Estoy a favor de enjuiciar y meter a la cárcel a todos los funcionarios corruptos de gobiernos pasados, incluso expresidentes. Basta ya de la impunidad que tanto daño le ha hecho a este país. Pero, para eso, no se necesita una consulta popular. Se requiere voluntad política y capacidad de perseguir judicialmente a los presuntos culpables. El gobierno de López Obrador no tiene ni lo uno ni lo otro. Por eso me temo que, al final de este sexenio, después de mucho show mediático, no veremos a ningún expresidente tras las rejas.
No sé si voy a votar en la consulta porque ya sé cuál va a ser el resultado: una mayoría de mexicanos aprobará una pregunta confusa y mal redactada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En todo caso, si me animo a ir ese día a las urnas, votaré que “sí”.
¿Y luego qué va a pasar?
¿Vamos a ver juicios de algunos expresidentes?
Corremos el riesgo, muy real, de que todo esto sea puro ruido y nada de nueces.
A mí lo que importa es que este gobierno dé una prueba de fortalecimiento del Estado de derecho. Yo quiero un juicio de verdad. Uno donde la fiscalía presente pruebas sólidas para indiciar a los involucrados. Que un juez las admita para comenzar un proceso donde se respete el derecho al debido proceso de los inculpados. Un juicio oral donde escuchemos a fiscales y defensores. Que, al final, un juez le dé la razón a la parte acusadora al haber presentado mejores argumentos y pruebas y, en este sentido, sentencie a los inculpados a la cárcel. Quiero ver la imagen de peces gordos de gobiernos pasados, incluyendo expresidentes, entrando a un penal acusados por corrupción.
Eso sí sería una transformación de la vida pública del país. No requerimos una consulta popular para eso. Si el gobierno quiere un cambio de este tipo, que actúe ya.
Hay que recordar que el propio Presidente ha dicho que él votará en contra en la consulta. Cree que no vale la pena enjuiciar a los expresidentes porque prefiere ver al futuro que detenerse en el pasado. Yo pienso lo contrario: mientras haya impunidad, seguirá la corrupción.
Aunque AMLO vaya a votar en contra en la consulta, la solicitó porque se trata de una maniobra política rumbo a las elecciones intermedias de 2021. Y es que su gobierno no tiene buenos resultados que presumir. En lo económico, estamos en la peor crisis económica desde la Gran Depresión. El manejo gubernamental de la pandemia del covid-19 ha sido catastrófico (uso el adjetivo que ellos pusieron sobre la mesa). Han sido incapaces de resolver la inseguridad y la violencia. De acuerdo con las encuestas, la corrupción sigue rampante para los ciudadanos de a pie.
Nada mejor, entonces, que salirse de estos temas y concentrarse en un juicio popular de gobiernos pasados. Para eso es la consulta.
Lo increíble es que una mayoría de ministros de la SCJN haya validado esta maniobra electoral. Que haya privilegiado consideraciones políticas que la defensa del Estado de derecho.
El jueves pasado, los mejores argumentos los presentaron los ministros que estaban en contra de la constitucionalidad de la consulta. Claros, contundentes y bien fundamentados. En una nuez: la justicia no puede consultarse, sino aplicarse.
Perfecto. Pero ganó una mayoría que presentó argumentos sibilinos para darle al Presidente su consulta. Eso sí, cambiaron la pregunta. La descafeinaron y maquillaron para tener una mayor apariencia constitucional. Todo y nada cabe ahí. Mi maestra de español diría que esa pregunta parece un chorizo en un florero.
Lo que vimos el jueves pasado es una maniobra política de la Corte. No interpretaron la Constitución, sino que hicieron una chicana para quedar bien con AMLO. Algunos ministros entraron ahí para seguir las instrucciones presidenciales. Otros simplemente le tienen pavor al Presidente. No es gratuito. AMLO tiene mucho poder para doblarlos. Envía piquetes a su recinto para presionarlos. Ya logró que un ministro renunciara porque le congelaron sus cuentas y lo amenazaron con perseguirlo judicialmente. Con una cómoda mayoría en el Congreso, les podría recortar su presupuesto. Y lo más grave es la intimidación de reformar las leyes y la Constitución para debilitar a la SCJN.
Mejor, entonces, apaciguar a AMLO. Evitar el enfrentamiento con el Ejecutivo. Darle la consulta, pero modificar la pregunta para salvar algo de cara.
La realidad es que los doblaron. Ingenuamente, la mayoría de los ministros creyeron que así sosegarán al Presidente. Me temo que están equivocados porque AMLO es uno de esos políticos que, cuando huelen sangre, proceden a devorar a sus víctimas hasta dejarlos en los huesos.
Twitter: @leozuckermann
