El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Luis González Alcántara, admitió a trámite la controversia constitucional que interpuso el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en contra del decreto de Presidencia en materia de proyectos de infraestructura.
La suspensión parcial de la Corte va a evitar que se clasifique como reservada, por razones de seguridad nacional, la información pública de las obras insignia de este gobierno, es decir, de proyectos como la refinería Dos Bocas, el Tren Maya y el Aeropuerto Felipe Ángeles.
“Es procedente la suspensión para que se suspendan todos los efectos y consecuencias del acuerdo impugnado que deriven en catalogar la información detallada en éste como de interés público y/o seguridad nacional, sin cumplir los supuestos que las leyes respectivas prevén para este efecto”, dijo el ministro del máximo tribunal.
Esta cancelación surtirá efectos de forma inmediata, sin necesidad de que el INAI otorgue garantía alguna. La Suprema dio un plazo de 30 días para que el Ejecutivo presente su respuesta y remita copia certificada de los antecedentes que integran el acuerdo impugnado.
El INAI presentó el 9 de diciembre una controversia constitucional ante la SCJN por el llamado “decretazo” presidencial del 22 de noviembre, el cual declaró los proyectos emblemáticos del gobierno como asuntos de seguridad nacional.
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— Arturo Zaldívar (@ArturoZaldivarL) December 14, 2021
