Sabemos que en su infinita ignorancia y desmemoria, López Obrador hoy hace caso omiso de las razones por las cuales se crearon un buen número de instituciones autónomas en México, o se dotó de autonomía a varias más preexistentes. Este fue un país de partido único durante casi 70 años. La agenda democratizadora, es decir, de poner un término al régimen de partido único, consistió en parte en retirarle al gobierno —es decir al partido— el mando sobre el conjunto de instituciones del Estado.
A diferencia de otros regímenes autoritarios, bajo los cuales se produjo una ruptura radical con el orden anterior, en México se conservó una gran cantidad de características del autoritarismo de antes. Nadie —ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD, ni ahora Morena— quisieron ver al régimen previo como un sistema que debía ser por completo desmantelado. Se optó —todos optaron, desde Zedillo hasta AMLO, pasando por Fox y Calderón— por la vía de los parches, del gradualismo, de la media ruptura medio pactada. Esto implicaba necesariamente quitarle poder al gobierno, para que pudiera haber alternancia dentro del sistema. Esto no fue ni Europa del Este, ni España, ni siquiera Chile. Las autonomías en México son producto del tipo de transición que se escogió, y en parte también, desde luego, de tendencias globales.
Si López Obrador es incapaz de entender lo primero, es aún menos apto para comprender lo segundo. Su provincianismo y simplismo no le permiten ver que en otros países, la creación de entes autónomos fue para evitar males mayores. Por ejemplo, a propósito del INAI y la transparencia, la Freedom of Information Act de 1967 en Estados Unidos surgió en alguna medida para evitar las filtraciones a la prensa. Las comisiones de competencia o antimonopolios se crearon para que no fuera el gobierno —siempre en peligro de ser capturado— que tuviera que enfrentar directamente a lo que desde Marx se llamaban los grandes trusts. Y muchas Comisiones de Derechos Humanos Nacionales u ombudsmen han surgido a lo largo de los últimos decenios para limitar —no siempre para bien—la mirada externa ante violaciones de derechos humanos.
En otras palabras, si López Obrador logra su cometido, en alianza con parte de la oposición, de destruir las instituciones autónomas tanto reglamentarias como constitucionales, no solo revertirá buena parte del progreso democrático del país, sino que también generará una tendencia contraria y contraproducente, ante sus propias intenciones.
Ilustración: Víctor Solís
Si no hay INAI, habrá filtraciones como antes (y las sigue habiendo). Pero sobre todo, las organizaciones de la sociedad civil y los medios, a quienes tanto detesta el presidente, llenarán el vacío, como lo hacen ahora con la corrupción de sus hermanos, primas y cuates. Si no hay Cofece, las instancias antimonopólicas de naciones con las que México ha firmado acuerdos de libre comercio (sobre todo Estados Unidos, pero también Canadá, la Unión Europea y Japón) llenarán el vacío; lo mismo sucederá con el IFT. Si no hay CNDH digna del nombre (la actual no lo es), Amnesty International, Human Rights Watch, el Departamento de Estado y el Parlamento Europea llenarán el vacío.
Y si a López Obrador se le ocurriera recolonizar al INE y al Banco de México, la sociedad civil mexicana, los gobiernos interesados en la democracia en México (por buenas o malas razones) y el Fondo Monetario Internacional y en menor medida el Banco Mundial llenarán el vacío.
López Obrador parece pensar que en todos estos asuntos, “otro mundo es posible”, como le encantaba decir a su héroe Fidel Castro. Para China, tal vez. Para países como el nuestro, no. Su atentado contra las autonomías resultará pernicioso para la democracia, sin duda, pero también fútil. ¿Por qué se parecen tanto los Estados modernos? ¿Por el neoliberalismo, o por la globalización? Lo primero es ficción o combatible, a un costo. Lo segundo, no. Aunque a AMLO no le guste.
