Ningún funcionario, ni federal ni local, ni de órganos autónomos o del Poder Judicial de la federación, tiene un salario superior, ni siquiera igual, al del presidente de la República. Sin embargo, desde que se aprobó una norma que ilegalmente recortó sueldos y suprimió prestaciones de la alta burocracia, se ha vuelto un lugar común usar como referencia el salario nominal del presidente para acusar de dispendiosos, egoístas, interesados, mezquinos y hasta corruptos, a los funcionarios que pudieron resistirse a renunciar a los sueldos que habían alcanzado.
Hoy se utiliza un manipulado concepto del salario presidencial para impulsar la cacería mediática contra los consejeros del INE, pero antes se hizo lo mismo para presionar a los ministros de la Corte, a los magistrados de Circuito, a los jueces de Distrito, a los consejeros del INAI, al gobernador y a los subgobernadores del Banco de México y hasta a los directivos y profesores de tiempo completo, muchos con varias décadas de antigüedad, de las principales universidades públicas del país; la UNAM en primer lugar.
En México el salario se integra por la remuneración en metálico, más todas las prestaciones que recibe un trabajador. Esta no es una teoría sino una norma de derecho laboral consagrada en la Ley Federal del Trabajo.
El salario del presidente, del que siempre se habla y con el que se compara el de otros funcionarios para hostigarlos, es el monto del cheque o la transferencia que Andrés Manuel López Obrador recibe cada quincena de la Tesorería de la Federación, pero también la suma de todas las prestaciones que tiene asignadas a su favor como titular del Poder Ejecutivo Federal. Así, los alrededor de 140 mil pesos mensuales que López Obrador recibe por nómina, son solo una parte, ni siquiera la más abundante, del salario presidencial. A esa cantidad hay que sumarle el equivalente en dinero de todas las prestaciones inherentes al cargo. El total de esa suma es el verdadero monto del salario presidencial.
El presidente vive en un Palacio de dimensiones que no tiene ningún otro inmueble para vivienda en el país. Aunque en la construcción hay muchas oficinas, también hay múltiples salones y espacios privados de uso exclusivo del presidente, sus colaboradores y su familia; un jardín interior maravilloso, una decoración incomparable conformada por muchas obras de arte de valor histórico incalculable, patios de grandes dimensiones, salones para reuniones, estacionamiento enorme y muchos espacios dedicados a la residencial presidencial, al menos parcialmente. El costo de rentar un inmueble con las características, ubicación incluida, del Palacio Nacional, es parte del salario del presidente porque éste no paga ninguna renta por vivir ahí. Rentar en un inmueble así la parte de un inmueble que ocupa el presidente como vivienda, puede costar fácilmente 300 mil pesos al mes.
Ni el presidente, ni su esposa, gastan un solo peso del salario en metálico en comprar comida. La Presidencia de la República provee los alimentos para la familia presidencial y sus invitados en cualquier ocasión. Llenar esa despensa , en la que nunca pude faltar nada y todo es de primerísima calidad, no puede llevarse menos de 150 mil pesos mensuales. El servicio profesional de cocina y limpieza, pues es evidente que ni el presidente ni su esposa preparan comida ni limpian la casa, pues ambos tienen cosas más interesantes que hacer, no puede estar por debajo de los 100 mil pesos mensuales.
El presidente tampoco gasta en comprar o arrendar un automóvil para él y otros para su familia, además de que no maneja pues tiene choferes a su disposición. Los vehículos en que se traslada, camionetas blindadas completamente justificadas porque se debe garantizar su seguridad, deben costar por concepto de renta por lo menos otros 100 mil pesos al mes. El costo estimado del arrendamiento de esos vehículos, además del salario del o los choferes que utilice, que no debe ser menor a los 30 mil pesos mensuales sumados si se consideran dos operadores, también es parte del sueldo del presidente porque es una prestación para su comodidad y seguridad.
El presidente no gasta en servicio médico y tampoco se atiende en el ISSSTE. Él y su familia tienen a su disposición el servicio médico, de excelencia por cierto, del Hospital Militar con los mejores especialistas que ahí laboran. Más aún, el presidente siempre tiene un servicio médico y una ambulancia a su disposición este de gira o se encuentre en sus oficinas de Palacio Nacional. ¿Cuánto cuesta tener un equipo médico de excelencia, no un solo doctor, a disposición en la habitación contigua, las 24 horas del día? ¿Barato? Otros 250 mil pesos mensuales por lo menos. ¿Cuánto puede costar tener una ambulancia completamente equipada estacionada en el garaje de la casa con todo y paramédicos e integrada todo el tiempo al convoy presidencial, ? Otros 200 mil pesos mensuales.
Ni el presidente ni su familia gastan en comprar ropa. Existe una partida presupuestal para el vestuario del mandatario y de sus dependientes económicos y los trajes que usa el presidente tampoco son de marca libre. Algún ex colaborador ha expresado que cuando era jefe de Gobierno del DF, Andrés Manuel López Obrador usaba trajes del diseñador italiano Antonio Solito. Una estimación tan conservadora como las anteriores, podría ubicar el monto de esa partida para vestimenta en 100 mil pesos mensuales.
Sin considerar otros gastos menos frecuentes como vacaciones, aunque un presidente descansa poco y en realidad no vacaciona, un cálculo sumamente bajo integraría el salario presidencial así:
Sueldo 140 mil
Vivienda 300 mil
Alimentos 150 mil
Servicio doméstico 100 mil
Vehículos 100 mil
Choferes 30 mil
Servicio médico 250 mil
Ambulancias 200 mil
Vestimenta 100 mil
El total de ese listado alcanza la cifra de un millón 370 mil pesos mensuales. Esa, también conservadoramente, es una cantidad más realista, con sustento legal además, para hablar del salario del presidente.
Con ese monto es con el que se debe comparar el salario del resto de los integrantes del servicio público, incluidos no solo consejeros electorales o del INAI, ministros de la Corte, magistrados de circuito y jueces de Distrito, embajadores y cónsules, rectores de universidades públicas, directores de facultades, profesores de tiempo completo e investigadores, así como directores médicos de grandes hospitales de alta especialidad.
Para apoyar el discurso populista, en los últimos tres años el periodismo oportunista ha convertido en nota el salario de los funcionarios con mayor antigüedad y nivel de especialización del servicio público. Reporteros que escriben por encargo acusan y acosan a los responsables de organizar y garantizar la imparcialidad de las elecciones, porque ganan 200 mil pesos mensuales. Lo hacen alegando falsamente que superan el salario presidencial. Lo mismo han hecho cuando existe la intención de doblegar o desprestigiar a una jueza o un juez que concede un amparo contra una decisión arbitraria de poder público que viola derechos humanos. Actúan igual cuando tratan de hostigar a quienes pretenden defender la autonomía de sus instituciones o incluso la libertad de cátedra universitaria.
A esos reporteros, alentados y seguramente premiados desde el poder, además de cobijados por su ignorancia y pobre formación, les parece indignante que el rector de la UNAM o alguno de sus investigadores de excelencia gane 150 mil pesos mensuales a pesar de tener 25 0 30 años de antigüedad en la institución, cuando el presidente gana 9 veces eso. Es curioso, pero a esos voceros del populismo salarial no les molesta que un futbolista profesional de nivel medio en México gane el triple que un rector, ni que la señorita Vilchis cobre 80 mil pesos mensuales por mal leer, con tropezones, medias verdades todos los miércoles, como parte de la conferencia de prensa del mandatario.
El presidente de México no gana 140 mil pesos mensuales y si su salario será la medida de las remuneraciones que reciben otros servidores públicos (eso debería discutirse con mayor detenimiento y profundidad porque no es correcto, ni es conveniente, ni tiene fundamento), al menos debe hablarse del salario real y total del mandatario, y no solo del engañoso monto del cheque o depósito quincenal. Juzgar a partir de cantidades parciales es desinformar, mentir y engañar para promover la devaluación del servicio público, de las instituciones y de la fortaleza de la democracia mexicana.
En cualquier empleo, el salario debe ser proporcional a la responsabilidad, pero también a la trayectoria, a la preparación, a la capacidad probada y a los resultados que entrega el empleado, no a un falso concepto de austeridad mal entendida, pues esa solo tiende a generalizar el empobrecimiento y a promover la fuga de talento.
