Hace casi exactamente un año se firmó el llamado T-MEC en Buenos Aires, en las últimas horas del sexenio de Peña Nieto. Trump y Trudeau aceptaron un procedimiento un poco extraño, justamente por las prisas, y para darle gusto a López Obrador. Firmándolo Peña Nieto, el nuevo presidente mexicano no se veía obligado a negociar nada, podía afirmar que a él le entregaron un documento ya cerrado, y que no le quedaba más que suscribirlo. La ratificación por los poderes legislativos de los tres países se daba por hecha, aunque ya en ese momento el partido de Trump había perdido la mayoría en la cámara baja del Capitolio en Washington, y eso auguraba un proceso de aprobación más complejo de lo esperado.
Hoy estamos en la víspera del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, fecha que hasta los más optimistas —entre mexicanos y estadounidenses; los canadienses no opinan mucho— habían fijado como plazo para ratificar el acuerdo. Después de Thanksgiving quedan pocos días hábiles en el Congreso antes del receso de Navidad y fin de año. Ya para mediados de enero, existe la tradición según la cual no se aprueban convenios comerciales en un año de elecciones presidenciales —el único ha sido con Australia— y la configuración del elenco Demócrata torna casi imposible la aprobación en plenas primarias. Conviene recordar que seis de los aspirantes son senadores, y se verían obligados a votar en plena campaña, seguramente con posiciones encontradas.
Sin embargo, la esperanza es lo último que muere, y tanto López Obrador como Trump, tanto Ebrard como Lighthizer (Jesús Seade menos, según los reportes de prensa) mantienen un optimismo a toda prueba, por lo menos de fachada. Más aún, insisten en insistir que el T-MEC debe aprobarse ya. Seguramente los mexicanos creen que lo pueden presentar como un triunfo de la 4T y convertirlo en una palanca para la inversión nacional y extranjera.
Dado el calendario, es prácticamente imposible que el T-MEC siquiera comience a ser discutido en las cámaras este año. Para 2021, aún si se sortearan los obstáculos ya descritos, existe un pequeño estorbo, insinuado ayer por el propio Seade, que puede enredar todo. Los sindicatos norteamericanos, de enorme importancia para el partido Demócrata en año electoral, exigen mecanismos de cumplimiento —enforcement— mucho más rigurosos que aquellos actualmente asentados en el documento.
En particular, parece que piden la aplicación de la llamada fórmula peruana, es decir, inspecciones in situ, sin aviso, por inspectores norteamericanos, del cumplimiento de las nuevas disposiciones laborales mexicanas. López Obrador reitera que México ya cumplió, al establecer un nuevo marco jurídico. La AFL-CIO y varios congresistas demócratas, así como por lo menos Bernie Sanders y Elizabeth Warren, responden que justamente, ya no se trata de leyes mexicanas, sino de mecanismos no mexicanos para asegurar el cumplimiento de aquellas. Cuando en Washington alguien dice que ya casi hay un acuerdo entre Pelosi y Lighthizer, se refieren a esto, pero hacen caso omiso, por ahora, del necesario acuerdo entre los mexicanos y Lighthizer.
En vista de la postura actual de los empresarios mexicanos, si AMLO se los pide no se puede descartar que al final, acepten las inspecciones descritas. Les repugnan, con algo de razón en vista del carácter supranacional del dispositivo. Pero si ese es el precio a pagar, lo asumirían. Sin embargo, todo esto toma tiempo, y es lo que menos hay. Tal vez ellos y AMLO debieran examinar otra opción: una propuesta de México de posponer la discusión y ratificación del T-MEC hasta después de las elecciones presidenciales de noviembre próximo. A menos de que se haga un milagro el 12 de diciembre.
