De acuerdo con la Constitución mexicana, son ciudadanos aquellas personas que cumplan 18 años y cuenten con un modo honesto de vivir. Dentro de los derechos y obligaciones que la ley suprema le atribuye a la ciudadanía, está el de votar y ser votados. Sin embargo, es importante tener presente que la participación ciudadana no se limita al ejercicio del sufragio, sino que existen distintas maneras de involucrarse en la toma de decisiones públicas, como la iniciativa de ley, el referéndum, el plebiscito, la consulta popular y la revocación de mandato. Canadá, Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Suiza son algunas de las naciones que ya han experimentado con dichas figuras.
El propio artículo 35 constitucional, en sus fracciones VIII y IX, instituye la facultad ciudadana para votar en las consultas populares y la revocación de mandato. De acuerdo con la Ley Federal de Consulta Popular, se trata de “instrumento de participación por el cual los ciudadanos, a través de la emisión del voto libre, secreto, directo, personal e intransferible, toman parte de las decisiones de los poderes públicos respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional o regional competencia de la Federación”.
Por su parte, la revocación de mandato “es el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo de la persona titular de la Presidencia de la República, a partir de la pérdida de la confianza”. La propia ley que reglamenta dicho mecanismo indica la obligatoriedad de contar con una participación mínima del 40% del listado nominal. Por lo tanto, para que el ejercicio que habrá de realizarse el próximo domingo 10 de abril tenga efectos legales se necesita que, a nivel nacional, acudan a las casillas 37,479,799 personas. Ni una menos.
Y, aunque el presidente López Obrador ha declarado que: “si la gente vota porque renuncie, me voy. No espero, no le hace que no sea el 40% del padrón que participe”; el artículo 86 de nuestra Carta Magna es muy claro al respecto, pues dicta que: “El cargo de presidente de la República sólo es renunciable por causa grave, que calificará el Congreso de la Unión”. Ya veo a los legisladores morenistas ensalzando la “noble” acción del presidente al someter su renuncia, victimizándolo y rechazándola. Mientras, “el siervo de la nación” versión chafa obedece “sumiso”, el mandato de sus parlamentarios.
De acuerdo con Mauricio Merino, la participación ciudadana es “un método que le da vida a la democracia, pero que al mismo tiempo suele complicar su existencia”, porque “sirve para formar a los órganos de gobierno, pero, de otro, es utilizada para influir en ellos, para controlarlos y, en no pocas ocasiones, para detenerlos”. Para rematar, Carlos Vilas asegura que el “populismo articula ingredientes democráticos y autoritarios”. Lo dejo a su criterio.
Por su parte, Luis Daniel Vázquez Valencia identifica cinco pautas de la democracia mexicana: corrupción, impunidad, clientelismo, negación y simulación. Dicha fórmula política no se reserva al pasado. Para muestra un botón (o varios): las vastas propiedades de Manuel Bartlett, los contratos de Zoé Robledo en el IMSS, los casos de enriquecimiento oculto en la CONADE, los sobres de Pío López Obrador, la casa gris de José Ramón López Beltrán, hasta el capricho de gastar los recursos públicos en una revocación que “nació muerta”.
“Como quiera que juegue, pierde”, se escucha la voz de Jorge Bueno (Negrete), espetarle a Pedro Malo (Infante), en la película Dos tipos de cuidado. La misma sentencia tenemos los mexicanos, pues como quiera que sea, Andrés Manuel López Obrador continuará en el poder y nosotros seguiremos perdiendo, por lo menos hasta 2024.
Post scriptum: “Del elitismo al populismo sólo media un paso”, F. R.
* El autor es doctorando en Derecho Electoral y asociado del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).
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