cuenta con 138.7 millones de hectáreas forestales, pero cada año se pierden en promedio alrededor de 208 mil hectáreas según datos oficiales. Tan solo de los de pino y encino, que ocuparon 43.96 millones de hectáreas, hoy se encuentran en 32 millones y ocupan 16.4 por ciento del territorio nacional, indica David Bray en el libro Las empresas forestales comunitarias de México.

Los bosques tropicales de montaña originalmente abarcaron 3 millones de hectáreas, pero su cobertura se redujo a 1.8 millones, entre vegetación primaria y secundaria, y aún albergan 9 por ciento de la riqueza florística del país, señala.

La reporta que entre 2001 y 2021 el país tuvo una pérdida de vegetación de 4 millones 385 mil 850 hectáreas, casi el equivalente a la superficie del estado de Yucatán; la deforestación promedio anual fue de 208 mil 850 hectáreas.

Luis Meneses, director de la Conafor, sostiene que durante la actual administración la deforestación va a la baja, ya que en el sexenio pasado el promedio fue de 250 mil hectáreas al año y en el actual es de 189 mil 528. Para este 2023, la Conafor prevé una restauración de 55 mil hectáreas, lo cual no alcanza a ser ni la tercera parte de lo que en promedio se pierde al año.

En entrevista, Meneses explica que “la mayor parte de la deforestación se convierte en praderas, se tala para el ganado, más de 75 por ciento se debe a ello, hay 20 por ciento que se convierten en tierras de cultivo. En esa ruta va la mayor parte de la deforestación. De 2019 a 2022 el restauró 141 mil hectáreas, por incendios no toda la superficie se tiene que restaurar, hay zonas en las que se da de forma natural”.

Meneses afirma que la política forestal “es una sola y tiene dos instrumentos. Uno es Sembrando Vida y otro es Conafor, se tienen que ver en su conjunto”. Asegura que con ellos se busca fortalecer la economía social de los ejidos y comunidades.

Menciona que con Sembrando Vida, operado por la Secretaría del Bienestar, “se han reforestado 500 mil hectáreas de 1.1 millones de hectáreas del programa, el árbol más grande tiene cinco años. En 2030 se verá una masa forestal, lo que ya se reforestó ya está creciendo, hay que cuidar de plagas e incendios”.

Por su parte, la Conafor trabaja con el programa Desarrollo Forestal Sustentable para el Bienestar, con acciones como servicios ambientales, manejo del fuego y medidas sanitarias, plantaciones forestales comerciales y manejo forestal comunitario, indica.

En relación con la presencia de la delincuencia organizada en zonas forestales, Meneses apunta que se tiene que atacar de manera interinstitucional, “puede ser que opere para encubrir actividades en los bosques, puede actuar talando en alguna zona para obtener recursos. En la parte forestal no opera cobrando cuotas; en la industria forestal sí, pero sobre todo opera en la parte agrícola, fundamentalmente en productores de ventas mayores o ligados al mercado internacional”.

La Conafor dispone de un para este año de 2 mil 533 millones de pesos. Se trata de recursos limitados en función de todas las tareas y objetivos que debe atender, que van desde financiar acciones para apoyar a ejidos y comunidades forestales hasta atacar problemas como plagas e incendios, y representa 70 por ciento del presupuesto que tuvo en 2016, expresa por su parte Salvador Anta, del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.

“Sigue habiendo pérdida de cobertura, pero también sucede que hay más superficie degradada. Los apoyos y subsidios a ejidos y comunidades forestales han bajado, se canalizan a unos cuantos, y por lo tanto hay menos capacidad de atenderlos en rubros como producción forestal, pago por servicios ambientales, sanidad forestal o prevención de incendios”, puntualiza Anta.

Agrega que hay zonas de riesgo por diferentes factores. La deforestación se observa principalmente en la península de Yucatán, Campeche es el estado que más superficie ha perdido por el incremento de cultivos como la soya transgénica y por el crecimiento de la palma africana; el aumento de las huertas de aguacate en Michoacán y Jalisco, así como por los desarrollos turísticos en la Riviera Maya.

También en las costas de Oaxaca y Guerrero siguen creciendo los proyectos turísticos, igual que en Jalisco y Sinaloa, y hay estudios que han identificado un grave problema con la venta de terrenos ejidales en las penínsulas de Baja California y Yucatán.

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