Entrevisté a Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, después de la publicación del Informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ) cuando ya se había filtrado la versión no testada de dicho documento. A diferencia de la llamada “verdad histórica” del procurador Jesús Murillo Karam en el sexenio pasado, aparecía evidencia del involucramiento del Ejército en el secuestro, asesinato y desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa hace ocho años.
“Hay que ser cautos –me dijo el abogado de las familias de los desaparecidos en esa ocasión– y esperar a ver qué dice el GIEI al respecto”. Se refería al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, un comité de cuatro extranjeros que designó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para investigar y validar los hallazgos de las autoridades mexicanas sobre lo ocurrido entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
Yo, que he seguido durante tanto tiempo este caso, confié en los resultados que presentó el presidente de la COVAJ, Alejando Encinas, un político que consideraba serio y respetado. Me equivoqué. Tuvo razón Aguirre. Había que ser cauto y esperar los resultados de los extranjeros sobre el nuevo reporte de los mexicanos.
Días después apareció el artículo en The New York Times donde el propio Encinas confesaba que muchas de las pruebas presentadas en el Informe podrían ser falsas. La revelación me generó un gran enojo. Nuevamente, el gobierno mexicano mentía.
El lunes, el GIEI anunció los resultados del peritaje de las pruebas del COVAJ. Gloso, a continuación, los que me parecen los principales hallazgos:
– Del análisis realizado a los ficheros entregados como evidencia digital, se determinó que no es posible garantizar la originalidad de los mensajes de WhatsApp que fueron capturados en imágenes o mediante registro fotográfico. No se puede determinar mediante el estudio de la metadata de los ficheros su autenticidad, dado que no es posible verificar la fecha de creación original del mensaje.
– Tampoco es posible identificar el tipo de dispositivo (celular) donde se encuentra configurada la cuenta de WhatsApp de la cual se realizó la copia tipo screenshot objeto del análisis forense solicitado.
– En la versión original de WhatsApp no se utilizaba el icono de videollamada.
– Se lograron identificar algunos screenshot con un entorno visual diferente.
– Otras discrepancias muestran diferencias en la forma de escritura algo inusual en la aplicación.
– La doble palomita que verifica la lectura del mensaje por parte del receptor no es coherente ya que esta funcionalidad fue incorporada en la app hasta el 20 de noviembre de 2014.
– Se evidencian varios mensajes que fueron enviados en fechas posteriores a la generación del screenshot, o sea la fecha de generación de la imagen es anterior a las fechas de creación y envío de los mensajes. Se determinaron 181 imágenes tipo screenshot que presentan este tipo de situación.
– Los mensajes analizados no pueden considerarse como una prueba digital, teniendo en cuenta que no fueron extraídos directamente de los dispositivos que supuestamente fueron utilizados para el uso de la aplicación WhatsApp y que lo que se tiene como evidencia son ficheros tipo capturas de pantalla que no garantizan la originalidad de éstos.
– Las pruebas son inconsistentes y no pueden ser consideradas para un proceso judicial.
– La confusión, falta de claridad o de consistencia en las acciones generan mayor incertidumbre en los familiares y la propia sociedad, lo que lleva a un enorme malestar y pérdida de confianza.
– Las filtraciones o intentos de plantear como ciertas pruebas o versiones no contrastadas corren el riesgo de generar en el futuro mayor impunidad en el caso, si no se toma una determinación radical de examen previo de la consistencia que pueda ser llevada luego a una decisión judicial.
Los expertos del GIEI recomiendan una investigación sobre cómo fueron obtenidas las pruebas falsas del Informe de la COVAJ. Tienen toda la razón. Es un escándalo. Y yo me pregunto: ¿por qué el equipo de Encinas, con todos los recursos que tienen, no pudo determinar a tiempo que las pruebas que les dieron eran falsas? ¿Por qué los extranjeros sí pudieron y los mexicanos no?
Ya van dos gobiernos, el de Peña y López Obrador, que mienten sobre el caso Ayotzinapa. Ocho años después, seguimos confundidos. Cada vez más. Yo, después de tantos desaguisados, a los únicos que les voy a creer es a los extranjeros del GIEI. Como mexicano, me da pena admitirlo, pero a eso hemos llegado.
Twitter: @leozuckermann
