Una medida «arbitraria y caprichosa».

Así calificó la Corte Suprema de la decisión de en 2017 de rescindir el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) que protege de la deportación a unos 700.000 indocumentados en EE.UU., los llamados dreamers («soñadores»).

En una resolución con 5 votos a favor y 4 en contra, los jueces del máximo tribunal estadounidense ratificaron este jueves fallos de cortes inferiores que calificaron de ilegal la decisión de Trump de poner fin al programa creado en 2012 por su predecesor Barack Obama.

El juez conservador John Roberts se alineó con los cuatro jueces progresistas para determinar que las acciones del fueron «arbitrarias y caprichosas» bajo la ley federal de Procedimiento Administrativo.

Este fallo significa que casi 700.000 jóvenes indocumentados inscritos en DACA que entraron en EE.UU. sin papeles cuando eran niños, la mayoría nacidos en y otros países latinoamericanos, seguirán protegidos de la deportación y podrán aspirar a obtener permisos de trabajo renovables cada dos años.

Si bien el dictamen no impide que Trump persista en su intento de terminar con DACA, la decisión supone un fuerte revés para su gobierno, el segundo en una semana en que la Corte también falló a favor de la protección laboral de las minorías sexuales.

El presidente expresó su enojo y desacuerdo en Twitter, donde escribió:

«Estas decisiones horribles y con una motivación que llegan de la Corte Suprema son disparos en la cara de aquellos orgullosos de considerarse republicanos o conservadores. Necesitamos más jueces o perderemos la 2ª enmienda [que garantiza el derecho a portar armas] y todo lo demás«.

Para después añadir en otro tuit: «¿Tienen la impresión de que a la Corte Suprema no le gusto?«.

«Creo que la pandemia ayudó a que tomasen esta decisión»

Un día antes de que la Corte Suprema de EE.UU. fallara a favor del programa DACA, la joven enfermera Jennifer Rubio se sentía ansiosa y no muy optimista.

Recién graduada hace dos meses, le tocó lidiar con la realidad de la pandemia desde su trabajo en un hospital de la ciudad de Oklahoma y con la posibilidad de que el programa DACA pudiese llegar a su fin este mes, poniéndola en riesgo de deportación a su natal México.

Este jueves, Rubio, de 24 años, supo de las noticias apenas se despertó. Corrió a la habitación de su hermano, quien también es beneficiario del programa, y luego le avisó a su madre, quien «se alegró mucho».

«Me siento sorprendida y aliviada al mismo tiempo. Honestamente, no pensaba que iban a decidir sobre el caso hoy y no pensé que fallarían a nuestro favor», le dijo a BBC Mundo en la mañana del jueves.

«Siento que la pandemia ayudó… algo bueno salió de esto. Creo que les hizo darse cuenta un poco más de que no podían terminar con el programa porque hay mucha gente que trabaja en medicina», apuntó.

De los casi 700.000 beneficiarios de DACA, casi 30.000 son empleados del sector de la salud.

Rubio fue traída por sus padres a EE.UU. a los 6 años y escogió ser enfermera porque siempre le interesó la anatomía y la medicina.

«Nos llegan pacientes que solo hablan español y cuando ven que soy bilingüe se ponen muy contentos (…). No solo puedo ayudar a hispanos, pero me gusta mucho esa parte de mi trabajo, que puedo ayudar a mi gente».

Ahora que el gobierno de Trump no ha conseguido acabar inmediatamente con el programa, Rubio va a intentar conseguir una autorización para poder viajar fuera de EE.UU. por primera vez.

«Pero quizá eso lo haga cuando tengamos un nuevo presidente», precisó.

Cómo surgió DACA

El programa DACA les otorga a los dreamers un permiso temporal de trabajo que, al igual que la protección contra la deportación, debían renovar cada dos años.

Los jóvenes que califican para el programa deben cumplir una serie de requisitos educativos y no tener antecedentes penales.

Son personas que crecieron, estudian y trabajan en Estados Unidos, país al que consideran su casa.

El programa lo gestiona el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) dependiente del Departamento de Seguridad Nacional y Obama firmó la orden ejecutiva que lo puso en marcha en junio de 2012.

El expresidente fue criticado por tomar la vía ejecutiva para una decisión de tal magnitud, ante lo que él alegó que el bloqueo del -cuyas dos cámaras estaban entonces en manos de los republicanos- le impidió acometer una reforma migratoria integral.

Los requisitos para acogerse al programa son:

  • haber entrado en el país antes de cumplir los 16 años y antes de 2007,
  • estar escolarizados o licenciados del ,
  • tener menos de 31 años el 15 de junio de 2012,
  • no haber sido condenados por algún delito ni suponer una amenaza para la seguridad nacional.

DACA no ofrece un estatus legal ni abre un camino a la ciudadanía.

En noviembre de 2014, Obama anunció cambios al programa para incluir a los inmigrantes indocumentados que hubieran entrado en el país antes de 2010 en lugar de 2007 y eliminar el requisito de los 31 años de edad, pero un fallo de un tribunal federal bloqueó estas últimas medidas.

El presidente Trump, que ha hecho del combate a la inmigración irregular uno de sus principales pilares, prometió que terminaría con DACA por considerarlo ilegal e inconstitucional.

El exfiscal general Jeff Sessions anunció en septiembre de 2017 la rescisión del programa, pero la medida quedó en el aire a la espera de la resolución de la Corte Suprema que se produjo este jueves.

Mayoría mexicana

Según cifras del USCIS, desde 2012 unas 800.000 personas han sido beneficiarias del DACA.

De estas, unas 40.000 solicitaron y obtuvieron un permiso de residencia permanente, popularmente conocido como greencard, y unas 70.000 no quisieron o no pudieron renovar el permiso cuando este venció.

Así, para septiembre de 2017, cuando Trump decidió poner fin al programa, el USCIS estimaba que había unos 690.000 beneficiarios activos.

Un 90% de ellos vienen de América Latina.

De acuerdo a los datos oficiales, los mexicanos representan casi 80% de todos los dreamers con unos 548.000 beneficiarios del DACA.

Los tres países siguientes también son latinoamericanos: El Salvador, Guatemala y Honduras, que cuentan con más de 10.000 nacionales bajo el amparo de este programa.

La lista, no obstante, también incluye a un número sustancial de ciudadanos asiáticos, comenzando con los llegados de Corea del Sur (7.310), Filipinas (3.880) o India (2.640).

En total, disfrutan de los beneficios del programa jóvenes de unas 150 nacionalidades distintas.

 

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