Ha generado mucho revuelo, y con razón, la última actuación del general secretario Luis Cresencio Sandoval, al que cada vez más le gusta jugar a la política.
La comisión de la Defensa Nacional de la Cámara de Diputados lo invitó a una reunión para explicar el hackeo de seis terabytes de información del Ejército mexicano. El titular de la Defensa se negó a acudir a la sede del Congreso y, en su lugar, invitó a la susodicha comisión a sus oficinas para platicar del tema.
Luego nos enteramos que el general de cuatro estrellas suspendió esta reunión. Tuvo que salir el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, a sacarle las castañas del fuego. Dijo que la junta se había cancelado porque el diputado Sergio Barrera Villanueva, de Movimiento Ciudadano y secretario de la Comisión de la Defensa, se había dirigido en términos irrespetuosos al jefe del Ejército.
Acto seguido, el legislador dio a conocer la misiva que había enviado a Sandoval. De irrespetuosa no tiene nada. Es una carta amable, considerada y decente. Francamente no entiendo qué es lo que le molestó al general secretario. Parece más bien un pretexto para no ir al Congreso a hablar de un asunto tan vergonzoso como el hackeo al Ejército.
Y es, por supuesto, un desplante del general secretario. Primero, no quiere ir a las instalaciones de uno de los poderes de la Unión. Luego cancela la reunión que habría en su oficina.
No se ve nada bien. La palabra soberbia es la primera que viene a la mente.
Parece que Sandoval no quiere rendirles cuentas a los representantes de la nación. Es cierto: su superior jerárquico es el Presidente, en calidad de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Pero también es cierto que, como miembro del gabinete, está sujeto a una serie de controles y fiscalizaciones del Congreso, entre ellas informar cuando sucede algo grave. Y aquí vaya que sucedió algo muy relevante: los hackers de Guacamaya invadieron el terreno de los datos del Ejército y se robaron las comunicaciones de la institución castrense.
El Congreso no sólo tiene el derecho, sino la obligación de investigar qué es lo que pasó y quiénes son los responsables.
Sin embargo, el presidente López Obrador ya dijo que él no creía conveniente investigar y sancionar al Ejército por el hackeo. Parece que el general secretario le tomó la palabra y se niega a rendirle cuentas al otro poder que, por cierto, aprueba cada año su presupuesto.
Ha resultado patético observar la reacción de diputados de Morena y PT defendiendo más al general secretario que a la institución en la que ellos laboran. No se dan a respetar como miembros de un poder del Estado. Se ponen, como urracas, a repetir lo que dice el Ejecutivo, en lugar de hacer un frente unido con la oposición a fin de salvaguardar la soberanía que representan.
“No señor general, con todo respeto, usted no puede tratar así a esta Cámara del Congreso. Nosotros no somos soldados y tenemos las facultades constitucionales para convocarlo a platicar en nuestro recinto”. Pero no. Los diputados se comportan precisamente como soldados y le aprueban a las Fuerzas Armadas todas las legislaciones que envían para incrementar su presencia pública. Les transfieren poderes que les corresponde ejecutar a los civiles. ¿Quieren una aerolínea comercial, pero la ley lo prohíbe? No hay problema, cambiamos la ley ipso facto. ¿No quiere venir el general secretario a San Lázaro? No hay problema, nosotros vamos a su oficina. ¿Prefiere cancelar la reunión? No hay problema, nosotros salimos a los medios a justificarlo.
Se trata de una falta de respeto no sólo a ellos mismos, que no han entendido la función que tienen en una democracia, sino a los ciudadanos que nos representan. ¿Dónde están los pesos y contrapesos para evitar los abusos de poder incluidos los que llevan a cabo los militares?
Se equivoca el general secretario al aparecer como soberbio en su actuación. Pero no me sorprende. Los militares están muy empoderados. Este Presidente les ha abierto las puertas para que cogobiernen en el país. Hace poco, el Congreso les regaló una reforma constitucional para quedarse en labores de seguridad pública hasta el 2028. Algunos legisladores de oposición la apoyaron con la condición que las Fuerzas Armadas le rindan cuenta a los civiles, incluido al Congreso. Todavía no se aprueba esta reforma en los congresos locales, cuando ya estamos viendo que a los militares les vale un pepino comparecer en el Poder Legislativo. Y, del otro lado, hay muchos legisladores que prefieren hacerle la barba al Ejército antes que pedirles cuentas. Patético.
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