Termino hoy una serie de artículos sobre la iniciativa de reforma constitucional en materia energética, presentada por el Presidente. Toca el tema de cómo esta reforma es un retroceso para la transición energética que nos colocaría como un país que va a contracorriente en el combate al cambio climático.
Soy de una generación que nos valía gorro el tema de la contaminación producto de la utilización de energías fósiles. Sin embargo, a lo largo de los años, ante la evidencia abrumadora del peligro que corre el planeta, hemos tenido que hacernos cada vez más conscientes de la urgencia de utilizar energías limpias como la eólica y fotovoltaica. Llevo muchos años entrevistando a expertos en cambio climático, entre ellos tres mexicanos extraordinarios como Mario Molina (Q.EP.D.), Julia Carabias y José Sarukhán. Ellos me han convencido que todos los países tienen que actuar ya para bajar las emisiones de carbono y detener el cambio climático, una de las grandes amenazas para la humanidad.
México es uno de los signatarios del Acuerdo de París, cuyo objetivo es mitigar los Gases de Efecto Invernadero (GEI) y limitar el calentamiento global en no más de dos grados centígrados. Firmamos compromisos “no condicionados” que debemos cumplir con dinero propio con el fin de “reducir en 22% las emisiones GEI y en 51% de las emisiones de carbono negro para 2030 con respecto al escenario tendencial”. En cuanto a los compromisos “condicionados” a recibir apoyos financieros, técnicos y tecnológicos del mundo, la obligación es “reducir hasta en un 36% las emisiones GEI y 70% las de carbono negro”.
La gran mayoría de los países está en pleno proceso de sustituir las energías fósiles por limpias. Es el caso de Estados Unidos, ahora que llegó Joe Biden a la Presidencia, la Unión Europea, el Reino Unido y hasta de China, que tiene un gran problema de contaminación.
La contrarreforma eléctrica que está proponiendo López Obrador va en sentido contrario.
Hoy la Comisión Federal de Electricidad (CFE) genera el 38% de la electricidad. De prosperar la iniciativa de López Obrador, la CFE tendría que generar por lo menos el 54 por ciento. Para lograr este objetivo, la empresa del Estado tendría que utilizar viejas plantas que funcionan con carbón, combustóleo o diésel que no sólo son caras, sino muy contaminantes. Producirían una gran cantidad de gases de efecto invernadero que calentarían la atmósfera. Un desastre ambiental con la consecuencia de que México no podría cumplir con los objetivos a los que se comprometió en el Acuerdo de París quedando en ridículo frente a la comunidad internacional.
La reforma de López Obrador, además, propone que la transición energética en México la lidere la CFE, lo cual producirá un claro conflicto de interés. Por un lado, la empresa tendría que utilizar sus viejas plantas contaminantes y, por el otro, procurar la mayor utilización de energías limpias. Son objetivos incompatibles.
Agréguese que la reforma establece un concepto de transición energética “soberana”. Increíble hablar de nacionalismo para resolver un problema global. El gobierno pretende que sólo participen las empresas de capital nacional en este esfuerzo con una política industrial donde el Estado apoyaría en la manufactura de equipos y tecnologías de energías limpias. A inventar el hilo negro. Que no vengan los extranjeros a vendernos sus aerogeneradores o paneles solares, sino que unos mexicanos descubran algo “nuevo” financiados por la banca de desarrollo. Esto, desde luego, viola los derechos de las empresas extranjeras contemplados en los tratados de libre comercio que tiene México.
Otra más. La reforma de López Obrador pretende eliminar los Certificados de Energía Limpias (CEL). Estos títulos son emitidos por la Comisión Reguladora de Energía para acreditar que se ha producido un monto de energía eléctrica a partir de energías limpias (eólica, solar, geotérmica, hidráulica). Si un productor no cumple con ciertos estándares de contaminación, puede salir al mercado a adquirir CELs de otro productor que los haya generado con energías limpias. De esta forma, el gobierno se asegura que se van cumpliendo los objetivos de reducir las emisiones de dióxido de carbono y los compromisos internacionales. Bueno, pues López Obrador quiere desaparecerlos, lo cual es otro golpe para el combate del cambio climático, además de que contraviene lo contemplado en el nuevo tratado comercial con Estados Unidos y Canadá.
En términos ambientalistas, la iniciativa del Presidente es un gran retroceso. Espero ver pronto las movilizaciones de las organizaciones ecologistas para rechazar que México vaya a contracorriente en el combate al cambio climático.
Twitter: @leozuckermann
