El Senado mexicano ha aprobado este miércoles a la mañana la extinción de 109 fideicomisos y con ellos, la estructura financiera que permite cientos de investigaciones científicas en el país. El polémico proyecto de ley suscitó en los últimos días numerosas protestas en las que decenas de investigadores y académicos alertaron de un importante retroceso en ciencia. “Esto significa volver 30 años para atrás”, reclama Martín Aluja, premio nacional de ciencia en 2013. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la aprobación de su proyecto de ley alegando que estos instrumentos no tenían control. “La defensa de esos fideicomisos y de esos fondos era la defensa de la corrupción. Así de claro”, dijo el mandatario en su rueda de prensa diaria. Entre los proyectos académicos que deberán echar el cierre o restringir su alcance sustancialmente están el mayor estudio actual sobre migración en México, una prometedora investigación sobre las causas de la esclerosis múltiple, una sobre cómo revertir los efectos de las sobredosis de drogas o estudios para hacer la producción agrícola más competitiva en el mercado de las exportaciones.
Alberto Hernández dirige el Colegio de la Frontera Norte, un centro de estudios de alto nivel especializado en migración. La extinción de los fondos, asegura, golpeará de lleno todas sus actividades, algunas de ellas realizadas en convenios con Naciones Unidas e instituciones estadounidenses. “Si el fideicomiso no existe, vamos a tener muchos problemas para operar”, dice. La investigación más importante que llevan es la mayor encuesta que hay actualmente sobre flujos migratorios en México y se realiza en las fronteras. El estudio de cuánta gente entra y sale, con qué fin, cuántos retornan al país y en qué condiciones lo hacen, sirve de base de datos para los Gobiernos de México y el Departamento de Estado de EE UU a la hora de tomar decisiones en política migratoria, asegura.
El problema principal que presentan los científicos ante el fin de los fideicomisos es tener que amoldar su trabajo al año fiscal que, aseguran, solo opera entre octubre y febrero. “Tienes que gastar todo el presupuesto que te dan entre esos meses. Ahora va a haber meses en los que no se podría realizar la encuesta de migración, por lo que vamos a tener que cerrarla porque no podemos parar el estudio, tiene que ser algo continuo. Y, ¿con qué dinero le vamos a pagar a la gente que está en la frontera?”, dice Hernández. La extinción de la estructura financiera, asegura, también abre un panorama incierto sobre cómo van a gestionar los subsidios otorgados por instituciones internacionales, como la Organización Internacional para las Migraciones, con quien recientemente han cerrado un acuerdo.
La doctora Martha Espinosa Cantellano, del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav), dirige un prometedor estudio sobre qué desata los síntomas de esclerosis múltiple, la principal causa de discapacidad en jóvenes en México. Con la reforma aprobada este miércoles deberá limitar su trabajo, que se enfilaba como una novedosa investigación de peso internacional, y dar por cerrado el estudio con los datos que recolectó hasta ahora. “Podríamos tener mucho impacto en la sociedad y nos están atando de pies y manos”, dice molesta. “Es muy importante para nuestros jóvenes. Voy a tener que salir a buscar financiación por otro lado”, agrega. Solo en Cinvestav, 123 proyectos serán afectados.
De los 109 fideicomisos eliminados, 91 corresponden a fondos dedicados a la investigación científica y tecnológica, que manejan alrededor de 25,000 millones de pesos (1.180 millones de dólares). El Gobierno se ha empeñado en tildar a todas estas estructuras públicas como corruptas. La presidenta del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, María Elena Álvarez-Buylla, afirmó este miércoles que habían descubierto desvíos millonarios. Los científicos afectados critican que metan a todos en el mismo saco, algo que califican de demagogo. En respuesta, López Obrador aseguró que ha instruido a su Gobierno a realizar una auditoría amplia a todos los fideicomisos y presentar las denuncias penales que correspondan ante la Fiscalía. “Es sumamente injusto que nos vean como corruptos, sobre todo porque somos auditados por la Secretaría de Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación”, reclama Silvia Cruz Martín del Campo, doctora en farmacología.
Martín del Campo es jefa del Departamento de Farmacobiología del Cinvestav y dirige un estudio sobre estrategias para revertir los efectos de las sobredosis de opioides. Su trabajo, asegura, es fundamental en esta época en que el consumo de fentanilo en el país va en alza. El fin de los fideicomisos implicará para ella que su trabajo quede restringido solo al ámbito académico. “Nuestras investigaciones están basadas en problemas de la sociedad y ahora no nos va a alcanzar para poder trasmitir a la sociedad ese conocimiento”. La científica, que trabaja además en un proyecto con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), afirma que deberá maniobrar para poder comprar las sustancias que le faltan para terminar su trabajo. “No tener alternativas al año fiscal es un retroceso, los fideicomisos permitían reaccionar con investigaciones a la coyuntura”, dice. Un ejemplo de eso fueron los estudios desarrollados ante la emergencia de la pandemia del coronavirus.
A la biotecnóloga Brenda Valderrama, de la sede de la UNAM en Morelos, le cancelaron uno de sus proyectos. Valderrama estaba lista para comenzar un estudio sobre el pulgón amarillo cuando lo dieron de baja. Esta plaga nueva en México, cuenta, afecta a los productores agrícolas más pobres y, a la larga, le termina saliendo más caro. “No resolver este tema cuesta al campo solo del Estado de Morelos 132 millones de pesos al año por pérdida de cosecha de sorgo”, dice. La medida sancionada provocará, según ella, que el país pierda competencia en la academia internacional. “No valorar el conocimiento técnico nos va a llevar a una fuga de talentos”.
Karla Sandoval es un inusual caso del talento científico fugado de México que ha vuelto. Fue repatriada desde Stanford donde trabajaba como investigadora post-doctoral en antropología. El objetivo de su vuelta era formar a más estudiantes en su línea de investigación y ensanchar el legado científico de su país. Sandoval se plantea ahora volver a marcharse. “Yo voté por López Obrador y fue el peor error porque creí que él defendería la ciencia”, sentencia. Sandoval pretendía aplicar a un fideicomiso para secuenciar el genoma de los yacimientos arqueológicos de la región del bajío. “Tendré que buscar financiación internacional y aceptar que no hay ciencia hecha en México”, lamenta. Informa Micaela Varela.
El caso de Martín Aluja es quizás uno de los más emblemáticos. Su investigación a principios de siglo sobre las plagas que atacaban al aguacate de Michoacán permitió a México introducir el producto en el mercado de Estados Unidos, recuerda. “Yo vivía en el exterior cuando me fueron a buscar por esto y cuando lo logramos, me dieron un millón de dólares para seguir mis investigaciones. Ese dinero está aún en el fideicomiso, y se ha multiplicado”, dice el académico, que ocupó además la dirección del Instituto de Ecología (Inecol), también afectado.
La extinción del fideicomiso del Inecol le genera a Aluja la misma duda que a muchos: cuál es el camino de retorno del dinero de esos fondos, si es que vuelve, como ha prometido el partido de López Obrador. “Yo ahora tengo los recursos, pero probablemente me los quiten. Además, cuando haya crisis, lo primero que se va a usar es el dinero de la ciencia”. Con la aprobación en el Senado, tendrá que paralizar todas sus actividades, entre ellas, una investigación sobre el combate de plagas del aguacate hass, uno de los principales productos de exportación del país. Deberá también echar a unas 15 personas y ya se plantea marcharse del país. “Estoy buscando opciones fuera, duele mucho, pero es el impacto que tienen estas medidas”.
