Pobre Jaime. Olga le arruinó la fiesta. Tanto que hizo para quedarse cinco años como gobernador de Baja California, en lugar de dos, para que la secretaria de Gobernación llegue, cometa una indiscreción y revele el apoyo del gobierno de López Obrador para cambiar las reglas y extender el mandato de Bonilla.
Después de la confesión de Sánchez Cordero, la Suprema Corte de Justicia no va a tener de otra más que declarar inconstitucional la llamada Ley Bonilla, es decir, la reforma a la Constitución de Baja California para ampliar de dos a cinco años el periodo del primer gobernador morenista de la entidad. Cualquiera de los ministros de la Corte que vote a favor de considerarla constitucional corre el riesgo de quedar como un lacayo del Presidente. Quiero suponer, todavía, que nadie quiere aparecer así.
Vamos a ver. Por lo pronto, se comprueba lo que siempre sospeché: que, detrás del intento de Bonilla de extender su mandato con maniobras políticas de quinta, había el patrocinio de López Obrador y su gobierno.
No me imaginaba al hoy gobernador de Baja California haciendo tantas cochinadas sin el visto bueno del Presidente, a quien le debe toda su carrera política.
No obstante, López Obrador, como buen político que es, escondía su respaldo: “No estoy involucrado en este asunto, es algo que incluso me produce pena, ¡me da pena! Porque no debe estarse discutiendo sobre estos asuntos, hay que respetar lo que establece la Constitución, las leyes, y no voy a meterme, sea quien sea, no tolero de nadie el que se viole la letra de la Constitución, yo soy partidario de la democracia”. Censuró las chicaneadas para retorcer la ley y las calificó como de los “tiempos de antes”.
Por su parte, la secretaria de Gobernación, en comparecencia en el Congreso, opinó tajantemente que la llamada Ley Bonilla era “inconstitucional”. Muchos pensaron que, con estas declaraciones, el gobierno federal efectivamente no estaba apoyando a Bonilla.
Se fueron con la finta. Ya salió el peine.
El primero de noviembre, Olga Sánchez Cordero fue a la toma de posesión de Bonilla –quien protestó por cinco años– en representación del Presidente. En entrevista, la secretaria declaró que “hay una presunción de legalidad cuando un Congreso emite una norma y está facultado para hacerlo y estuvo facultado el Congreso local para emitir la norma”.
Luego, en una reunión entre Bonilla y Sánchez, que estaban transmitiendo por Twitter, donde claramente la titular de la Segob desconocía de la grabación, le presumió al nuevo gobernador sus declaraciones, considerando la reforma constitucional de Baja como “legal” y pronosticó: “para mí la norma va a pervivir”. Ahí la interrumpe Bonilla y se van a otro tema. Lástima. No escuchamos por qué va a pervivir una ley que ella, exministra de la Corte, había considerado como inconstitucional.
El que no lo quiera ver, que no lo vea, pero es muy claro el apoyo explícito del gobierno de AMLO para extender el periodo de dos a cinco años y que están haciendo todo lo que pueden hacer para que así sea. En este sentido, nos mintieron al asegurar lo contrario.
Días antes de esta revelación, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, en compañía de los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, de la Guardia Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia, todos militares, también mintió.
Al dar su primer informe del operativo fallido en Culiacán, Alfonso Durazo reportó que elementos de la Guardia Nacional y del Ejército efectuaban un patrullaje de rutina en el fraccionamiento Tres Ríos cuando fueron agredidos desde una vivienda.
Los uniformados repelieron la agresión y tomaron posesión de la casa, donde aprehendieron a cuatro ocupantes incluyendo a uno de los hijos de El Chapo Guzmán.
Pocas horas después nos enteraríamos de la verdad. Se trató de un operativo diseñado y ejecutado por el Ejército para detener a Ovidio Guzmán López, quien tenía una orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos. Nada de que pasaban por ahí y se los encontraron.
Todavía Durazo tuvo la desfachatez de justificar la mentira diciendo que “fue la información que teníamos a esa hora”. ¡Por favor!
Desde su campaña y ya como presidente, López Obrador se comprometió a “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”. La realidad nos ha demostrado que él y sus subordinados mienten. No debemos sorprendernos. Así son todos los políticos en todo el mundo. El engaño es parte de su profesión.
La 4T, sin embargo, prometió ser diferente. No lo han sido. Mienten con descaro. Solitos se desnudan: no son diferentes, son igualitos.
