasma con el dinero que recibieron del gobierno.
Las universidades se quedaron con una comisión por los servicios contratados. La gran pregunta es qué pasó con el resto del dinero. Una de dos. O se lo robaron los funcionarios que operaron este esquema, es decir, se enriquecieron a costillas del erario. O los recursos se canalizaron para financiar campañas electorales. Por cierto, puede ser que hayan sido las dos cosas.
Eso lo tiene que investigar la FGR. Robles, por ejemplo, asegura que ella no se quedó con un quinto; que su patrimonio es prácticamente el mismo de cuando entró a trabajar con Peña. Puede ser que Rosario no se haya robado ni un centavo. Lo que es indudable es que, siendo secretaria, miles de millones de pesos de la Sedesol salieron a diversas universidades públicas que luego pararon en empresas fantasma. Alguien se benefició de ese dinero.
En su investigación, Dinero Bajo la Mesa: financiamiento y gasto ilegal de campañas políticas en México, Luis Carlos Ugalde y María Amparo Casar encontraron hallazgos relacionados con este tema. Los cito:R“Por cada peso que se reporta como gasto ejercido en una campaña de gobernador, hay 15 pesos que se mueven debajo de la mesa, que nunca se reportan y cuyo origen se desconoce.
REn promedio, los candidatos a gobernador gastan diez veces más que el tope legal. Si el tope promedio es de 46.8 millones de pesos, el gasto promedio ejercido es de 470 millones de pesos, con casos superiores y otros inferiores, dependiendo del tamaño de la entidad y su nivel de competitividad electoral.
R Las principales fuentes de financiamiento ilegal son el desvío de recursos públicos, el financiamiento privado ilegal y el financiamiento del crimen organizado.
R Las principales modalidades de desvío de recursos públicos son recaudaciones en efectivo que no ingresan a las tesorerías; el uso de facturas apócrifas; las adjudicaciones directas y subcontrataciones forzosas con sobrecostos; los descuentos de nómina, entre otros.
R Las modalidades de financiamiento privado ilegal implican la comisión de algunos delitos como lavado de dinero, defraudación y evasión fiscal, simulación de operaciones mediante empresas fantasma o fachada, cobertura ilegal de medios, entre otros. El dinero a campañas se entrega en efectivo o en especie, ya sea directamente al candidato o partido, o mediante terceros usando esquemas de triangulación.
R El principal destino del dinero ilegal en campañas es el clientelismo electoral: compra, movilización e inhibición del voto, así como el pago de estrategias de campaña y de cobertura en medios”.
En 2004, Robles también fue protagonista de otro escándalo para financiar campañas electorales. Ella era presidenta del PRD. Su pareja sentimental, el constructor Carlos Ahumada, había repartido, en 2003, dinero en efectivo a operadores perredistas para presuntamente fondear campañas. Esto lo supimos gracias a que Ahumada filmó las entregas y luego vendió esos videos donde, entre otras personalidades, recibieron dinero René Bejarano, entonces principal operador de López Obrador, jefe de gobierno del DF, y Carlos Ímaz, delegado de Tlalpan y, en ese momento, esposo de Claudia Sheinbaum.
Bejarano terminó en la cárcel. Hoy le tocó a Robles. La Fiscalía tendrá que demostrar qué pasó con los miles de millones de pesos que se canalizaron a empresas fantasma vía las universidades y la responsabilidad de la exsecretaria en este tema. También deberá hacer lo mismo con las otras diez dependencias del gobierno pasado que operaron bajo el mismo esquema de la Estafa Maestra. Y, desde luego, la responsabilidad del presidente Peña en estos desvíos multimillonarios.
Twitter: @leozuckermann
