No entiendo la necedad del jefe del Ejecutivo de ampliar el mandato de Arturo Zaldívar al frente de la SCJN hasta el 2024. Esa imposición —no cabe otra palabra— viola la Constitución, destruye prestigios, trastoca la división de Poderes, juega en contra de la 4T.
El actual presidente de la Corte está debilitado. Sin éxito ha cabildeado —uno por uno— con casi todos los ministros, para sacar adelante su causa. Tarea imposible. Están muy divididos.
Se han formado grupos al interior de la SCJN. Hay, incluso, un “bloque de resistencia” contra este golpe del Ejecutivo y el Legislativo al Poder Judicial.
La SCJN está en crisis por este tema. Así no le sirve al país. Mucho menos al proyecto del presidente López Obrador.
El primer mandatario tiene otras opciones para suceder al “inmaculado” Zaldívar, sin violar la Carta Magna.
Existen otros ministros identificados con su proyecto que asegurarían una sucesión más tersa: Juan Luis González Alcántara, Yasmín Esquivel o Margarita Ríos Farjat.
En diciembre llega un cuarto ministro o ministra, que será elegido por la mayoría de Morena y sus rémoras en el Senado. Suple a Fernando Franco, quien pasa a retiro.
López Obrador podría, incluso, hacer un gesto hacia las mujeres. En los 200 años de existencia de la Corte, nunca ha presidido ese tribunal constitucional una ministra.
Nos dicen que hay tres personajes que le hablan al oído al Presidente de la República y podrían hacerlo reflexionar sobre este tema: El senador Ricardo Monreal, el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, y el propio Arturo Zaldívar.
El presidente de la Corte lograría un control de daños si vota en contra de la ampliación de su mandato, como propone la reforma aprobada por el Senado.
Lo podría hacer cuando llegue al pleno la acción de inconstitucionalidad de la oposición contra esa reforma, lo que se da por hecho. Seguiría a la casi segura aprobación de la minuta en la Cámara de Diputados.
Zaldívar, por cierto, ya convocó a reunión presencial a los diez ministros, apenas se apruebe el inconstitucional transitorio en San Lázaro.
Algo insólito en estos tiempos de crisis sanitaria. Sólo una vez se han reunido en forma presencial desde que se decretó la emergencia por el covid-19, allá por marzo del 2020.
* La suerte de Félix Salgado Macedonio parece echada. El proyecto del magistrado Indalfer Infante prevé ratificar el retiro de su candidatura a gobernador de Guerrero, por no haber presentado informe de precampaña
Habrá que ver si el magistrado presidente del TEPJF, José Luis Vargas, mantiene su postura de restituirle la candidatura o se inclina por la ley electoral, que es muy clara: no se le dará registro al aspirante que no haya presentado el citado informe.
Félix, por cierto, puso ayer una denuncia ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la que solicita un “juicio ciudadano” en contra de los seis consejeros del INE que votaron a favor de cancelar su candidatura.
Los consejeros denunciados son: Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Carla Humphrey, Claudia Zavala, Dania Ravel y Jaime Rivera Velázquez.
Los acusa de haber violado su derecho a ser votado.
* Soy asiduo lector del periódico El País. Todas las mañanas abro con interés la aplicación de su portal. Casi nunca me defrauda. Ayer, sin embargo, me llamó la atención una nota de portada: Un senador mexicano planeó cobrar en Andorra 127 millones (de euros) de Petróleos de Venezuela.
El señalado senador es el priista Heriberto Galindo. Lo buscamos. Nos mandó copia de la carta que envió al editor de El País, Javier Lafuente. Imposible reproducirla en su totalidad. No hay espacio.
La resumo: No se realizaron depósitos ni transferencias en ningún banco; no se realizó ningún proyecto, no se firmó contrato, no se recibió remuneración alguna.
Dice el diario que el proyecto se canceló en 2011. luego de que ni Galindo ni su socio, acudieran a una reunión en la banca privada de Andorra. Lo admite el propio diario. ¿Cuál es la nota?
* El tema de los niños y adolescentes migrantes no acompañados, en condición de estancia irregular, se descontrola en la frontera sur. Su número se incrementó en 100 por ciento entre febrero y marzo de este año, según datos oficiales. Oro puro para los traficantes de menores.
El Instituto Nacional de Migración, que depende de la Segob, parece que se puso las pilas. Anuncia que se van a habilitar 17 albergues en Chiapas y Tabasco para protegerlos y brindarles atención.
Suena bien. Veremos…
