El megaproyecto gubernamental con participación privada busca impulsar el desarrollo y el turismo de cinco estados del sureste del país. Los especialistas en derechos humanos advierten que pondría en riesgo las garantías de las comunidades originarias a la tierra, los recursos naturales y el medio ambiente. Y piden que se incluya a esos pueblos en la toma de decisiones.
Nueve relatores especiales y un grupo de trabajo de derechos humanos de la ONU* advirtieron este miércoles que el Tren Maya podría poner en peligro los derechos de los pueblos indígenas y otras comunidades a la tierra y los recursos naturales, los derechos culturales y el derecho a un medio ambiente sano y sostenible.
El Tren Maya es un megaproyecto del gobierno mexicano con participación del sector privado que contempla 1500 kilómetros de vías férreas tendidas a través de península de Yucatán y los dos estados del istmo de Tehuantepec, en el sureste del país, y que busca reducir los tiempos y costos del transporte de mercancías y pasajeros para impulsar el desarrollo y potenciar la industria turística.
Proyecto de seguridad nacional
En un comunicado conjunto, los expertos destacaron que, dado que el gobierno ha elevado al Tren Maya a la categoría de proyecto de seguridad nacional, puede derogar la aplicación de las salvaguardias ambientales y sociales, y afirmaron que esta clasificación no permite que México eluda sus obligaciones internacionales de respeto de los derechos humanos de las personas afectadas y de protección al medio ambiente.
“Esta decisión no sólo tiene el potencial de permitir que los abusos de los derechos humanos sigan sin ser abordados, sino que además socava el propósito del proyecto de llevar un desarrollo social y económico inclusivo y sostenible a los cinco estados mexicanos involucrados”, dijo Fernanda Hopenhaym, presidenta del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos.
Hopenhaym añadió que la creciente participación del ejército en la construcción y gestión del proyecto también “suscita gran preocupación”.
Los relatores plantearon que los defensores de los derechos humanos que han señalado los impactos negativos del proyecto, enfrentan amenazas y ataques, y subrayaron que su acceso a un tribunal independiente e imparcial es limitado.
Participación indígena
“Como proyecto dirigido por el Estado, el gobierno mexicano debería tomar medidas adicionales para garantizar el respeto de los derechos humanos y el medio ambiente”, recalcaron.
En este sentido, pidieron al gobierno garantizar la participación sustantiva de las comunidades afectadas y llamaron a la transparencia en las evaluaciones de los derechos humanos y el impacto ambiental antes de tomar cualquier decisión futura relacionada con el Tren Maya, con la intención de prevenir cualquier otro efecto negativo.
Los expertos resaltaron que se debe respetar el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas, y que se tiene que evaluar de forma transparente los impactos acumulativos reales y potenciales de los proyectos, según lo establecen las normas internacionales de derechos humanos y medioambiente.
El sector privado no puede hacerse de la vista gorda
En cuanto a las empresas -algunas de ellas transnacionales- e inversionistas privados en el proyecto de 20.000 millones de dólares, los relatores mostraron gran inquietud por la falta de diligencia en cuanto a los derechos humanos y los instaron a tomar provisiones y ejercer su influencia para garantizar el ejercicio de las garantías fundamentales de los habitantes de los cinco estados implicados.
“Las empresas e inversores relevantes domiciliados en España, Estados Unidos y China no pueden hacerse de la vista gorda ante los graves problemas de derechos humanos relacionados con el proyecto del Tren Maya”, enfatizaron los expertos.
* Los relatores especiales y expertos independientes forman parte de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión establecidos por el Consejo para abordar situaciones específicas de países o cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU.
Los firmantes del comunicado son: Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos; Francisco Cali Tzay, relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas; Saad Alfarargi , relatora especial sobre el derecho al desarrollo; Alexandra Xanthaki, relatora especial en la esfera de los derechos culturales, Clément Nyaletsossi Voule, relator especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación; Margaret Satterthwaite, relatora especial sobre la independencia de jueces y abogados ; Mary Lawlor , relatora especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos , Irene Khan, relatora especial sobre la libertad de opinión y de expresión; Ashwini K.P, relatora especial sobre las formas contemporáneas de racismo, David R. Boyd , relator especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente.
