Al momento de escribir este artículo había 24 fallecidos y 79 heridos por el accidente en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México. Sabemos lo ocurrido gracias a videos que se hicieron públicos de inmediato. Pasaba el tren y, de repente, colapsó la estructura elevada donde corría la línea. Dos de los vagones se desplomaron.
Ayer entrevisté a Sergio Alcocer, investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM, para entender cómo debe hacerse el peritaje a fin de deslindar las responsabilidades. Serán expertos los encargados de sacar las conclusiones de acuerdo a la evidencia empírica. Resulta ocioso y tendencioso especular hasta que no se tenga el dictamen pericial. De acuerdo a Alcocer, una primera versión podría estar lista entre cuatro y seis semanas. La jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, ya anunció que la investigación la llevará a cabo la empresa noruega DNV GL.
Una vez que se tengan los resultados, habrá que definir quiénes son los responsables jurídicos. Pudo ser un problema en el diseño, construcción, mantenimiento o una combinación de éstas.
Por ley, este tipo de obras públicas cuentan con supervisores, quienes son corresponsables de los errores. Ya veremos cómo judicializa la Fiscalía de la Ciudad de México este asunto y a quién procesa por responsabilidades administrativas e incluso penales.
En todo caso, al momento, lo interesante está en las responsabilidades políticas del accidente. No podemos abstraernos que estamos a un mes de las elecciones más grandes de la historia del país. No es gratuito, en este sentido, que veamos cómo, por un lado, sale la oposición a medrar con esta tragedia y, por el otro, los gobiernos capitalino y federal a realizar control de daños. No podía ser diferente.
Algunos lopezobradoristas caracterizan como “carroñeros” a los que criticaron una obra que se construyó durante el gobierno de Marcelo Ebrard en el Distrito Federal y que colapsó en el actual, de Sheinbaum. Ambos, lo sabemos, son posibles candidatos presidenciales para 2024.
La crítica a la oposición de aprovechar una tragedia con fines electorales es válida. Pero hay que recordar que lo mismo hizo López Obrador cuando sucedieron los accidentes de la Guardería ABC de Hermosillo, durante el sexenio de Calderón, y el socavón de Cuernavaca en el de Peña. Ayer, los “carroñeros” fueron ellos; hoy, se quejan amargamente de lo mismo. Así es la política.
El tema de la responsabilidad política va a causar, de nuevo, un debate muy interesante. ¿Qué tanto se puede señalar a los altos mandos gubernamentales cuando ocurre un accidente que mata a personas?
Quiero recordar que uno de los artífices de este debate es nada menos que el actual presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, hoy tan cercano al presidente López Obrador.
Hace once años, Zaldívar estuvo a cargo de la investigación del accidente en la Guardería ABC de Hermosillo por posibles violaciones graves a los derechos humanos. En su presentación, el ministro consideró que la Suprema Corte “es la última esperanza para las víctimas de la arbitrariedad, la negligencia y el abuso del poder y es, también, la única institución con fortaleza constitucional para fijar precedentes que impidan que violaciones graves a los derechos fundamentales sigan ocurriendo”.
El proyecto de Zaldívar consideraba responsables del incendio que mató a 49 niños a Daniel Karam, exdirector del IMSS; a su antecesor y entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar; al exgobernador de Sonora, Eduardo Bours; al expresidente municipal de Hermosillo, Ernesto Gándara, y otros funcionarios federales, estatales y municipales, de menor jerarquía.
Cito el dictamen de Zaldívar sobre las responsabilidades de Molinar y Karam: “estaban obligados a implementar las medidas necesarias a fin de que el servicio cumpliera con las disposiciones legales aplicables, se prestara en las mejores condiciones posibles y garantizara el desarrollo y la salud de los infantes”.
El Pleno de la Corte rechazó declarar responsables a Molinar y Karam. La votación fue de siete a cuatro. La actual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, votó con la minoría.
Una reforma de 2011 trasladó la facultad de investigar casos de posibles violaciones de derechos humanos de la Corte a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Habrá una pesquisa sobre el accidente del Metro? ¿Se revisará el papel de Ebrard y Sheinbaum? No lo creo.
Twitter: @leozuckermann
