El pasado 13 de diciembre de 2022, la Presidencia de la República presentó una iniciativa de Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Esta iniciativa pretende ampliar y consolidar mediante un instrumento legal de mayor jerarquía, como lo es una Ley General, una serie de reformas recientes a la normativa federal en materia de ciencia y tecnología.
Para las universidades jesuitas de México, entre ellas el ITESO, es relevante señalar que el impulso al quehacer científico, el beneficiarse y acceder al avance técnico y de la ciencia sin discriminación; la libertad para la investigación y oportunidades para contribuir a la actividad científica; la participación de individuos y comunidades en la adopción de las decisiones públicas sobre ciencia y tecnología, y el contar con entornos favorables para su conservación, desarrollo y difusión, son derechos reconocidos en la Carta de la OEA, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Al igual que las reformas de los años previos al marco jurídico de la materia, como las que se hicieron al Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) en 2021 y 2022, esta nueva iniciativa nos preocupa profundamente por ser regresiva en materia de derechos humanos. A continuación, comentamos los aspectos que más preocupación nos generan, junto con aquellos que valoramos como positivos:
1) Reconocemos el valor de la inclusión de las humanidades en la agenda federal relacionada con la producción científica. El desgarramiento del tejido social al que asistimos en el país hace indispensable un abordaje humanista –y no solo técnico– de los problemas nacionales.
2) Estamos de acuerdo en que se fomente el acceso abierto a la información y a los hallazgos de la investigación generada por la comunidad científica, tecnológica y humanista del país. Ésa parece ser la intención de la propuesta de crear un Sistema Nacional de Información: una especie de repositorio compartido por las Instituciones de Educación Superior (IES) y los centros de investigación.
3) En el artículo 31 de la iniciativa de Ley General se refiere de manera muy vaga a los comités regionales de coordinación. Es loable el esfuerzo por establecer mecanismos horizontales y descentralizados de gestión de las actividades científicas y tecnológicas. Pero es necesario explicitar cómo se compondrán estos comités y asegurar la participación en ellos de representantes de las IES y los centros de investigación, así como del sector público y privado.
4) El artículo 34 de la iniciativa limita la asignación de estímulos económicos a los miembros del SNI adscritos a IES públicas. Como hemos señalado en repetidas ocasiones, esta medida implica un trato diferenciado no justificado para las y los integrantes del SNI adscritos a IES privadas, por lo que la iniciativa es claramente discriminatoria, e incluso contraria a lo que dispone el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, que consagran el principio de igualdad y el derecho humano a la ciencia. Ese derecho debe garantizarse en igualdad de condiciones y de manera progresiva. Disponer que el pago de los estímulos a los integrantes del SNI adscritos a IES privadas sean asumidos por las propias instituciones implica trasladarles una obligación del Estado Mexicano vinculada al cumplimiento de un derecho fundamental y limita la capacidad de las IES privadas de seguir asignando, como lo han hecho desde hace muchos años, recursos para financiar proyectos concretos de investigación y para el desarrollo de infraestructura para la ciencia y la tecnología, así como para la difusión y divulgación del conocimiento.
5) Al no tratar de igual manera a todas las personas que producen conocimiento, la iniciativa de ley atenta contra el ecosistema de generación de conocimiento e innovación en el que participan de manera colaborativa personas investigadoras adscritas a universidades públicas y privadas, empresas, organismos de gobierno, organismos empresariales y organizaciones de la sociedad civil. Es importante mencionar que existen ya resoluciones judiciales que han señalado la condición discriminatoria de la distinción entre instituciones públicas y privadas que pretende reproducir esta iniciativa.
6) La prelación para el otorgamiento de becas para estudios de posgrado, prevista en el artículo 39 de la iniciativa, pone en desventajas a estudiantes inscritos en IES privadas. Con ello, se refuerza el carácter discriminatorio de la normativa propuesta hacia un sector de la población que, en libertad, decide cursar estudios en aquella institución que satisface sus expectativas e intereses académicos. Esta medida genera una barrera más a la difícil trayectoria que experimenta el estudiantado mexicano en su carrera científica.
7) El artículo 64 de la iniciativa de Ley General describe la composición de la Junta de Gobierno del Consejo Nacional en la que solo incluye a representantes de secretarías de Estado federales. Lo más desafortunado es que no haya representantes de la comunidad científica nacional; además es necesario incluir a representantes de IES que no estén en la Ciudad de México; y de secretarías de ciencia y tecnología de las entidades federativas. Junto a los representantes ex oficio, se añade la posibilidad de que el Director General en turno invite a seis personas que estime pertinentes. Se menciona que podrían provenir de la comunidad científica (entre otras comunidades), pero no hay obligación de que sea así. Consideramos indispensable que estas personas invitadas provengan de la comunidad científica, tecnológica y humanista del país.
8) Todo el Capítulo III de la iniciativa prevé que los centros públicos de investigación que hoy están adscritos al Conacyt se distribuyan entre las secretarías de Estado afines a sus temas de investigación (v. gr. el Colegio de la Frontera Norte podría depender de la SRE; el CIDE podría estar adscrito a la Secretaría de Economía, etc.). Esto no parece una medida funcional. Se generarían asimetrías que obstaculizarían procesos de gestión y proyectos de investigación interinstitucionales. Además del debilitamiento de estos centros y su la pérdida de autonomía, indispensable para la producción crítica de conocimiento.
9) Con relación al piso presupuestal la iniciativa representa un retroceso respecto a la ley vigente que establecía un compromiso anual de 1% del PIB. Desde hace más de veinte años, organismos internacionales como la OCDE y otros evaluadores que han hecho estudios comparativos entre países, han pedido a México que invierta 1% del PIB en la materia. Una ley de apoyo a la investigación y desarrollo científico que no contemple un compromiso financiero no puede ser viable. Es necesaria una inversión en humanidades, ciencia, tecnología e innovación que sea estable, suficiente y que no sea menor a la del año anterior.
10) Hace falta también mayor claridad respecto de los derechos de propiedad intelectual de manera que no generen controversias en relación con los tratados internacionales y la legislación nacional en la materia.
11)Reiteramos nuestra profunda preocupación por distintos contenidos de la iniciativa de Ley General. Hasta ahora, el proceso de formulación de la iniciativa de Ley General ha sido unilateral y excluyente. Confiamos en que los principios de democracia participativa, tan socorridos por el discurso gubernamental y de la clase política en su conjunto, sean tomados en serio y se reflejen en el proceso de deliberación que se llevará a cabo en el Congreso con respecto de la iniciativa de Ley General. Por todo lo anterior, desde el Consejo Académico de las universidades que conformamos el Sistema Universitario Jesuita demandamos al Congreso un proceso responsable, abierto, transparente, plural y riguroso de revisión y discusión de esta iniciativa de Ley General, garantizando la participación de todas y todos los actores involucrados en el ecosistema nacional de ciencia, tecnología y humanismo, lo cual exige la implementación de un de Parlamento Abierto. Confiamos en que el resto de las IES del país, públicas y privadas, se sumarán a esta exigencia. El futuro de la ciencia y la tecnología en el país está en juego.
Sistema Universitario Jesuita
