El INEGI sugiere que los programas del Gobierno federal, benefician más a los ciudadanos ricos.
A principios de la pandemia, Andrés Manuel López Obrador, Presidente del país, resistió presiones de parte del sector privado y se negó a crear nuevas ayudas enfocadas a los desempleados, argumentando que sus programas sociales serían suficientes.
Un año después, la pandemia provocó los mayores niveles de pobreza desde 2014: un total de 55.7 millones de pobres, 7 por ciento más que en 2018 y la pobreza extrema ha escalado hasta los 10.8 millones, un salto del 24 por ciento.
El daño a la economía mexicana, con su peor contracción desde 1932, todavía no sana del todo: el producto interno bruto (PIB) sigue por debajo de donde se ubicó en 2019.
El «primero los pobres«, lema favorito del mandatario, pierde pie si se divisan los datos; a pesar de que 3 de cada 10 mexicanos reciben transferencias de los programas federales, todo apunta a que estos están fallando.
ONG y analistas independientes aseguran que en comparación con el Gobierno anterior, el gasto social de López Obrador ayuda a menos personas en pobreza, beneficia a más hogares ricos y deja sin protección a quienes perdieron su empleo por la crisis del coronavirus.
El Gobierno asegura que el 95 por ciento de las personas que viven en pobreza extrema reciben, a través de estos programas, ayuda económica, aunque el INEGI sugiere que no es así.
