“En lo que va del sexenio del presidente López Obrador, es difícil encontrar un campo de la política pública que no haya sido tocado o alterado por ese instituto que desprecia lo avanzado, lo conseguido, lo construido, por generaciones anteriores, actitud que no soluciona, sino que profundiza los síntomas de nuestras patologías previas.” Así resumen Ricardo Becerra y José Woldenberg la gestión del tabasqueño que está a menos de un mes de cumplir 2 años en el libro “Balance temprano”, una compilación de 18 ensayos que reúne el análisis de varios especialistas en diferentes áreas de gobierno y función pública.
El texto, editado por Grano de Sal, una editorial joven que recién cumple 3 años, urge una evaluación del rumbo que ha tomado el país, a partir de datos y hechos, a fin de combatir la idea “que el gobierno tiene de sí mismo” al “asumir que por haber ganado unas elecciones se encarna ‘la voluntad del pueblo‘ y por lo tanto está permitido hacer cualquier cambio o alteración en las instituciones y en la vida pública”.
En materia económica, Rolando Cordera y Enrique Provencio, aseguran que para aliviar las crisis económicas, como la generada por la pandemia de COVID-19, es necesario que la política económica se adapte para “propiciar una recuperación sostenida y, sobre todo, para introducir correcciones de más largo alcance que favorezcan un mejor curso de desarrollo”. Sin embargo, para los ensayistas resulta sorprendente que, ante la situación extraordinaria impuesta por la emergencia sanitaria, “las respuestas gubernamentales de política económica y social apenas hayan variado su rumbo y quedaran prácticamente inalteradas”.
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La economía mexicana ya completaba cuatro trimestres consecutivos en decrecimiento económico. (Foto: INEGI)
Al terminar el primer trimestre del 2020, “la economía mexicana ya completaba cuatro trimestres consecutivos en decrecimiento económico. En conjunto, el Producto Interno Bruto de 2019 tuvo un decrecimiento de 0.3% anual”, que se vio acentuado por la caída de los precios del petróleo, y las dificultades que representó la amenaza de suspender el Tratado de Libre Comercio por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Entre las medidas económicas positivas que Cordera y Provencio destacan del gobierno de la “4T”, se encuentra la mejora en los salarios que representó el aumento al salario mínimo. “La decisión de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos de diciembre de 2019 se adoptó en línea con el objetivo de conseguir que, hacia mediados de la década, el mínimo alcance el nivel equivalente al costo de lo que necesitan dos personas para superar la línea de bienestar que calcula el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)”, y constituyó el elemento base de la confianza de los consumidores, en conjunto con la política de asignación directa de transferencias monetarias a la población de ingresos más bajos, que mantuvo la economía a flote durante el 2019.
Sin embargo, en la búsqueda del recorte de gastos para lograr que que el presupuesto favoreciera a los grupos de población de menores ingresos, se adoptaron medidas “sin estimar bien las consecuencias, y en el camino, se afectó a la misma población que buscaba beneficiar.”
“Era y sigue siendo necesaria, sobre todo ante las urgencias de recuperación, distinguir en las prácticas anticorrupción, o la llamada austeridad republicana, y la austeridad económica. Esta última es nociva para el desarrollo social y para la salud económica general, pues deprime la demanda y sobre todo, termina afectando la infraestructura y los propios servicios de educación y salud, los de abasto de agua y de calidad ambiental, los servicios de electricidad y los de vivienda, entre otros, tal y como viene ocurriendo desde hace años”, escriben los analistas.
Antes de la pandemia, la previsión oficial para el 2020, era que la economía mexicana crecería en 2%, una cifra menor a lo que Andrés Manuel López Obrador había prometido en campaña de entre 4 y 6% para el 2024. Sin embargo, seis meses después de iniciada la pandemia, la falta de una política económica nacional integrada y explícita frente a la crisis, de apoyo al empleo y al aparato productivo, manteniéndose en el marco del programa de acción definido para 2020, ha generado pronósticos de un descenso de hasta un 10% en el PIB nacional, mientras que la recuperación de las finanzas, a niveles al menos de 2018, se espera alcanzar entre el 2025 y 2026.
Ante este escenario, los especialistas aseguran que, de no integrarse un plan de recuperación emergente, el efecto de fondo podría “extenderse y marcar el paso generacional, sobre todo de la población joven.”
Para los analistas son 5 las prioridades principales que deben ocupar un lugar primordial en el nuevo presupuesto de egresos de la federación: el fortalecimiento de las instituciones de salud y las políticas contra la pobreza, como la inversión pública y privada, la promoción productiva y la defensa del empleo, el desarrollo regional y la reforma hacendaria. Sólo un replanteamiento de la estrategia de desarrollo y un programa inmediato de recuperación, permitirá que la economía de nuestro país y, por lo tanto, de los ciudadanos, vea una salida a la crisis que, desde hace décadas, se cierne sobre su desarrollo.
