El código de ética del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por el que según se rigen todos los funcionarios federales, estatales y municipales, pertenecientes a MORENA, de “no robar, no mentir y no traicionar al pueblo”, más temprano que tarde, está resultando “todo lo contrario”, porque sí mienten, sí roban y ello se traduce en “una vil traición al pueblo”. Ejemplos vivientes son los hijos y hermanos del primer mandatario.
El lunes pasado una televisora de cobertura nacional hizo públicos unos videos donde aparece el secretario de Educación del actual gobierno de Campeche, Raúl Pozos Lanz; el coordinador en jefe de la Oficina de la gobernadora Layda Sansores, Armando Toledo Jamit, y la senadora por Morena, Rocío Abreu Artiñano.
Los tres fueron captados “con las manos en la masa”, recibiendo fajos de billetes seguramente atados con ligas, sin mostrar el “mínimo de vergüenza”. Con toda naturalidad, tomaron su “cargamento y se retiraron sigilosamente de una oficina oficial sin chistar”.
Consultado al día siguiente el presidente López Obrador sobre el particular, “se salió por peteneras” (como lo practican los toreros) y, como siempre. Dijo desconocer los videos y añadió que “es algo para contrarrestar los escándalos del conservadurismo”. Dio la impresión de que no tenía el menor deseo de ordenarle a Jesús Ramírez Cuevas, su vocero, que pusiera en pantalla los referidos videos.
“Como reguero de pólvora”, en todos los medios informativos se difundió la noticia a nivel nacional. En particular en Campeche, los funcionarios señalados se apuraron a declarar que los dineros recibidos por ellos, “se destinaron para apoyar a la gente pobre y ciudadanos que requerían ayuda”, en tanto que la gobernadora, Layda Sansores, en su programa “Martes del Jaguar”, acompañada por los dos funcionarios de su gobierno, justificó que “los recursos se distribuyeron para el pueblo campechano”, y enseguida le echó la culpa al que fue gobernador de esa entidad y actual dirigente del PRI, Alejandro Moreno, a quien, dijo, seguirá denunciando por corrupción.
Algunos legisladores de oposición, como el senador del Grupo Plural, Germán Martínez y la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, coincidieron en señalar que la evidencia de recibir fajos de billetes, debe investigarse a fondo y aplicar la Ley por fraude a la Nación.
Ambos identificaron al menos diez delitos por los que, los indiciados, deberían recibir condenas ante autoridades judiciales, que pueden ser de entre 30 y 129 años de prisión, si se acumularan aritméticamente dichas conductas. Destacan delitos por corrupción; ejercicio ilícito del servicio público; uso ilícito de atribuciones y facultades como servidores públicos; abuso de autoridad, remuneración ilícita; colusión y ejercicio abusivo de funciones; cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito.
Por su parte, la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, presentó ante la Fiscalía del Gobierno de la Ciudad de México, un total de siete denuncias penales contra Layda Sansores, quien ocupó anteriormente dicha alcaldía, en el marco del actual gobierno federal y la jefatura del Gobierno de la Ciudad de México, que encabeza Claudia Sheinbaum. Lía Limón acusa a Layda Sansores, por desvíos económicos que ascienden a 120 millones de pesos, en la gestión correspondiente al periodo de 2018-2021.
Estos recursos, afirmó la alcaldesa Limón, debieron ser entregados directamente a la población por efecto de apoyos sociales durante la etapa crítica de la pandemia de Covid-19, sin que hasta el momento se hayan encontrado evidencias y comprobación documental de entrega de esa cantidad, destinada a la población más vulnerable.
Es de señalar que las entregas de esos fajos de billetes, tuvieron efecto durante la campaña política de la ahora gobernadora de Campeche, Layda Sansores. Entonces, el gobernador interino de esta entidad, era el actual embajador de México en República Dominicana, Carlos Miguel Aysa González, quien sustituyó en su momento, a Alejandro Moreno.
