Un grupo de militares en retiro conformaron una planilla política para contender a todos los cargos públicos de un importante suburbio de Ciudad de México en las elecciones del próximo domingo, algo inédito que tiene lugar en medio de una creciente presencia de las fuerzas armadas en la vida pública del país.
Aunque los analistas estiman que se trata de algo meramente anecdótico y con pocas posibilidades de prosperar o reproducirse, el tema genera suspicacias en un momento en el que se habla de una creciente militarización de México y cuando el 40% de los ciudadanos dice estar algo o muy de acuerdo con un gobierno encabezado por militares, según una encuesta reciente sobre cultura cívica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Con el lema “#FuerzaMilitar”, 28 militares en retiro -16 mujeres y 12 hombres- comenzaron a idear en marzo cómo incursionar en la política activa de su localidad, Naucalpan, un suburbio al noroeste de la capital con más de 800.000 habitantes.
La candidatura está avalada por el Partido Encuentro Solidario (PES), una agrupación de tintes evangélicos que ha sido aliada del presidente Andrés Manuel López Obrador. En los comicios del domingo, en los que se renueva la Cámara de Diputados y se eligen 15 gobernadores y miles de cargos locales, el PES prácticamente se juega su futuro, por lo que no ha dudado en elegir a los candidatos más variopintos para evitar su desaparición.
Según los candidatos militares, no se trata de una apuesta partidista – el proyecto fue presentado a varias agrupaciones antes del PES- sino de un proyecto “apolítico” con el que pretenden dar respuesta a los problemas de seguridad y corrupción que hay en el municipio mediante un modelo de gestión, orden y jerarquía que aprendieron en el ejército.
“Podemos empezar como base en Naucalpan, donde vamos a buscar la paz y la justicia social para posteriormente diseminarlo a nivel nacional”, afirmó Reyes Robles, general retirado y candidato a diputado federal, a The Associated Press.
Este militar, el de de mayor rango en la planilla y con 45 años de servicio, rechazó tajantemente que se esté militarizando la vida política de México y recordó que todos los integrantes de la candidatura están ejerciendo un derecho constitucional como cualquier otro ciudadano dado que ya no están en activo.
“Nuestro país no se militariza”, afirmó. “Sencillamente nuestros gobiernos, cuando la política falla, se recargan en las fuerzas armadas por la organización y la capacidad de dar respuesta a los problemas que enfrentamos”.
El capitán Oscar E. Hernández Mandujano, también aspirante a un escaño en la Cámara de Diputados, recordó que los militares, aunque no dejen de serlo, se jubilan muy pronto y después deben seguir con una vida civil. Equiparó salir del ejército a dejar cualquier universidad, sólo que con un “modelo de gestión nacional” marcado por los valores castrenses.
Las fuerzas armadas siempre han sido un poder en la sombra de todos los gobiernos mexicanos con los que había un acuerdo no escrito según el cual el Ejecutivo no se metía en cuestiones militares y los militares no se inmiscuían en el gobierno.
El expresidente Felipe Calderón (2006-2012) los sacó a la calle al lanzar la guerra frontal contra el crimen organizado. Después, distintos gobiernos locales y estatales optaron por poner al mando de sus policías a militares en retiro con el fin de aprovecharse de su experiencia, opción que redujo la violencia en algunos lugares pero también conllevó denuncias por abusos en otros.
Desde su llegada al poder en diciembre de 2018, López Obrador asignó más tareas que nunca a las fuerzas armadas y ahora ya no sólo se encargan de combatir al crimen organizado sino a la construcción de grandes infraestructuras, el control de las aduanas o la distribución de medicamentos, entre otras actividades. Además, militares en retiro fueron nombrados en puestos clave del Instituto Nacional de Inmigración.
El gobierno justificó todas estas decisiones en que los militares son supuestamente más confiables pero no han estado exentos de polémica. A finales de 2020, Salvador Cienfuegos —exsecretario de Defensa mexicano con el presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018)— fue acusado de narcotráfico por fiscales estadounidenses. Posteriormente retiraron los cargos por la presión del gobierno mexicano y acabaron devolviendo al general a México, cuya fiscalía no encontró nada sospechoso y desechó rápidamente la investigación.
Distintos colectivos civiles y hasta Naciones Unidas han alertado de una creciente militarización del país pero la línea roja siempre fue la política.
“A los militares no les gusta involucrarse en política”, dijo a la AP Juan Ibarrola, experto en temas militares. A su juicio, “no les conviene y no lo necesitan” porque ya tienen suficiente poder y por eso han tenido mucho cuidado de no hacerlo. Según el analista, desde hace más de una década hay un soldado y un marino con escaños en la Cámara de Diputados por distintos partidos que, aunque están en retiro, tienen el visto bueno de las fuerzas armadas y siempre buscan su beneplácito, pero ese no es el caso de la candidatura de Naucalpan. “Ese no es un evento que el ejército promueve”, aseguró.
Hernández Mandujano dijo que nunca pidieron permiso para postularse aunque, si ganan, si prevén “informar” de sus intenciones.
“El gran problema de nuestro país es la falta de organización”, afirmó el general Robles. Por eso, a su juicio, su experiencia militar fue vista por la ciudadanía más como una fortaleza que como un miedo.
Las encuestas no les favorecen, pero Hernández Mandujano celebró que “ya hubo eco”. “Ya nos han buscado muchos generales, jefes de tropa”. Por eso no descartan, en un futuro, poder crear un nuevo partido político.
