La política tiene la capacidad de autonomizarse de la sociedad y lo hace. Eso parece un contrasentido para los que tienen una imagen optimista sobre la política, que creen que debe ser el instrumento de la sociedad para llevarla hacia la felicidad, sin embargo, la política es un retrato de la realidad, porque al ser manejada por seres humanos, con frecuencia por arriba del bien general fuera de los casos de altruismo, responde a sus apetitos, aspiraciones, ambiciones, egoísmos, y estos difieren histórica, geográfica y culturalmente, así que esa autonomía es relativa y coyuntural, aunque las marcas que va adquiriendo con el tiempo se vuelven difíciles de borrar, y algunas complican los cambios.
La actual discusión mexicana sobre la necesidad de revisar los “organismos autónomos” invita a discutir sobre varios rasgos de la política:
1) En política no hay un principio de inmutabilidad, las circunstancias cambian y con ellas los comportamientos, ensoñaciones e instituciones.
2) El cambio en política es lento y normalmente se rezaga de los cambios económicos y sociales.
3) El cambio en política es diverso, no tiene reglas precisas, ni plazos perentorios. A un período de larga estabilidad puede seguir uno de cambio acelerado.
4) La profundidad de los cambios es relativo.
5) No todos los cambios son adecuados para todos; los cambios afectan de distinta manera a distintas personas y grupos sociales.
6) La resistencia al cambio es relativa.
7) Las circunstancias que dan lugar a procesos e instituciones cambian, sería una necedad exigir la prevalencia y permanencia de instituciones cuándo las circunstancias han cambiado.
8) Hay coyunturas que facilitan la continuidad, mientras que otras reclaman el ajuste de instituciones y procesos.
9) El espíritu conservador busca mantener el status quo.
10) El cambio puede darse de diferente manera, ya sea radical o estructural, o bien con modificaciones cosméticas, o ser más complicado, por ejemplo, el cambio de Instituto Federal Electoral a Instituto Nacional Electoral (INE) puede verse desde dos perspectivas: es cosmético porque cambia de nombre mientras reproduce los vicios del IFE, pero es estructural porque centraliza el manejo electoral del país destruyendo los elementos federalizantes que requiere la vida democrática en un país como México.
El presidente López Obrador ha llamado a la revisión (desaparición) de los así llamados organismos autónomos. Lo primero que hay que responder es:
11) Son autónomos de qué o de quién. Esta es una pregunta central, porque hasta ahora han sido materia de negociación y reparto entre partidos políticos, y los escogidos para entrar a la burocracia dorada tienen la obligación de responder ante quién los puso en el puesto. Esos organismos fueron un elemento para consolidar la partidocracia, lo que los aleja del manejo democrático y los autonomiza de la sociedad.
12) Si los organismos fueron creados para responder ante anomalías y/o conflictos, es de suponer que al resolverse aquellos han perdido su razón de ser. Por otra parte, si a lo largo del tiempo no resolvieron la anomalía, por qué suponer que podrán hacerlo en el futuro.
Tomo dos temas para abordar este último punto.
Se creó el Instituto Federal Electoral (IFE) ante la queja de fraude electoral facilitado por la intromisión del gobierno en el manejo y control de las elecciones, ya que controlaba desde el registro de los electores hasta el conteo de los votos, sin embargo, 27 años después de la creación del IFE hubo fraude electoral en Chihuahua y se ha denunciado que en el contexto de las reformas estructurales de Peña Nieto el gobierno intercambio gubernaturas por votos legislativos del PAN. El silencio del INE ante las denuncias de fraude es ensordecedor, trátese del fraude de 2006 que ha sido ampliamente documentado, o ante fraudes en elecciones locales como el caso de Chihuahua.
La ley electoral determinó el financiamiento público para los partidos políticos para evitar la llegada de dinero sucio en las campañas, trátese de aportaciones ilegales de fuentes “legítimas” como de empresarios, o de aportaciones de fuentes “ilegítimas” como las provenientes del crimen autorizado.
El resultado fue que se convirtió la política electoral en negocio, se crearon partidos negocio, se hicieron fortunas al cobijo de fondo públicos electorales y no se cerró la puerta al dinero criminal, como han atestiguado diversos criminales. La respuesta del IFE/INE ha sido multar a los partidos políticos, como si la multa subsanara la distorsión política del mal manejo de los fondos públicos.
Como parte de esta monetización de la política debe mencionarse el dispendio en esa institución, los sueños pantagruélicos como construir un nuevo edificio por 1,000 millones de pesos, el conflicto para no acatar la ley que limita el nivel de los salarios y la evidente falta de solidaridad con un país abatido por la pandemia y la crisis económica.
Los consejeros del INE son conservadores que se niegan a la reforma que reclama la sociedad, pero los aires de cambio recorren México y tal vez les llegue antes que tarde.
