Un joven encapuchado entra a un banco. Se acerca a la cajera y le dice que le dé cien mil pesos en efectivo o decenas de compañeros suyos, todos con el rostro encubierto, impedirán la salida de la sucursal a clientes y empleados. Los muchachos aparecen afuera y bloquean los accesos. Son miembros de un grupo con reivindicaciones sociales justas. ¿Debe o no la cajera darle el dinero? ¿Se justifica que “recauden” así dinero por ser una causa justa? ¿Cómo tiene que responder el gobierno frente a este intento de extorsión?
Cambio los parámetros de la historia, pero sigue siendo la misma.
Desde hace años, los estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa toman varias de las casetas de la carretera México-Acapulco. Jóvenes encapuchados corren a los dependientes y los obligan a cerrar los sistemas de cobro electrónico automático. Tres de ellos se ponen en cada caseta y, cada vez que pasa un automóvil, les exigen un pago en efectivo por una cantidad menor a lo que cuesta el peaje.
Si alguien pregunta, se identifican como estudiantes de Ayotzinapa y, si el conductor es más curioso, afirman que están levantando una cuota “voluntaria” para la causa por la desaparición de 43 de sus compañeros en 2014. Una vez que se desembolsan los billetes, otro encapuchado abre la pluma para que el vehículo pueda seguir su camino. Alrededor de la caseta hay decenas de personas con el rostro cubierto vigilando la operación.
Esto ocurre con frecuencia, sobre todo en fines de semana y puentes vacacionales, cuando hay más circulación de coches por la Carretera del Sol. De acuerdo a una nota de El Sol de México, un día, los encapuchados obtuvieron unos dos millones de pesos por la toma de dos casetas. Ergo, los estudiantes de Ayotzinapa, si son ellos y no otros grupos que medran con su causa, han recaudado varios millones de pesos a lo largo de muchos años.
El mes pasado regresaba de una conferencia en Acapulco. En la primera caseta me encontré con los encapuchados. Reacio a los cotidianos actos de extorsión que uno enfrenta en México, me rehusé a pagar la cuota; como me informaron que era “voluntaria”, pues les dije que libremente no la pagaría. Me dejaron pasar sin problemas. Atrás había una larga cola de automóviles y, a unos diez metros de la caseta, estaba una patrulla de la Guardia Nacional observando sin hacer nada.
La siguiente caseta, en Chilpancingo, también estaba tomada. Bajé la ventana y dije “con todo respeto, pero no voy a cooperar voluntariamente”. El chavo se rio y me dejó pasar. En la tercera caseta dije lo mismo. Ahí el joven se puso más difícil. “Pues bájese usted a abrir la pluma”, me dijo. “Con mucho gusto”, contesté. Cuando iba a hacerlo, otro encapuchado la subió y pude circular llevándome una sonora mentada de madre.
El pasado fin de semana, la Guardia Nacional decidió impedir que los encapuchados tomaran la caseta de Acapulco. En algún momento, los manifestantes les aventaron un tráiler que iba sin chofer. Increíblemente, cruzó del otro lado de la caseta para estamparse sin dejar ni un solo muerto ni herido. Un milagro. Los videos dan cuenta de cómo muchos de los presentes creyeron que el camión iba lleno de explosivos. No era el caso, pero se vivieron momentos de mucha tensión.
La alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, ha reconocido que los muchachos transgreden la ley al tomar las casetas. Nos conmina, sin embargo, a ser empáticos con ellos debido al dolor que sufren como consecuencia de lo ocurrido hace años en Iguala, cuando la policía desapareció y el crimen organizado asesinó a 43 estudiantes.
Concuerdo con López. Tenemos que ser muy empáticos con esta historia de terror. Yo así lo he hecho en todos los espacios que tengo en los medios, incluyendo esta columna. Pero, por más justa que sea la causa, no se justifica el robo que están haciendo los estudiantes al dueño de la carretera que no es otro más que el Estado mexicano. Por eso, cuando me tocó tomar la decisión de cooperar o no, dije que no. Y los muchachos respetaron mi postura. Tengo que confesar, eso sí, que lo hice con miedo a que me agredieran. La mayoría de la gente acepta porque, por un lado, les sale más barato que pagar el peaje normal y, por el otro, para no meterse en problemas.
Si aceptamos este tipo de situaciones, mañana podrían hacer lo mismo en un banco o en cualquier otro establecimiento comercial. No es el México que queremos. Sí, hay que ser empáticos con el movimiento de Ayotzinapa, pero el fin no justifica los medios, sobre todo cuando se trata de actos de extorsión.
Twitter: @leozuckermann
