Se tardaron los sindicatos norteamericanos, pero hoy presentaron el primer recurso contra una empresa en México por violar las normas laborales incluidas en el T-MEC. Digo que se tardaron porque la AFL-CIO se había comprometido a hacerlo durante los primeros cien días de la administración de Biden, y han transcurrido casi 120 días.
Ilustración: Víctor Solís
La empresa de autopartes Tridonex de Matamoros (propiedad de una compañía de Filadelfia, a su vez controlada por un fondo canadiense) ha sido denunciada ante las autoridades correspondientes en Estados Unidos por despedir a más de 600 trabajadores, por impedir la afiliación de los trabajadores a un sindicato independiente y por mantener un sindicato “de protección” o charro o blanco, según la terminología que cada quien prefiera.
El recurso echa a andar el mecanismo de “respuesta rápida” dispuesto por el T-MEC. Los quejosos, que incluyen a la organización Public Citizen’s Global Trade Watch y al sindicato mexicano SNITIS dirigido por Susana Prieto Terrazas, denuncian a la empresa por no permitir la elección de sus dirigentes sindicales ni la ratificación del contrato colectivo de trabajo. El mecanismo permite que se interpongan quejas por violación de las normas laborales en una fábrica en particular.
El gobierno de Estados Unidos debe determinar si existen pruebas suficientes para iniciar el procedimiento; en caso de haberlas, el gobierno de México debe revisar los alegatos. Luego sigue la instalación de un panel, que determina si hay sanciones o multas contra la empresa, que pueden llegar hasta la prohibición de seguir exportando a Estados Unidos.
Fuentes citadas por los medios norteamericanos sugieren que los sindicatos escogieron a esta empresa, en este momento, en Matamoros, porque consideran que es la que promete mayores posibilidades de éxito. El gobierno de Biden puede darle curso a todo el mecanismo, o hacerse de la vista gorda. La petición sindical se entrega a la Oficina de Comercio y Asuntos Laborales, que dispone de treinta días para decidir si hay bases para la queja. El proceso entero, incluyendo las consultas con el gobierno mexicano, no puede durar más de cinco meses. Por eso se llama de “respuesta rápida”.
Ahora bien —y aquí se pone buena la historia— dicha oficina pertenece al Bureau of International Labor Affairs dentro de la Secretaría del Trabajo. Ésta delibera en coordinación con la oficina de la United States Trade Representative, que negocia los acuerdos de libre comercio de Washington con otros países. Biden nombró a ese cargo de gabinete a Katherine Thai, antes la abogada comercial del Comité de Gasto de la Cámara de Representantes, con mayoría demócrata, y que estuvo muy involucrada en las negociaciones entre los congresistas demócratas, el gobierno de Trump y el gobierno de López Obrador. Tiene fama de dura y de progresista en estos asuntos.
En segundo lugar, hoy mismo el gobierno de Biden anunció la designación de Thea Lee como directora del Bureau of International Labor Affairs. Anteriormente fue encargada de relaciones internacionales de la AFL-CIO. La recuerdo muy bien de aquellos años cuando, entre otros, Carlos Heredia y yo luchamos contra el NAFTA de Salinas y por un acuerdo que incluyera disposiciones laborales y ambientales mucho más rigurosas que las que quedaron. Junto con Lori Wallach de Public Citizen’s Global Trade Watch (uno de los firmantes ya mencionados de la demanda), Lea era quizás la activista más eficaz y radical en aquellos años (1992-93) en el intento —fallido— por modificar el TLCAN.
Yo soy partidario de la mayor vigilancia, fiscalización, escrutinio y mirada externas en México en un sinnúmero de asuntos. Van desde los clásicos en materia de derechos humanos, observación electoral (por fin la SRE aceptó una pequeña delegación de la OEA para el 6 de junio) y defensa de la democracia, hasta temas más novedosos como lo son las relaciones laborales, el cambio climático y la defensa del medio ambiente y la lucha contra la corrupción. Aplaudo las clausulas del T-MEC y del recién revisado acuerdo con la Unión europea que van en esa dirección. Pero no sé si el gobierno de López Obrador y los empresarios mexicanos que lo acompañaron —o no— en el último jalón de la negociación sabían, ellos, en lo que se metían. Suerte con Thea Lee.
