Sólo por no dejar insisto en el tema migratorio, y en uno de los peores capítulos del largo libro de ignominia del Estado mexicano. Llevamos ya casi tres meses desde que López Obrador aceptó la imposición de Trump, de convertir a México en un “tercer país seguro” y en la sala de espera de audiencias de asilo que, o bien no tendrán lugar, o bien se demorarán meses si no es que más.
Los medios y la oposición mexicana, por razones lógicas –a la sociedad mexicana el tema no le importa– callan al respecto, y si fuera sólo por ellos, no sabríamos de qué cifras estamos hablando. Afortunadamente aún existen medios en el resto del mundo que sí enfocan la tragedia, y nos ofrecen algunos datos, sin duda incompletos, pero que nos dan idea de la magnitud de la barbarie en curso.
Este domingo The New York Times publicó números relativos a los dos registros de extranjeros hacinados en las ciudades fronterizas mexicanas del norte. Digo del norte porque circulan versiones –no confirmadas– de que López Obrador ha comenzado a enviar a los extranjeros varados en la frontera norte a Tapachula, para que esperen su audiencia con las autoridades norteamericanas allí. En todo caso, nos podemos limitar a las cifras del norte.
Existen dos categorías de extranjeros en ciudades como Tijuana, Ciudad Juárez, Piedras Negras, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros. La primera se compone de los extranjeros –principalmente guatemaltecos, hondureños y salvadoreños, con algunos cubanos y haitianos– que llegaron a la frontera por su cuenta. Ellos decidieron esperar allí su oportunidad de cruzar y solicitar asilo en una primera audiencia. Para ellos, Estados Unidos estableció un procedimiento denominado “metering” o “goteo”, administrado por los mexicanos. Se le entrega un número a cada extranjero, y cuando es llamado, cruza, es entrevistado por CBP o alguna otra agencia norteamericana, y es devuelto a México mientras se resuelve su caso. Según las cifras investigadas y publicadas por el rotativo neoyorquino, se trataba, a principios de agosto, de 26 mil personas. Desde entonces, es probable que el número haya crecido, ya que el ascenso ha sido vertiginoso en los últimos dos meses.
La segunda categoría incluye a aquellos que ingresaron sin papeles a Estados Unidos en tiempos recientes, y que gracias al programa Remain in Mexico impuesto por Washington y aceptado por Palacio Nacional desde principios de año, son devueltos a México mientras se programa su audiencia de asilo. El total de extranjeros devueltos a México y actualmente bajo proceso en Estados Unidos suma 32 mil personas. La mitad de este número ha sido devuelto durante el último mes; es decir, el ritmo también crece a pasos agigantados.
En otras palabras, hay ya por lo menos 58 mil extranjeros, la mayoría centroamericanos, en las ciudades fronterizas mexicanas. La distribución no es pareja, lógicamente. Hay más en Tijuana, Mexicali, Juárez y Matamoros que en las demás aglomeraciones. Además, según ACNUR, unos 80 mil centroamericanos solicitarán asilo en México este año, ya que en los hechos no podrán hacerlo en Estados Unidos.
Este es el trabajo sucio que López Obrador le hace a Trump; ni Peña lo hizo. Para fin de año, alcanzaremos la cifra de 100 mil centroamericanos hacinados en un puñado de ciudades fronterizas. Todos ellos, en condiciones abominables, descritas por la prensa internacional, y amenazados por la violencia de algunas de las urbes más inseguras del mundo. Seguramente permanecerán allí mucho tiempo, porque en los hechos Estados Unidos ya ha cerrado la puerta al asilo por parte de solicitantes procedentes de estos países.
Quizás valdría la pena preguntarle a López Obrador un día cuál es la diferencia entre esta situación y la de tercer país seguro, que según él, México no acepta. Y también, cuántos centroamericanos le van a recibir a Estados Unidos, aun pagando Washington por su presencia. Este es el tamaño del muro mexicano, o de la sala de espera, o del centro de detención –a cada quien su metáfora– en la que se ha convertido México.
