Este miércoles, ante los coordinadores parlamentarios, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero –en presencia de la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero y el consejero jurídico de la Presidencia Julio Scherer–, solo delineó las propuestas del dictamen que presentarán, pese a que a lo largo de los últimos días se anunció que este miércoles se haría la presentación formal. De manera sorpresiva, el titular de la FGR anunció que será el próximo 1 de febrero, día que inicia el periodo de sesiones en el Senado de la República, cuando haga llegar la propuesta.
Fuentes del gobierno federal consultadas aseguraron que todavía no existen los documentos y sigue el análisis.
Temas polémicos
Ampliar el arraigo a todos los delitos, no solo a delincuencia organizada, fue una de las propuestas que trascendieron y que generó rechazo. El investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), Álvaro Vizcaíno, señaló en sus redes sociales que ello significaría “detener para investigar y no al revés”.
A su vez, el exactivista y ahora funcionario (INAI) Jesús Robles Maloof advirtió que el arraigo “como medida en el proceso penal ha demostrado ser nocivo y como toda medida sin el adecuado control judicial, se torna en abuso”, y agregó que “lo mas grave reside en sus efectos sobre la investigación: si de facto ya tienes al ‘culpable’, sólo indagas para confirmarlo”.
Entre los puntos que esbozó el fiscal Alejandro Gertz Manero está la intención de crear un Código Penal Nacional en el que se homologuen conceptos y castigos, se aclaren las competencias entre nivel federal y estatal y se establezca la corresponsabilidad.
Al respecto, Álvaro Vizcaíno señaló que en realidad no es un código penal nacional porque no abarcaría todos los bienes jurídicos y delitos, “solo una parte y deja a congresos estatales la posibilidad de legislar tipos penales. Habría ‘codiguitos’ estatales y el nacional”.
A su vez, Jorge Lara, presidente del Colegio Mexicano de Abogados Humanistas, advirtió que la creación de ese código “no justifica renunciar a fortalecer la investigación y los procedimientos acusatorios”.
Otra organización que expresó su rechazo fue el Centro Prodh, en un posteo en Twitter la organización saludó que se abriera el debate sobre el sistema de justicia, pero exigió que no incluyera puntos “regresivos” como ampliar el régimen de excepción en delincuencia organizada a otros delitos, pues “permite llevar un proceso penal con menor cuidado de derechos” y sin “criterios acotados”.
Sobre crear una jurisdicción especializada para conocer delitos cometidos por jueces federales, alertó que “puede amenazar la independencia judicial”.
El ministro en retiro José Ramón Cossío también participó en las críticas; en su cuenta de Twitter escribió que “fue razonable que se haya pospuesto la presentación de las iniciativas de reforma penal. Muchos de los elementos de los documentos que circularon en redes, eran claramente inconstitucionales o inconvencionales”.
Legisladores de oposición aseguraron que esperarán a los documentos oficiales para emitir opiniones, pero alertaron que no se permitirá la violación a los derechos humanos.
El senador panista Damián Zepeda dijo que “no va a haber simpatías en casos que impliquen pérdida de derechos de los ciudadanos”.
Mientras que Mauricio Kuri, coordinador de los diputados panistas, aseguró que este tipo de reformas llevan tiempo.
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) anunció que el análisis se hará en Parlamento Abierto y aseguró que no impondrán normas que afecten derechos fundamentales.
“Construiremos, mediante un amplio consenso, la normatividad que el país y la ciudadanía exigen”, sentenció.
