De aprobarse la reforma eléctrica se afectaría la economía y la salud de las familias mexicanas por sus repercusiones medioambientales, aseveró la American Chamber of Commerce of México y sus más de mil empresas afiliadas.
“Los consumidores mexicanos necesitan energía confiable, de fuentes diversas y a precios accesibles; la Reforma constitucional en materia energética afecta la competitividad de México”, enfatizó la AmCham en un comunicado.
Advirtió que el cambio constitucional también vulnera el cumplimiento de tratados internacionales como el Tratado entre México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) y afecta a la industria eléctrica en su conjunto, restándole competitividad, por lo que enfatizaron que también traerá afectaciones a la reactivación económica nacional y regional que impulsan los gobiernos de México y Estados Unidos.
La AmCham señaló que su aprobación afectará negativamente el clima de confianza y certidumbre sobre todo en inversiones que se hicieron a largo plazo, ya que la propuesta de reforma “no planea respetar” los contratos hasta su vencimiento y propone eliminarlos a su entrada en vigor.
Detalló que la eliminación de reguladores energéticos como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), así como desaparecer el mercado eléctrico mayorista e imponer cuotas de mercado contravienen los compromisos adquiridos por México en el T-MEC.
Además, subrayó que reducirá la diversidad de opciones de suministro eléctrico, lo que genera preocupación en las empresas del sector privado, riesgos de desabasto y podría aumentar el costo final de energía en los hogares mexicanos.
“Al potencialmente aumentar los costos energéticos de las cadenas productivas en suelo mexicano y afectar negativamente la confianza de los inversionistas, México perdería la oportunidad de ser una economía pujante y competitiva, además comprometería la prosperidad de la región de América del Norte”, enfatizó.
La Amcham también criticó que se deje en manos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la transición energética del país y que se enfoque en un generador único con capacidades limitadas de generación limpia, “impidiendo que México logre sus compromisos internacionales en el Acuerdo de París, el Acuerdo en Materia de Cooperación Ambiental entre México, Estados Unidos y Canadá, en el marco del T-MEC y el acuerdo de los Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable”.
En su posicionamiento, la AmCham pidió a los legisladores que discutirán y eventualmente votarán la reforma constitucional, “que antepongan la economía de mexicanos; la competitividad de la industria, que genera nueve de cada 10 empleos; el respeto al derecho humano a un medio ambiente sano y la salud, así como al Estado de derecho en su conjunto”.
“En AmCham estamos convencidos de que la mejor forma de fortalecer la seguridad energética y competitividad del país es a través de la participación complementaria de diferentes empresas de los sectores público y privado que, en un ambiente de libre concurrencia y reglas estables, compitan para ofrecer energía limpia, confiable, resiliente y a precios asequibles a los hogares y empresas mexicanas”, apuntó.
Igualmente ofreció a los legisladores revisores de esta reforma constitucional y del gobierno federal, el conocimiento técnico de nuestra Red Nacional de Comités para analizar en conjunto la propuesta legislativa ya que expresó que “el diálogo constructivo con la iniciativa privada es clave para identificar las mejores alternativas en materia energética para el bienestar de los mexicanos y la competitividad de las empresas, priorizando siempre la prevalencia del Estado de derecho”.
