Dijo ayer el Presidente en su conferencia matutina de prensa: “Nuestros adversarios, los conservadores, corruptos, que se padecieron en los pasados gobiernos aplicaron una política de confrontación y de violencia para supuestamente garantizar la paz y la tranquilidad. Y esa política insensata, inhumana, produjo más violencia, mucho sufrimiento, masacres.
Había hasta la decisión de arrasar, de exterminar; y lo muestran así los datos de letalidad, de cómo fueron más siempre los muertos que los heridos y los detenidos”.
Tiene toda la razón en cuanto a los datos del índice de letalidad que mide la relación de civiles muertos versus los miembros de fuerzas federales muertos en enfrentamientos. De acuerdo con un artículo de Catalina Pérez Correa, Carlos Silva Forné y Rodrigo Gutiérrez Rivas, publicado en julio de 2015 en Nexos, para el Ejército el índice de letalidad mayor ocurrió en 2011: 32.4 civiles por cada militar. Paul Chevigny, quien a lo largo de su carrera investigó los abusos de las fuerzas del Estado, sostiene que la muerte de más de diez o quince civiles por cada agente de seguridad fallecido en enfrentamientos puede considerarse como un indicador de que la fuerza letal podría haberse utilizado para otros propósitos diferentes a la protección de la vida. El profesor emérito de la Universidad de Nueva York sugiere que los altos índices de letalidad denotan posibles abusos de poder.
En otras palabras, podríamos estar frente a casos, como dice López Obrador, de decisiones para “arrasar” o “exterminar”.
Después del primer artículo que publicó Nexos sobre los índices de letalidad, la Secretaría de la Defensa Nacional decidió ya no divulgar los datos que les permitieron a los autores calcular este índice. No obstante, en 2014 fuimos testigos de un evento donde quedó clarísimo este fenómeno. Me refiero a la masacre en Tlatlaya. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), una patrulla del Ejército se enfrentó a un grupo de civiles armados que “se rindieron rápidamente”. Sin embargo, 22 personas murieron.
La CNDH encontró que 12 de ellos fueron ejecutados. Este asunto, con toda razón, se convirtió en un escándalo en el sexenio pasado de Peña Nieto. Siendo opositor, López Obrador lo caracterizó como un ejemplo de la corrupción y decadencia del país.
En el contexto de lo ocurrido el jueves en Culiacán, el ahora Presidente dijo sobre la política que él mismo caracterizó como de exterminio: “Nosotros dejamos en claro desde el principio –está escrito en el Plan Nacional de Desarrollo– que íbamos a cambiar esa política absurda, inhumana e ineficaz, porque no dio resultados”. Muy bien. Sin embargo, se le olvidó a López Obrador mencionar que el martes de la semana pasada, dos días antes del operativo fallido para capturar al hijo de El Chapo Guzmán en Culiacán, un supuesto enfrentamiento entre el Ejército y civiles armados arrojó un saldo de 14 personas y un militar muertos en Tepochica, Guerrero.
El índice de letalidad de este evento es mayor a diez. De acuerdo al criterio de Chevigny, resulta muy sospechoso. Nuestro colega Héctor de Mauleón, experto en temas de seguridad, escribió en su columna del jueves pasado en El Universal que Tepochica podría haber sido la primera masacre del Ejército en tiempos de la Cuarta Transformación. “El Ejército aplicó la fuerza desde una lógica de guerra: está entrenado para enfrentar contextos de conflicto bélico y no funciones de seguridad pública. El resultado de esto ya lo conocemos. Lo hemos vivido durante años y se había asegurado que no volvería a ocurrir”.
Pero sucedió. Un día después de Tepochica, López Obrador informó en su conferencia matutina que fue “producto de una rutina de vigilancia de una patrulla del Ejército con un grupo, con una célula de presuntos delincuentes; y se encuentran frente a frente, le disparan a un cabo que va adelante con ametralladora, el que va encabezando el convoy, y lo hieren, él es el que al final pierde la vida; y él con la ametralladora, todavía herido, dispara y le quita la vida a los agresores. Ése es el informe que tengo, desde luego, la autoridad competente tiene que llevar a cabo la investigación”.
El Presidente un día dice una cosa y otro otra. Por un lado, justifica la alta letalidad del Ejército en un enfrentamiento y, por el otro, asegura que estas prácticas ya se terminaron en su gobierno. ¿A cuál de las dos versiones le creemos?
Twitter: @leozuckermann
