La Secretaría de Hacienda ha liberado datos que permiten comparar el primer trimestre de 2021 y el de 2022. De un año a otro, la recaudación de los ingresos presupuestarios totales incrementó en 151 mil 404.7 millones de pesos (mdp), un aumento de 2.2 por ciento real, impulsado en buena medida por la declaración anual de personas morales que tuvo lugar en marzo pasado. Destaca que durante los meses de enero y febrero se había observado una caída del 0.7 por ciento respecto al mismo bimestre del año anterior; por lo mismo, y pasado el efecto de las declaraciones anuales de personas físicas durante abril, podría esperarse una baja el resto del año.
En contraste, durante el mismo periodo el gasto público total creció en 135 mil 902 mdp, destacando la subida del gasto no presupuestario en 11 por ciento real en los primeros tres meses del año; y aunque el aumento en los ingresos permite tener un pequeño superávit de 15 mil mdp, puede anticiparse que el gasto público será deficitario al final del año.
El crecimiento de la captación de ingresos petroleros en 84 mil 517 mdp, contribuyó a que no hubiese una mayor disminución de los ingresos del sector público, aumentando tanto en términos nominales como reales en 41.3 por ciento y 31.7 por ciento, respectivamente. El factor que detonó este aumento fue la expansión del precio de la mezcla mexicana de exportación de petróleo derivado de la guerra en Ucrania y una mayor demanda global por combustibles, ya que no hubo cambios significativos en las cantidades producidas y exportadas en nuestro país. Por otro lado, la caída en los ingresos por la eliminación del IEPS a gasolinas y diésel fue por casi 38 mil mdp, de los cuales casi 20 mil dejaron de ingresar sólo en marzo. El propio SAT estima que ese subsidio costará al Estado casi 400 mil mdp a lo largo del año, lo que sin duda va a erosionar rápidamente el superávit observado en este primer trimestre.
Esto hace que sea urgente contar con recursos adicionales para las finanzas públicas. El problema es el poco espacio disponible para ello: 1) No se ve que el Gobierno Federal vaya a reducir el gasto social que ha enarbolado como bandera, ni tampoco que se reduzcan las obras de infraestructura consideradas como prioritarias; 2) El Presidente ha insistido en que no se aumentará la deuda pública y ha hecho pública su negativa a pedir dinero prestado; 3) López Obrador también se ha negado a crear nuevos impuestos ni se han adecuado los existentes y 4) El Gobierno Federal no tiene capacidad de emisión monetaria, y aparentemente el Banco de México cuidará más el control de la inflación –su mandato constitucional– que el financiamiento del sector público, que no es de su competencia directa, aunque sus decisiones puedan afectarlo.
El margen es estrecho, pero el Presidente quiere cumplir sus promesas de campaña: desde la inauguración del AIFA o de la refinería Dos Bocas, que se hará en la fecha comprometida, aunque no estén listos para operar totalmente, hasta intentar bajar el precio de la gasolina –lo que procurará lograr mediante la incorporación de las refinerías de Deer Park y Olmeca para aumentar la oferta– al tiempo que intenta tener finanzas públicas sanas. Sin embargo, la realidad fiscal puede complicarle el escenario esperado.
Por lo mismo, es momento de considerar la posibilidad de una reforma fiscal como una alternativa real para el Presidente. Su promesa de no aumentar impuestos tenía el colofón de no hacerlo “durante los primeros tres años”, lo cual ya ocurrió. La política de aumentar la fiscalización, que le dio 200 mil mdp durante sus dos primeros años provenientes de grandes contribuyentes, ha llegado al punto en que será más complicado y difícil de ampliar; tendrían que ir a capas más grandes, que contribuyen menos, lo cual hace menos eficiente esta estrategia.
Una reforma fiscal integral podría ser el camino adecuado a seguir. Las últimas encuestas de opinión disponibles muestran que López Obrador está en un momento oportuno para hacerlo, pues sigue presentando altos niveles de aprobación. Otro elemento importante a considerar es que no requiere mayoría constitucional, por lo que la mayoría simple de Morena en el Congreso de la Unión le bastaría en octubre próximo.
Si el Gobierno Federal lograra aumentar la recaudación el siguiente año, podría tener fondos suficientes para mantener y ampliar sus programas sociales, además de lograr las obras prioritarias pendientes como los trenes Maya y Transístmico, al tiempo que llegaría a la elección de 2024 con el gran mérito de haber cumplido sus promesas de campaña y con finanzas públicas sanas. Con este panorama, la reforma fiscal parece inminente, las preguntas críticas son qué parte de la población sería afectada por esta reforma y qué impuestos se modificarían en la discusión del paquete económico que el Presidente debe enviar a la Cámara de Diputados a más tardar el próximo 8 de septiembre.
