La semana pasada comenté en este espacio cómo se iba estrechando el margen de maniobra de la Casa Blanca para seguir poniendo la otra mejilla ante los excesos internos y externos de la 4T. Biden quiere seguir complaciendo a López Obrador en todo lo que puede, pero el resto del Estado norteamericano y de la sociedad estadunidense se comienzan a hartar. Olvidé desarrollar una anécdota de 1994 que ilustra las razones de Biden para tenerle pavor a ; no obstante, en estos últimos días el dilema de la Casa Blanca se ha agudizado por el tema del . No es gratuito que esta semana vuelva a una delegación “antidrogas” del de , con funcionarios de la DEA, del Departamento de Justicia y de Seguridad Interna, encabezada por Juan González, encargado de América Latina en el Consejo de Seguridad Nacional.

Ilustración: Oldemar González
Ilustración: Oldemar González

La anécdota se refiere a la crisis de los balseros de 1994. Junto con el “maleconazo” de agosto de ese año en La Habana, provocado por el llamado “período especial”, Fidel Castro despachó una nueva oleada de migrantes cubanos hacia Florida. Bill Clinton se hallaba a la mitad de su primer mandato presidencial, y enfrentaba elecciones peligrosas de medio período en noviembre. Envió un mensaje al dictador cubano, según algunos a través de Carlos Salinas, según otros vía García Márquez: “Ya me hiciste perder una reelección, no me la vas a hacer otra vez”. Se refería al fallido intento de Clinton de reelegirse como gobernador de Arkansas en 1980, cuando Jimmy Carter envió a una buena parte de los llamados marielitos que envió Fidel en esa ocasión a Florida a una base militar en Fort Chaffee, Arkansas.

Biden teme que López Obrador le pueda hacer exactamente lo mismo en septiembre u octubre del año entrante, en plena campaña electoral. Lo hundiría. Por eso prefiere quedar bien con López Obrador a toda costa. Pero la crisis o epidemia del fentanilo le reduce el espacio. Tres acontecimientos lo demuestran. Se refieren todos a la demanda de catalogar a los cárteles mexicanos como Foreign Terrorist Organizations (FTOs), que saca ronchas en México y pone histéricos a muchos colegas, y que casi seguramente no sucederá, pero crece en intensidad dentro de la Unión americana.

Ya se ha comentado ampliamente el artículo del exprocurador William Barr, funcionario de Trump, amigo de México (liberó a Cienfuegos, humillando a su propio gobierno) en The Wall Street Journal. Más allá de los excesos retóricos —en todas partes se cuecen habas—, Barr básicamente pide que el secretario de Estado Blinken haga lo que él y Trump no hicieron: declarar a los cárteles como FTOs. Escrito por Barr, y en este momento, la columna cuenta. Asimismo, John Feeley, exencargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en México, y Joaquín Villalobos, exlíder de la guerrilla salvadoreña y asesor estrella del gobierno de Calderón en la guerra del narco, demandan lo mismo que Barr: declarar a los cárteles mexicanos como FTOs.

Feeley y Villalobos insisten —correctamente, en mi opinión— que una tal designación revestiría sobre todo efectos internos en Estados Unidos. Obviamente no constituiría una patente de corzo para enviar tropas a México, pero sí facilitaría de manera significativa la ofensiva de las autoridades federales norteamericanas en combatir a los distribuidores allá (el famoso Cartel del Potomac), al catalogar como delito federal a cualquier intento de aid and abet enable el tráfico de fentanilo, desde los dueños de flotillas de camiones hasta Fedex o DHL, pasando por dueños de bodegas en Chicago o Nueva York. Las columnas de Feeley y Villalobos también cuentan, sobre todo entre asesores y especialistas en Washington.

El tercer filo de la navaja consiste en el proyecto de resolución H.J. RES. 18 presentado en la Cámara baja por dos representantes republicanos, Crenshaw de Texas y Waltz de Florida, autorizando el uso de las fuerzas armadas de Estados Unidos contra los responsables del tráfico de fentanilo dentro del país o para ingresar al país. En realidad se trata de la misma idea de Barr, y de Feeley y Villalobos, sólo que la parte de designación de los cárteles mexicanos como FTOs se incluye hacia el final del proyecto. En vista de la exigua minoría republicana en la Cámara de Representantes, de la mayoría demócrata en el Senado, y de la elevada probabilidad de que Biden vete una ley de este tipo si fuera aprobada, lo más seguro es que el proyecto habrá nacido muerto. No pasará, aunque no necesariamente gracias al encendido nacionalismo de Monreal y cía. Pero el margen se estrecha, cada día más.

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