No me queda otra más que felicitar a los ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ayer votaron para rechazar el traspaso de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Con argumentos contundentes, en una interpretación lógica y diáfana del texto constitucional, la mayoría calificada ratificó lo que, efectivamente, dice nuestra Constitución: “Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil”.
Era un total despropósito que una legislación secundaria violara lo que ordena la ley fundamental.
Los ministros han hecho su trabajo esgrimiendo, desde luego, más argumentos. Pero lo más importante es que un gobierno, con mayoría simple en el Congreso, no puede contradecir lo que mandata la Constitución.
En 2019, la GN nació civil gracias a un acuerdo entre todos los partidos. Si López Obrador quería militarizarla, tendría que haber reformado la Constitución. Como no tenía los votos, trató de hacer el cambio por la puerta de atrás, cambiando leyes secundarias, apostándole a que una minoría de cuatro ministros de la SCJN lo apoyaran en interpretaciones bizantinas como que las Fuerzas Armadas, al estar subordinadas a un presidente civil, no son de carácter militar, sino civil.
Ayer, ocho ministros de la SCJN rechazaron lo que mi colega Carlos Bravo ha denominado como una especie de “narcotúnel legislativo” de este gobierno, es decir, modificar la Constitución por medio de leyes secundarias que luego son apoyadas por una minoría de cuatro ministros de la Corte. Así lo hicieron con la Ley de la Industria Eléctrica. Así pretendían hacerlo con la militarización definitiva de la GN traspasándola a la Sedena.
No se salieron con la suya. Los ministros Luis María Aguilar, Jorge Mario Pardo, Alfredo Gutiérrez, Alberto Pérez, Javier Laynez, Norma Lucía Piña, Juan Luis González Alcántara y Margarita Ríos cerraron el “narcotúnel legislativo”. Si quiere el Presidente traspasar la GN a la Sedena, que consiga los votos y reforme la Constitución. Basta ya de marrullerías jurídicas.
Con todo, el gobierno se quedó a un solo voto de que se abriera el “narcotúnel”.
De la ministra Yasmín Esquivel no se podía esperar nada diferente. La plagiaria, en su condición de ladrona consuetudinaria, no debería seguir en la Suprema Corte. Hoy depende políticamente del apoyo de AMLO y votará lo que le ordene Palacio Nacional. Por su situación tan vulnerable, se ha convertido en lacaya del Presidente.
Loretta Ortiz, fundadora de Morena, sigue pensando más como política que como ministra. No ha tenido empacho en hacer todo tipo de contorsiones argumentativas para apoyar leyes que, claramente, violan el texto constitucional.
Arturo Zaldívar es el ministro más criticado por su voto a favor del “narcotúnel legislativo”. Disgusta su cambio de opinión en estos años de la llamada Cuarta Transformación en cuanto a la militarización de la seguridad pública. Yo creo que cualquiera tiene el derecho a cambiar de opinión, incluyendo los ministros. Sus razones tendrá. El voto de ayer quedará como parte de su récord para hacer un juicio final de su paso por la Suprema Corte.
La SCJN ha ordenado que la GN dependa administrativa y operativamente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para mantener su carácter civil. El problema es que, en los hechos, desde el comienzo de este sexenio, la GN ha estado adscrita a la Sedena. Hoy es un brazo más del Ejército. El 77% de sus elementos son soldados o marinos que dependen laboralmente de las instituciones castrenses.
Un artículo transitorio de la Constitución permite la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública hasta el 2028, en lo que se forma y consolida la GN. Mientras tanto, otro artículo transitorio faculta a la Sedena y a la Secretaría de Marina para participar activamente en la GN en su “estructura jerárquica, sus regímenes de disciplina, de cumplimiento de responsabilidades y tareas, y de servicios, así como para la instrumentación de las normas de ingreso, educación, capacitación, profesionalización, ascensos y prestaciones, que podrán estar homologados en lo conducente a las disposiciones aplicables en el ámbito de la Fuerza Armada permanente”.
Así que, en los hechos, continuaremos con una GN militarizada, con todo lo que eso implica. Sin embargo, ayer, la SCJN mandó un mensaje muy importante: la GN es civil y punto. Si quieren hacerla militar de manera permanente, que reformen la Constitución. En esta ocasión, el “narcotúnel legislativo” se cerró.
Twitter: @leozuckerman
