Entiendo que el presidente López Obrador quiera castigar a los delincuentes fiscales —en especial los que venden facturas de servicios inexistentes con el fin que los compradores paguen menos impuestos— para desincentivar la evasión e incrementar la recaudación. Pero eso no justifica considerar esta actividad como un acto que atenta contra la seguridad nacional que, por tanto, merezca prisión preventiva, es decir, que el presunto incriminado esté obligado a permanecer encarcelado durante todo su juicio. Y, como sabemos, en México los juicios son larguísimos por lo que una persona puede pasar años enteros de su vida tras las rejas para que luego lo absuelvan con un “usted disculpe”.
Por eso, celebro la decisión de la Suprema Corte de Justicia al declarar inconstitucional los artículos de la Ley de Seguridad Nacional que establecían como amenazas a la seguridad nacional los actos ilícitos en contra del fisco federal y las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales que ordenaban la prisión preventiva oficiosa para “los delitos de contrabando, defraudación fiscal, sus equiparables y los relacionados con la expedición, enajenación, compra y adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados”.
La mayoría de los ministros consideró que los legisladores se excedieron en esta medida, ya que la prisión preventiva es y debe ser “una medida cautelar excepcional que sólo puede dictarse cuando existe un riesgo comprobado de que la persona evadirá la acción de la justicia o afectará la investigación, sin que sea suficiente la peligrosidad del sujeto o el tipo de delito, pues de lo contrario se vaciaría de contenido el derecho a la libertad personal y a la presunción de inocencia”. La Corte, por tanto, ha considerado que dicha prisión oficiosa contravenía los derechos humanos consagrados en nuestra Constitución.
Al presidente López Obrador no le gustó el fallo de la Suprema Corte. “No estoy de acuerdo, desde luego, creo que es seguir protegiendo a las minorías y castigando sólo a los que no tienen agarraderas, influencias, y que no tiene con qué comprar su inocencia, no me parece bien”, afirmó el Presidente, y añadió, “se trata de delincuentes de cuello blanco, entonces no pueden ir a la cárcel los fifís”.
Efectivamente, con esta sentencia, no irán a la cárcel los acusados de delitos fiscales durante su juicio, pero, como me dijo ayer Raquel Buenrostro, jefa del SAT, esto no significa que los culpables comprobados sí pasen algunos años en la sombra. En otras palabras, el SAT, la Procuraduría Fiscal y la Fiscalía General de la República deberán hacer investigaciones sólidas que terminen con sentencias condenatorias para los inculpados.
La resolución reciente de la Corte nos recuerda lo injusto que es la prisión preventiva en México, sobre todo para los más pobres. Tiene toda la razón el ministro presidente de la Suprema Corte al afirmar en un tuit: “La mayoría de las personas sujetas a prisión preventiva oficiosa son de escasos recursos. Se trata de una condena sin sentencia que, por regla general, castiga la pobreza. Debemos avanzar hacia un sistema que establezca la prisión preventiva como excepcional”.
Datos de un estudio del CIDE e INTR demuestran que en 2020, el año del confinamiento por la pandemia de covid-19, “se registró el aumento promedio más grande de la tasa de encarcelamiento de personas en centros penitenciarios desde 2005”. Las mujeres tienden a ser más encarceladas que los hombres.
Y, en cuanto a la prisión preventiva, de acuerdo con un reporte de Animal Político e Intersecta, “el 70% de las personas en prisión preventiva son pobres, tienen trabajos precarios, sólo tienen educación básica (hasta secundaria) y debían trabajar siete días para sobrevivir. Llegaron a la cárcel acusadas de haber cometido un robo o poseer pequeñas cantidades de droga para vender. Sin dinero para pagar un abogado o abogada privada, dependen de las defensorías públicas, quienes tienen cientos de casos simultáneos que resolver”.
Ésa es la verdadera radiografía de la prisión preventiva en México. Lo tiene muy claro el ministro Zaldívar. Lo debería tener el presidente López Obrador. Si de verdad se quiere castigar a los delincuentes fiscales, las autoridades deben realizar investigaciones sólidas que lleven a los inculpados a la cárcel porque se demostró su culpabilidad más allá de una duda razonable.
Twitter: @leozuckermann
