Todos tenemos derecho a ser felices, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador al anunciar la regularización de autos chocolate en Michoacán.
Y estoy seguro que ellos (los industriales del sector automotriz) van a entender que necesitamos buscar el bienestar de todo el pueblo, no ser egoístas y no solo estar pensando en los negocios, que no nos domine la ambición del dinero.
De esa manera el Jefe del Ejecutivo dejó ver con claridad cuáles son sus razones para llevar a cabo la legalización de lo ilegal. Con el estado de Michoacán, el presidente de México, inicia lo que ya había anticipado desde que anunció la regularización de los autos chocolate en los estados fronterizos del país; regularizar autos chocolate en todo el país.
Por cierto, aunque ya se publicó el decreto respectivo, todavía no existen las reglas para llevarlo a cabo.
El derecho a la felicidad del pueblo mexicano y evitar el egoísmo de los sectores productivos, son los elementos discursivos que utilizó el Presidente de la República para regularizar los autos chatarra que se introducen al país ilegalmente.
Al parecer el Presidente no está informado del origen del contrabando automotriz y los daños que causa al país.
Los argumentos presidenciales, sin lugar a dudas, tienen una explicación político-electoral. Pero no tienen una racionalidad económica, porque va en contra de la formalidad de la economía y, en consecuencia, del empleo, del derecho, del medio ambiente y hasta del erario federal.
Mantiene una idea romántica respecto a que los vehículos son introducidos por los “paisanos” o que su adquisición es la única forma que tienen los pobres para movilizarse y “ser felices”.
En la industria automotriz, tienen claros cinco razones en contra de la regularización de los autos ilegales:
1.- El eje de la movilidad, aún en los países de mayor poder adquisitivo, debe de ser el transporte público.
Esto es lo económicamente más eficiente para el país, sustentable para el ambiente y justo socialmente.
2.- Los vehículos en México, nuevos y usados, son más económicos que en Estados Unidos y por lo tanto no hay ventaja económica de importar vehículos usados a México dentro de los que se venden para circular en aquel país.
Los vehículos que se introducen a México son desechados en EU por daños graves.
3.- La gente común no introduce vehículos ilegales.
El contrabando automotor está controlado por el crimen organizado. Detrás de ese ilícito negocio, hay: lavado de dinero, contrabando paralelo, de armas y dinero, corrupción a funcionarios, deterioro de la recaudación fiscal, entre otras consecuencias constitutivas de delito.
La legalización beneficia en primer lugar y directamente al crimen organizado.
4. Los vehículos introducidos por los paisanos son minoría dentro de este fenómeno.
Los paisanos realizan la importación temporal cuando visitan México y la mayoría cumplen con el retorno. Se calcula que se quedan ilegalmente alrededor de 15 mil al año.
5. La basura automotriz contamina en exceso la franja fronteriza norte, donde se focaliza su uso. Las ciudades fronterizas tienen más contaminación atmosférica que el Valle de México.
Proporcionalmente a la población, las ciudades fronterizas registran más accidentes con los impactos correspondientes en salud, incapacidades físicas, muertes y daños económicos.
Las familias que utilizan estos vehículos están obligadas a gastar en exceso por uso ineficiente de combustible (lo que provoca mayor contaminación) y gastos de mantenimiento.
Todo esto afecta al país entero; sin embargo los más afectados son los más pobres. Los términos expresados por el Presidente para llevar a cabo la regularización son violatorios del marco jurídico, por ejemplo instruir que se “reciba una cooperación” de sólo 2,500 pesos, sin distinción de año y modelo. Esto surgió de una petición del ex gobernador Jaime Bonilla en una gira política, pero no ha podido ser concretado en un ordenamiento jurídico por parte del SAT, SHCP y Economía.
En Michoacán reaccionó igualmente a la petición del gobernador Ramírez Bedolla y ofreció en la plaza pública algo que distorsiona la legalidad.
