De no retomarse el esquema de inversión público-privada en electricidad, el país corre el riesgo de presentar un déficit en la generación ante la creciente demanda, advirtió este día el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)
“Ante el incremento pronosticado de la demanda de energía eléctrica, el país corre el riesgo de presentar un déficit de generación de no reanudar la inversión pública y privada”, planteó el Instituto en su más reciente informe.
En este sentido, consideró como necesario reforzar la infraestructura de transmisión para que crezca a un ritmo consistente con el crecimiento de la demanda eléctrica, de tal forma que las centrales eléctricas públicas y privadas que iniciarán operaciones en los siguientes años puedan atender el crecimiento de la demanda.
El Instituto bajo la dirección de Valeria Moy presentó nueve propuestas en materia eléctrica en su estudio “La energía que queremos: Infraestructura, regulación y Estado de derecho para un sector energético que detone la competitividad de México”.
En él, recomendó que la mayoría de la matriz energética esté diversificada y, para ello, se pronunció por el impulso a las redes de transmisión y de distribución eléctrica en todo el país.
“El país debe apostar por que una mayor parte de su electricidad sea generada a partir de una matriz diversa que apoye en la mitigación del cambio climático y provea energía segura y asequible a los consumidores”, expuso en un documento dado a conocer esta semana.
Lo anterior, agregó, se logra mediante redes de transmisión y de distribución eficientes y desplegadas nacionalmente, de forma que se respeten los derechos de las comunidades y se minimice la huella ambiental.
Respeto a sus propuestas, el Instituto planteó:
En primer lugar, que se cumpla con la normatividad y la regulación para el otorgamiento de nuevos permisos de generación eléctrica. También recomendó reactivar las subastas de largo plazo.
Asimismo, consideró conveniente retomar los Certificados de Energía Limpia (CEL) como instrumento para expandir la capacidad renovable del país.
Urgió en la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de la regulación para la generación distribuida colectiva, la cual ha estado pendiente desde el inicio de la actual administración.
En quinto lugar, recomendó ejercer en su totalidad los recursos aprobados para inversión en infraestructura de transmisión y distribución. En este rubro, propuso que se liberen los recursos adicionales para las empresas subsidiarias CFE Transmisión y CFE Distribución.
En séptimo lugar, aconsejó que se prioricen las inversiones en áreas de negocio donde la CFE genera utilidades.
De igual manera, exigió que se cumpla con las obligaciones en materia de inversión en infraestructura de transmisión y distribución.
Por último, recomendó aprovechar los mecanismos de financiamiento de inversión disponibles y facilitar la participación del sector privado en la inversión en infraestructura de transmisión.
En un sentido más amplio, el IMCO señaló que la política energética que ha impulsado el gobierno federal desde 2018 va en sentido opuesto de la tendencia global de transición energética, en la que las energías con menores emisiones ocupan un papel cada vez mayor.
Aún más, destacó. Esta política contraviene las inversiones que México tanto necesita para garantizar un suministro de energía confiable, limpio y asequible para ciudadanos y consumidores.
Por ello, el Instituto afirmó que “México requiere políticas públicas que promuevan un sector energético más confiable, más limpio y con precios competitivos”.
En este mismo sentido, el IMCO explicó que La energía que queremos es un estudio “que busca que el país transite con éxito de un sector anclado en los hidrocarburos a uno que sirva para robustecer mercados energéticos competitivos que generen empleos, aceleren la transición energética, atraigan industrias de alto valor agregado y beneficien a los consumidores mexicanos”.
En materia de petróleo, el organismo no gubernamental insistió en la reinstalación de las Rondas Petroleras y promover la figura de los farm-outs entre Pemex y operadores privados, además de rediseñar el funcionamiento del Fondo Mexicano del Petróleo para financiar la transición energética, entre otras.
“México necesita mercados energéticos competitivos que abonen a mayores tasas de crecimiento, que permitan descarbonizar gradualmente la economía, que fortalezcan su seguridad energética y, en última instancia, promuevan un mayor nivel de vida para los mexicanos”, concluyó.
