Un registro único de beneficiarios de los programas sociales y mayor eficiencia en el gasto social, recomendó el Fondo Monetario Internacional (FMI), además de que considera necesario incrementarlo para frenar la pobreza que la pandemia del COVID-19 aumentó en México.
“Cerrar las brechas de cobertura y limitar la fragmentación en los programas de asistencia social sigue siendo una prioridad. Un registro único de beneficiarios y una capacidad administrativa fortalecida podrían reducir las superposiciones y mejorar la focalización del gasto”, recomendó Swarnali Ahmed Hannan, economista principal en el Departamento del Hemisferio Occidental del FMI.
La pandemia podría empeorar las vulnerabilidades sociales debido en parte a la limitada protección social de México, expone en un documento de la serie Country Focus que el organismo desarrolla para sus miembros y argumenta que un gasto mayor y más eficiente en programas sociales, educación y salud reduciría las brechas socioeconómicas, mitigaría las cicatrices económicas de la pandemia y fomentaría una recuperación inclusiva en México.
Para aliviar las preocupaciones fiscales, el mayor gasto social podría estar respaldado por una mayor recaudación de impuestos a mediano plazo para garantizar que la deuda pública disminuya con el tiempo.
“En el mediano plazo, estimamos que las reformas tributarias podrían financiar un gasto de alrededor del 2 por ciento del PBI en programas sociales, educación y salud, y del 1 por ciento del PBI en infraestructura y otras inversiones públicas”, señaló.
El gasto general en asistencia social aumentó del 1.8 por ciento del PIB en 2018 y 2.1 por ciento en 2019 y el gobierno ya había presupuestado aumentos en el gasto de los programas sociales en 2020, antes de la pandemia por lo que su respuesta a ésta fue un aumento del gasto en salud y el apoyo presupuestario directo a hogares y empresas en un 0.7 por ciento del PIB, “una cantidad modesta en comparación con otras economías de mercados emergentes”, explica Ahmed Hannan.
El análisis que hace el especialista del FMI resalta los tres programas existentes en el tema de Educación y el hecho de que programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez, -a diferencia de Prospera, el programa de transferencia de efectivo condicional descontinuado que pagaba por estudiante-, el pago ahora es por familia y no está condicionado a los controles regulares de salud de los estudiantes.
“El impacto de este cambio debe monitorearse para garantizar que las tasas de deserción escolar no aumenten y que la salud y la nutrición de los estudiantes no se vean afectadas negativamente”, alerta.
Asimismo, dada la gran variación entre los estados en educación y salud, se debe dar prioridad a un mayor acceso a los programas en los estados más pobres y entre las poblaciones más desfavorecidas. En educación, la inversión en equipos, instalaciones, tecnología de la información e infraestructura moderna ayudaría a mantenerse al día con la evolución de la demanda laboral.
“Un gasto social mayor y más eficiente sigue siendo esencial para reducir las brechas socioeconómicas y asegurar una recuperación inclusiva, especialmente si se combina con reformas que mejoren el empleo y reduzcan la informalidad”, detalla.
