El lunes, en este espacio, mencionaba cómo López Obrador se había convertido en víctima de una regla que él promovió. Me refería a la absurda prohibición a los gobernantes, incluyendo el Presidente, de hacer campaña abiertamente a favor de su partido durante el periodo electoral.
YYo creo que López Obrador tiene todo el derecho a decir lo que se le pegue la gana, a ejercer su libertad de expresión, tal y como lo tenía el presidente Fox en 2006 cuando hizo campaña a favor del PAN. Sin embargo, eso, en aquel momento, no le gustó nada al actual Presidente. Mandó a callar a Fox (“cállate, chachalaca”) y, luego de perder los comicios presidenciales, presionó al Congreso para reformar la ley y ponerles una mordaza a los gobernantes durante las campañas. Hoy las autoridades electorales le están exigiendo que él mismo se ponga esa mordaza. Y el Presidente está furioso por eso.
Los que creen en Dios dirán que se trata de justicia divina. Yo, en cambio, pienso que estamos frente al típico caso de un grupo político que cambia la ley sin pensar que ellos tendrán que cumplirla en el futuro.
Ahora tenemos otro caso.
A raíz de la segunda derrota de López Obrador en las urnas en 2012, la coalición que lo postuló quería anular los comicios bajo el argumento que el ganador, el priista Enrique Peña Nieto, había rebasado el tope de los gastos de su campaña. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) les dio la razón, pero no pudo anular las elecciones porque carecía del dictamen de fiscalización de las cuentas de Peña que debía elaborar el Instituto Federal Electoral. Y no fue culpa del IFE el no tener dicho dictamen, sino de los amplios plazos que la ley de entonces exigía a los partidos para presentar sus cuentas.
Ergo, vino la reforma electoral de 2014, y los lopezobradoristas exigieron plazos más estrictos para presentar las cuentas de precampañas y campañas a fin de que el INE pudiera sacar rápidamente los dictámenes. Así quedó la nueva ley añadiendo castigos muy duros a los que incumplieran los plazos.
Fast-forward al 2021. Dos precandidatos de Morena, el partido gobernante de López Obrador, no presentan los informes de gastos de sus precampañas en los tiempos y formas que exige la ley. El INE, entonces, aplica la norma que ellos promovieron y les retira el registro como candidatos a gobernador de Guerrero a Félix Salgado Macedonio y a Raúl Morón a gobernador de Michoacán.
Los afectados se quejan argumentando que es injusto. Pues sí, pero como dicen los abogados, dura lex sed lex. Y resulta que esta lex la promovieron ellos mismos en 2014.
El TEPJF le da la razón al INE. Salgado y Morón sí realizaron precampaña y no presentaron sus informes de gastos. Los magistrados ratifican el castigo: no podrán ser candidatos.
¿Se trata de un castigo desmesurado?
Quizá. Pero, insisto, fue el lopezobradorismo el que presionó para que la ley quedara así. Nunca se imaginaron, supongo, que llegaría el día que les tocaría que se las aplicaran a ellos.
Así que el Presidente sufre porque lo quieren callar y Salgado y Morón porque no serán candidatos. López Obrador y sus seguidores piensan que esto es parte de un complot de las autoridades electorales para afectarlos en las elecciones que vienen. No. Las autoridades solo están aplicando las leyes aprobadas por el Poder Legislativo. Ni más ni menos.
El grupo político de López Obrador nunca pensó que la democracia es un juego repetitivo. Hoy se puede estar de un lado y mañana del otro. Hoy se puede ser oposición y mañana gobierno. Por eso, las reglas de la democracia liberal deben diseñarse tomando en cuenta esto. El lopezobradorismo se equivocó. Diseñó camisas de fuerza y ahora están enfurecidos porque se las han puesto a ellos. Que no se quejen.
Twitter: @leozuckermann
